Corría el año 2020, estábamos encerrados producto de la cuarentena más extensa de todas y las voces oficiales brindaban más incertidumbres que certezas. Entre tanta imprecisión y duda con la que vivíamos, el Gobierno lanzó una la aplicación CuidAr que atentaba contra algunos artículos de la Constitución Nacional e incumplía con la normativa establecida por la Ley de Datos Personales 25.326.
Lo curioso, en aquel entonces, no era la voluntad del gobierno de encausar un poco el desastre de sus propias políticas para contener la pandemia sino la imprecisión con la cual implementaba dichas acciones colectivas. Impulsados por la propia coyuntura y sin un ápice de reflexión, CuidAr fue uno de los tantos casos de acciones precipitadas y atolondradas que se llevaron a cabo, desnudando una clara falta de planificación de políticas públicas. La implementación del ciberpatrullaje de la ministra de Seguridad y el propio Observatorio Nodio también parecía que seguían ese mismo sentido.
Por estos días, en plena utópica reconstrucción de confianza, el Gobierno quiere #recomenzarmejores tal como promovió en el encuentro celebrado hace algunos días en el Consejo Económico y Social. Allí, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Beliz –quien diríamos pertenece al bando de los más moderados del Gobierno– lanzó los dardos contra las redes sociales. “Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común” y propuso un “pacto para el buen uso de las redes y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. La ironía trasciende el sentido común y ese uso de un hashtag para anunciar que se quiere meter las manos en las redes sociales. El proyecto, como tantos otros que ha presentado este Gobierno, es prisionero de la pereza a la hora de analizar el marco teórico y el contexto en el que se lo quiere aplicar.
Desde ya que las redes sociales, puntualmente Twitter, son vistas como espacios donde proliferan discursos que fomentan el odio, exacerbados aún más por esta grieta político, ideológica y social que vivimos los argentinos. Pero esas mismas redes sociales continúan siendo un eslabón imprescindible para no caer en la manipulación propagandística de los Gobiernos. Sino veamos, por citar un ejemplo bien actual, lo que está ocurriendo en Rusia y como sus ciudadanos están accediendo a una información totalmente trastocada y adulterada por el Kremlin. El solo hecho de pensar en incursionar sobre las redes sociales, nuevamente sin dejar aclarado el modus operandi y los considerandos del proyecto, generan una fuerte sospecha de caer en una suerte de estado de vigilancia y, con ello y más grave aún, un potencial efecto sobre la libertad de expresión que no se puede permitir.
El Gobierno quiere profundizar los lineamientos sobre las redes sociales
Más allá de que se haya aclarado desde algunos espacios afines al Gobierno que no se trata de “regular su funcionamiento”, lo cual sería una atrocidad, cualquier acción implementada que inhiba el debate público y/o la participación ciudadana incurre indudablemente en un golpe contra la libertad de expresión. La voluntad del proyecto puede ser legítima aunque también suena un tanto riesgosa teniendo en cuenta quienes son los que la quieren implementar. No se puede disociar la coyuntura y los intérpretes del hecho en cuestión. Ya lo decía el refrán: “Hazte la fama…”.
Al igual que ocurrió con los casos mencionados con antelación y como siempre ocurre ante este tipo de proyectos ambiguos, surgen algunas interrogantes que deben ser atendidas ¿Cuáles serán esos buenos usos que el Gobierno pretende implementar? ¿Por qué no dejarlos aclarados desde el vamos para evitar las suspicacias que eso genera? ¿Cómo pretenden desintoxicar las redes sociales desde el Poder Ejecutivo si, precisamente, son los propios gobiernos los que instalan operaciones (tanto para sus contrincantes políticos como dentro de sus propios espacios) para intoxicar dichas redes? ¿Qué legitimidad tiene este gobierno con bajísimas cifras de imagen positiva de sus dos principales intérpretes (el presidente con un 18% y su vice con un 16%, según la última encuesta de UdeSa) para establecer con un aura de objetividad que opinión es dañina y cual no?
Adepa cuestionó el proyecto del Gobierno sobre las redes sociales
Desde ya que todos tendríamos que estar en sintonía para combatir los discursos de odio en las redes sociales y también debemos hacer frente a las campañas de desinformación pero no se puede implementar cualquier cosa “sea como sea” y “cueste lo que cueste”. Se deben dejar sentados cuáles serán los pilares de este tipo de proyectos antes de anunciarlos, sino seguimos corriendo el riesgo de la discrecionalidad y la caída en la ambigüedad. Mientras el mundo va hacia otro lado y hasta el propio Elon Musk pretende crear una alternativa para competir con las redes sociales realizando un espacio que no ponga barreras a la libertad de expresión, acá todavía seguimos colocando algunas barreras en su camino.
