El régimen chavista encabezado por Nicolás Maduro se ha puesto como meta alcanzar algún grado de recomposición institucional. Parte de esta recomposición comenzó con el retorno de diputados chavistas a la Asamblea Nacional, colocando como Presidente de la misma a Luis Parra, ex militante de Primero Justicia, en reemplazo de Juan Guaido.
Hace pocas semanas, Maduro convocó a elecciones parlamentarias para el 6 diciembre. La oposición rechazó este llamado, por lo que el gobierno intervino algunos partidos opositores, y también partidos chavistas críticos, colocando al frente a personajes afines al régimen. Sin embargo, recientemente los opositores Capriles y Stalin González señalaron su intención de participar en las elecciones, distanciándose de la posición de Guaidó, quien las considera un fraude. Para ello, Capriles solicitó que haya veedores de la UE y la ONU, a lo que Maduro accedió. Como guiño, el gobierno devolvió la personería a su partido, Primero Justicia, pero este no se inscribió en las elecciones, y puso también su firma en el “Pacto Unitario” de Guaidó. Capriles así tiene un pie en cada plato, aunque se especula con que avalará electoralmente a “La Fuerza del Cambio”.
No puede hablarse de democracia, y menos de socialismo, mientras haya trabajadores presos
Fruto de estas negociaciones, se avanzó en más de una centena de indultos y liberaciones de detenidos de diversa calidad: dirigentes de la oposición, sindicalistas y ciudadanos con las más diversas ocupaciones con y sin afinidad política. Sin embargo, quedan aún trabajadores que permanecen encarcelados o con prisión domiciliaria. Entre ellos, se encuentran Marcos Sabariego, obrero de PDVSA detenido por participar de una asamblea; Bartolo Guerra, trabajador de PDV-Marina arrestado por reclamar por sus condiciones laborales; Darío Salcedo, trabajador de INOPESCA que reclamó por aumentos salariales; Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba ambos arrestados luego de participar de una reunión con la dirigencia de PDVSA; Adolfo Torres Vargas, acusado de corrupción en PDVSA en años en los cuales ni siquiera formaba parte de la misma.
También permanece encerrado el militante gremial de Ferrominera Rodney Álvarez, arrestado el 17 de junio del 2011, acusado de asesinar al obrero Renny Rojas. El delito fue cometido por el militante del PSUV, Héctor Maicán, quien disparó contra una asamblea de trabajadores. Maicán fue arrestado in situ, pero gracias a sus contactos con el gobernador chavista Rangel Gómez, logró salir en libertad. Desde entonces, Rodney se encuentra detenido sin condena en la cárcel de El Rodeo II. A lo largo de su proceso se ha incumplido con el artículo N° 8 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, que destaca la presunción de inocencia, y los artículos correspondientes al Capítulo I y III del mismo código, donde se limita el uso de la prisión preventiva. El trato recibido en la cárcel y el desarrollo de su proceso, han violentado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hasta la propia OIT se ha expresado por su liberación por considerarla arbitraria, y su caso se encuentra en la CIDH desde el 2018.
Nicolás Maduro liberó a presos políticos de cara a las elecciones
Por Rodney Álvarez y por todos ellos, hemos iniciado una campaña internacional, exigiéndoles al gobierno de Nicolás Maduro y a sus interlocutores de la oposición, que estos nombres sean incluidos en las liberaciones que se otorguen. No puede hablarse de democracia, y menos de socialismo, mientras haya trabajadores presos.
*Razón y Revolución. Miembro del Comité de Solidaridad con los Obreros Perseguidos en Venezuela.
