La inconsistencia temporal de políticas por la que un gobierno no quiere adoptar políticas que tengan costos políticos de corto plazo y que beneficien en el período siguiente al próximo gobierno de signo contrario es un viejo conocido de la teoría económica. Esta inconsistencia es una razón habitual para para no encarar reformas ante plazos de gobierno cortos durante procesos de transición política.
Prima facie, el plan del Ministro Sergio Massa, suponiendo que la coalición gobernante le permita avanzar en su implementación, podría tomar unos 6 meses y más probablemente cerca de un año para comenzar a arrojar resultados favorables. Eso implica que por los potencialmente recesivos costos de la ortodoxia aplicada (ajuste monetario, financiero, fiscal y cambiario), la coalición gobernante tendrá pocos incentivos a darle continuidad al plan al menos en vísperas de las PASO. Por ejemplo, a partir de Marzo 2023 el gobierno podría dejar de apoyar la ortodoxia planteada y retrotraer la política económica al modo electoral – más plata en la calle, mayor gasto público, más crédito subsidiado, etc.. Esto podría comprometer seriamente el programa de estabilización planteado por el gobierno.
Sergio Massa vuelve al Congreso para presentar el Presupuesto 2023 y la oposición impone condiciones
Sin embargo, si el gobierno lograra sobrellevar las restricciones que le impone su propia coalición y avanzar en la dirección de lo que el futuro (posible) gobierno de oposición haga, pagaría los costos arriba descriptos pero también podría obtener beneficios en virtud de las expectativas favorables que generaría el programa. Por ejemplo, al anticiparse flujos de capital que ingresarían al país aprovechando el muy bajo valor de los activos. Ello podría ayudar a recomponer reservas y de ese modo favorecer el proceso de estabilización. La misma credibilidad de la política en dicho caso podría dar una señal fuerte a los mercados en la dirección de una reducción más rápida de la inflación y con ello no sólo un costo recesivo menor sino también una mejor chance de éxito electoral. Si ello ocurre la inconsistencia temporal de las políticas podría no ser tal (o al menos no tan exacerbada), permitiendo al gobierno actual ajustar y beneficiarse de la estabilización aunque en el camino genere una recesión potencialmente corta.
Por otro lado, si el gobierno abandona el plan de estabilización especulando en todo caso que la ”bomba” le explote al próximo gobierno – por ejemplo, extendiendo los vencimientos de deuda al 2024, atrasando el tipo de cambio y pisando las tarifas evitando la indexación por ejemplo- la expectativa de lo que viene puede terminar descarrilando al mismo gobierno. Bastaría un anuncio de todas las correcciones que piense hacer la oposición si gana para que los costos del ajuste lo pague la coalición gobernante.
En síntesis, las expectativas de lo que puede hacer la oposición si gana mejoran los incentivos para el gobierno actual de hacer un plan ortodoxo ahora: si no lo hace, la bomba puede explotarle al gobierno antes de las elecciones; y si lo hace podrá capitalizar anticipadamente parte de los beneficios de las políticas pro mercado del próximo gobierno (si gana). Quiere decir que mientras las expectativas de que gane la oposición sean altas, el mejor camino para Massa es adelantar el plan ortodoxo; esto es precisamente lo que está haciendo.
Paradójicamente, si bajo este escenario de expectativas de que gane la oposición, Massa lleva adelante un plan ortodoxo exitoso, la probabilidad de que la próxima elección la gane el Frente de Todos también mejoraría – es el último cartucho que queda para recuperar el voto que viene de la mano del bolsillo. Eso podría echar por tierra la argumentación anterior que dependía de que gane la oposición. Pero este a su vez es un argumento para que el Frente de Todos lleve adelante el plan ortodoxo. Sería una propuesta ganadora que ayudaría al gobierno en las elecciones.
En este mundo simplificado domina por cierto la racionalidad económica. Supone implícitamente que el sector de mayor peso en la coalición gobernante subordina su retórica e ideología intervencionista al objetivo de estabilización. Si logra esto último el cómo lo logra pasaría a segundo plano; sería inclusive racionalidad política. En contraste con esta suposición, en los hechos los años electorales han sido casi siempre expansivos (y cuando no lo fueron el oficialismo perdió, ej. Macri 2019) lo que implicaría un apartamiento de la ortodoxia. También el análisis es dependiente de cómo responde el mercado al programa ortodoxo; implícitamente la lógica argumental depende de que el programa sea creíble lo cual nuevamente es mucho decir en un país acostumbrado a los cambios de régimen y de políticas. La credibilidad depende fundamentalmente de los posibles acuerdos para distribuir los costos y beneficios del ajuste entre partidos políticos y entre sectores económicos.
Pero es un camino posible; e inclusive hay algunos atisbos que podría llegar a haber un acercamiento entre coaliciones más allá de la grieta retórica. Massa tendría una bala de plata para avanzar con su programa teniendo como socios simultáneamente a Juntos por el Cambio (que debería apoyar que el programa de ajuste lo haga otro) y al Frente de Todos esperanzados de mantenerse en el poder a partir del posible éxito estabilizador. ¿Una utopía? Si, tal vez pero no imposible que se alineen los astros cada medio siglo.
Más allá de los incentivos fortuitos esbozados, el acto de balancear los costos y beneficios del ajuste entre las coaliciones de gobierno y oposición es un arte que contribuirá a la estabilización y servirá para que la clase política pueda recuperar la credibilidad perdida cumpliendo su principal mandato: servir al interés general de la población. En dicho camino será crucial también que se distribuya el costo del ajuste mayoritariamente entre los sectores más privilegiados por las regulaciones, subsidios, desgravaciones impositivas y arancelarias y la corrupción lisa y llana. Es en esta última batalla, tal vez más profunda que la grieta partidaria, donde la clase política tiene el verdadero desafío. El costo fiscal de dichas distorsiones supera ampliamente la ampliación del espacio fiscal necesario para estabilizar la economía.
