El politólogo Josep María Vallés define a la legitimidad como “la capacidad de conseguir que sean aceptados los límites que el poder impone y así poder mantener la cohesión social y disminuir los riesgos de que la comunidad perezca por los antagonismos y las diferencias”. Entonces cabe preguntarnos: ¿es legítima la creación del NODIO (Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales)?
En su presentación, el sitio oficial de la Defensa del Público sostiene que “Se trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”.
Y continúa: “En la actualidad, los medios convencionales y el mundo digital tienen múltiples intersecciones y ya no son universos separados. Internet potenció la libertad de expresión ciudadana. A pesar de que este escenario ampliado está caracterizado por una alta concentración, el acceso masivo a la información mejoró ciertos procesos democráticos y los hizo más participativos e inclusivos. Sin embargo, también contribuyó a la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa, fomentada por las lógicas de funcionamiento de las redes digitales, lo que representa un problema para el desarrollo de la vida democrática”.
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Luego de estos párrafos vuelvo a preguntarme: ¿es legítimo en democracia esta institución? Mi respuesta es un no rotundo y la justificación está en el Artículo 14 de Constitución Nacional que dice: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”
Con lo cual, cabe preguntarse cuáles son los criterios que establezcan la desinformación por ejemplo. O acaso será la idea de establecer el Ministerio de la Verdad, una experiencia tristemente ejecutada en regímenes no democráticos que no toleran la disidencia.
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Es triste y preocupante que una “institución” del Estado, supuestamente “imparcial”, actúe de oficio calificando de verdaderos o falsos comentarios, opiniones, artículos o editoriales. En un Estado de Derecho, cada ciudadano debe respetar la Constitución Nacional. Y si alguien comete una injuria, existe la justicia ante la cual cada persona puede iniciar juicio si tiene las pruebas suficientes.
Para finalizar, y con preocupación, es triste como a la par que se mantienen escuelas cerradas, se fomenta el asistencialismo como único horizonte de política pública o se castigue el mérito como si estuviese mal o fuera elitista esforzarse para ser mejor persona día a día.
Lamentablemente este gobierno sigue mostrando su lado autoritario y su desprecio a instituciones vigentes, ni más ni menos que la Constitución, con argumentos basados en una hipócrita igualdad y en términos decorativos y mal empleados como la deconstrucción.
A la espera de no caer en manos del NODIO, espero que de una buena vez demos los debates públicos que la sociedad necesita. Y que haya ley de acceso a la información pública y no esta máscara de persecución de las voces disidentes.
