domingo 01 de agosto de 2021
OPINIóN clases presenciales
20-06-2021 01:13

No se les puede decir mañana

El gobierno manipuló datos para justificar tanto el cierre como la reapertura de las escuelas. En el camino, sigue menospreciando los terribles efectos del cierre en los niños y en nuestro futuro.

20-06-2021 01:13

Lucila Godoy Alcayaga fue una poeta y pedagoga chilena conocida por su seudónimo: Gabriela Mistral. Mistral nació en un hogar de bajos recursos y terminó siendo una de las principales impulsoras de la educación pública en América Latina durante la primera mitad del siglo XX y la primera mujer latinoamericana en recibir un premio Nobel (el de Literatura, en 1945). Alguna vez Mistral escribió: “Muchas cosas pueden esperar, el niño no. Ahora mismo se forman, se crea su sangre, sus sentidos se desarrollan. A ellos no se les puede decir mañana. Su nombre es hoy”. Reflexionar sobre las palabras de Mistral en contexto del cierre prolongado de escuelas durante la pandemia de covid-19 adquiere una relevancia especial. Según un comunicado conjunto de UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, publicado en abril.

En la Provincia de Buenos Aires, el distrito en el que la población en edad escolar asciende a más de 4 millones de alumnos, un 72% de los niños viven hoy bajo la línea de pobreza, según la última Encuesta Permanente de Hogares. Para los bonaerenses las escuelas estuvieron cerradas durante todo 2020. El ciclo lectivo presencial se reanudó en marzo de 2021 pero se vio interrumpido por decreto y de manera sorpresiva el 19 de abril pasado, para el Gran Buenos Aires y otros distritos cercanos, afectando a la mayor parte de la matrícula de alumnos de la provincia. Hasta entonces muchas escuelas habían ofrecido poca presencialidad y algunas no habían llegado a recibir a sus alumnos. En ese momento, el gobernador Axel Kicillof declaró: “Estamos diciendo de volver 15 días a la virtualidad para bajar los contagios. Es una medida excepcional por tiempo limitado”. Sin embargo, la medida se terminaría extendiendo por más de ocho semanas y a otras zonas de la provincia. La discusión sobre la presencialidad se volvió un tema central en la opinión pública. Las variables de población vulnerable y tiempo que se sigue perdiendo no parecen todavía inmutar a las autoridades políticas, ni provocar un discurso mínimamente empático ante cada anuncio de nuevas disposiciones. Tampoco la evidencia de que las escuelas no son impulsoras significativas de los contagios.

El Gobierno manipuló datos para justificar tanto el cierre como la reapertura de las escuelas

Abril es el mes más cruel. Tal como ocurrió con el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con la discusión por las clases presenciales se produce una zona de conversación sin intercambio. Si en aquella ocasión a los argumentos de salud pública de los verdes se respondía con la cuestión de la defensa de la vida de los celestes, ahora al reclamo por la apertura de escuelas, motivado por los grandes costos que implica cerrarlas, se responde o con la acusación de negar la pandemia (cuestión que no vale la pena ni refutar) o con un vínculo causal y principal entre apertura de escuelas y muertes por covid-19.

Este último argumento no se ajusta a la evidencia. Y no porque lo diga la oposición argentina. En primer lugar, porque la única intervención que ha demostrado consistentemente disminuir los muertos por covid-19 es la vacunación acelerada. La pandemia parece dejarse atrás no en los países que están cerrando escuelas sino en los que están vacunando rápida y masivamente. Esos países no esperaron a llegar a esas instancias como requisito para abrir escuelas. Por otra parte, existe ya una cantidad considerable de artículos científicos sobre el vínculo entre covid, niños y escuelas. Las agencias internacionales de salud tienen equipos que trabajan analizando periódicamente la totalidad de esa evidencia y estableciendo consensos en torno a ella. Estos equipos no conocen nuestra grieta local. Integran toda la evidencia (sí, también la carta a The Lancet o el paper de Nature que invocan desde el kirchnerismo) y hacen recomendaciones de política a partir de ella. En marzo de 2021 el CDC afirmó: “Según los datos disponibles, el aprendizaje presencial en escuelas no se ha asociado con una transmisión comunitaria sustancial”. En abril de 2021 la OMS consideró que las medidas de mitigación aplicadas de manera apropiada para la edad deberían permitir que las escuelas permanezcan abiertas, incluso en ciertos contextos de altos niveles de transmisión comunitaria. El cierre de escuelas debería ser el último recurso.

En el camino, sigue menospreciando los terribles efectos del cierre en los niños y en nuestro futuro

El gobierno argentino había tomado nota de estas recomendaciones y establecido, a través de sus ministerios de Salud y Educación, que las escuelas serían lo último en cerrar. El 14 de abril, tan solo horas después de que Carla Vizzotti y Nicolás Trotta, los ministros de ambas áreas, declararan en este sentido, el presidente decidió por DNU cerrar las escuelas en el AMBA como primera medida ante la llegada de la segunda ola. No solo incurrió en un error ético, sino que tomó una medida de mitigación que no sería eficaz, ya que implementada de manera aislada no generaría beneficios significativos. Los adultos y los chicos siguieron circulando por espacios menos seguros que la escuela y éstos últimos perdieron su derecho a la educación.

Como las primeras justificaciones presidenciales fueron del tenor de “los chicos se intercambian barbijos” o “las madres se agolpan en la puerta del colegio”, y hasta una desafortunadísima opinión sobre los chicos con discapacidad, luego llegaron explicaciones más sofisticadas, basadas en la movilidad que generan las escuelas. Sin embargo, como la Ciudad de Buenos Aires pudo continuar con clases presenciales por decisión de la Corte Suprema, el contraste con el Gran Buenos Aires ofreció datos reveladores. La politóloga Guadalupe Rojo advirtió en los gráficos de movilidad de Google que, a partir del cierre de las escuelas, no se evidenciaban grandes diferencias con CABA. El decreto presidencial sostenía que el uso del transporte público desde el regreso a las aulas había crecido un 25%. Pero los datos del propio Ministerio de Transporte de la semana del DNU mostraban que el crecimiento había sido de solo 7% en AMBA y del 3% en CABA. Según el análisis del economista Federico Filippini el uso del transporte público venía bajando abruptamente desde fines de marzo. En GBA las clases comenzaron el 1º de marzo. Si se compara contra la semana previa a la suspensión de clases, el uso de transporte público aumentó en el GBA solo un 3%, un porcentaje similar a CABA. El gobierno nacional tampoco tuvo en cuenta que la mayoría de los chicos va caminando a la escuela, ni pensó soluciones para quienes utilizan transporte público.

Ante el contraste entre las jurisdicciones lindantes, el gobernador de la provincia presentó en sus redes sociales un informe elaborado por un grupo de científicos para justificar su decisión. La conclusión de que el cierre de escuelas había sido exitoso para frenar contagios precedió al análisis. Según el politólogo Federico Tiberti la comparación del informe entre CABA y GBA no respeta el principio de tendencias paralelas, es decir tendencias similares, en nivel de contagios antes del momento de la suspensión de clases. El informe además mide casos confirmados cuando las estrategias de testeo son diferentes en los dos distritos. El mismo documento refiere evidencia empírica de una manera escasa, sesgada y de la que muchas veces se derivan conclusiones que no reflejan lo que sostienen los estudios, como detalló el análisis de cada uno de los artículos citados que hizo el investigador de CONICET y especialista en virología, Carlos Bueno en un encuentro organizado por la Fundación Alem.

La pandemia parece ceder en los países que vacunan, no en los que cierran escuelas

Un mes después del cierre de escuelas los contagios habían subido en provincia con las escuelas cerradas y se habían mantenido estables en CABA, con las escuelas abiertas. Desde el oficialismo se quiso instalar entonces la suposición de que la política de CABA  derramaba contagios sobre la provincia. Con datos más recientes el periodista Pablo Sigal comparó las curvas de contagios desde el 21 de mayo hasta el 2 de junio y concluyó que, con el cierre de escuelas en provincia, se bajaron los contagios casi la tercera parte en términos proporcionales y en función de su población de lo que se bajaron en la Ciudad, con las escuelas abiertas. La baja de contagios parece estar más ligada al cumplimiento de otras restricciones y no a las escuelas.

El gobierno nacional tiene asesores infectólogos pediatras que han defendido la prioridad de reapertura de escuelas desde octubre de 2020. La Sociedad Argentina de Pediatría en un reciente comunicado reafirmó que los niños y adolescentes cursan la enfermedad casi siempre de forma leve, que los niños no son principales transmisores ni receptores, que el aula es un espacio bastante seguro, que el aislamiento tiene consecuencias en la salud de los chicos y que vacunar es la única salida.

Lo que el tiempo se llevó. Sobreestimar los riesgos de mantener las escuelas abiertas y subestimar los costos de las escuelas cerradas es un enorme desacierto en que el Gobierno persiste. Al menos 7 de cada 10 niños en la Provincia de Buenos Aires son pobres. Las consecuencias en términos de pobreza de la pandemia deben recibir la misma importancia por parte de los decisores políticos que sus consecuencias en términos de mortalidad, según una nueva investigación de la LSE, la Universidad de Oxford y el Banco Mundial. Es decir, frente al problema de la pandemia, que incluye al menos estas dos dimensiones (la sanitaria y la económica), la respuesta de los Estados nacionales en ningún caso debería ser una solución de esquina, esto es, una respuesta de política dirigida a minimizar el impacto de la crisis en solo una de estas dos variables. Según el estudio, para los países de ingreso medio, como es el caso de Argentina, los efectos económicos de la pandemia han contribuido más a la pérdida en el bienestar general que sus efectos sanitarios, e ignorarlos conduce a conclusiones equivocadas sobre la distribución de los costos de la crisis. La contracción económica viene con su propio sufrimiento: en 2020, producto de la pandemia y las medidas de aislamiento, se perdieron más de un millón de puestos de trabajo en el país, informó el INDEC, y entre los niños, la inseguridad alimentaria pasó del 30,5% de 2019 al 34,3%, según el Observatorio de la UCA. Es esperable que este cúmulo de shocks negativos se traduzca en un aumento de la desigualdad y la pobreza.

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El cierre de las escuelas durante un año puede llevar a una pérdida permanente de ingresos laborales de 4,6% como mínimo y 7,7% en promedio para los estudiantes afectados y a una reducción permanente del 4,3% del PBI, según un reporte de la OCDE. El valor acumulado hasta el fin de siglo, descontado a valores actuales, equivale a la pérdida de dos años de actividad de todo el país. Esto debe ser tomado como un mínimo porque, entre otros factores, ya hemos superado el año de cierre de escuelas. Aunque probablemente no lineal, el costo del cierre es monotónico, es decir cuanto más largo es el cierre, mayores serán los costos. Cada día cuenta. Un estudio publicado recientemente de Eduardo Levy Yeyati y Federico Filippini llegó a conclusiones similares sobre los efectos sociales y económicos de la pandemia y las medidas de aislamiento.

En el largo plazo, por el impacto de la suspensión de las clases presenciales sobre los niveles de escolaridad de las cohortes afectadas, la movilidad intergeneracional se reducirá significativamente. Según un análisis de Mariano Tommasi, Nora Lustig y Guido Neidhöfer, la falta de presencialidad puede resultar en una reducción de la probabilidad de completar la escuela secundaria para los niños de hogares con padres de baja educación, de 46% a 38%. En contraste, para los niños de hogares con padres que completaron al menos la secundaria, la probabilidad de terminar la secundaria es del 90%, permaneciendo casi inalterada. De hecho, para los primeros, el impacto podría implicar un retraso tal que la probabilidad de completar la secundaria equipare la de las cohortes nacidas en los años ’60 del siglo pasado, borrando así medio siglo de progreso para la generación afectada. Si bien las intervenciones en el ámbito educativo han amortiguado en parte el efecto negativo de la falta de presencialidad, no han contribuido lo suficiente como para cerrar la brecha y salvaguardar el proceso educativo de las familias más vulnerables. Mientras tanto los sectores de mayores ingresos acuden a sistemas de educación paralelos, grupos de estudio, jardines blue y hasta matriculan a sus hijos en escuelas de CABA.

Ante este escenario, es urgente centrar la atención en los jóvenes de los sectores más vulnerables, a través de políticas que posibiliten la revinculación escolar. Esta necesidad se vuelve todavía más apremiante por la situación demográfica de la Argentina. Actualmente, el país experimenta lo que se llama un bono demográfico: la proporción de población en edad de trabajar es superior a la de población dependiente, fundamentalmente niños (0 a 14 años) y adultos mayores (65 años o más). Pero la oportunidad que representa este bono, que se terminaría en menos de 25 años, solo será aprovechada si se invierte en desarrollo humano de forma tal que se incremente la formación y la productividad de las generaciones sobre quienes recaerá en las próximas décadas el mayor peso para la viabilidad de las prestaciones sociales y previsionales cuando la Argentina sea una sociedad envejecida.

El cierre de escuelas el 19 de abril pasado fue una medida autoritaria, prematura y dañina, que solo buscó demostrar poder sobre lo único que el gobierno tiene control asegurado de cierre. Adelantar o extender vacaciones de invierno, cerrar por municipios o por niveles y por tiempo limitado, dejar jardines abiertos para hijos de trabajadores esenciales (como las cajeras de supermercado) eran medidas lógicas. Mientras tanto, el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos y el INADI abrieron una línea para denunciar la presencialidad. Se formó un clima hostil entre inspectores y directores de escuelas privadas y Axel Kiciloff amenazó con quitar subsidios.

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El gobernador de la provincia anunció la reanudación de las clases presenciales en 40 distritos del Gran Buenos Aires, aunque de forma paulatina y bajo un sistema bimodal. En total los chicos del conurbano habrán sumado casi 230 días sin clases presenciales desde el inicio de la pandemia. Horas antes del anuncio del gobernador, Trotta declaró que no habría modificaciones en la presencialidad. La improvisación institucional quedó nuevamente expuesta como con el DNU de abril. Como fundamento de la reapertura se invocó el criterio de la incidencia de contagios, pero con una “trampa” estadística. En abril se dieron datos falsos de movilidad para cerrar; ahora, de incidencia de contagios para abrir. No resulta claro entonces si lo que decide por los derechos vulnerados de millones de chicos bonaerenses es un número de contagios, lo que dice una encuesta, la vacunación de docentes (que ya supera el 60%, según SUTEBA) o el calendario de elecciones. Tampoco resulta claro si se ofrecerá un nivel de presencialidad óptimo o solo simbólico, que finalmente tampoco garantiza educación. Los derechos de niños y adolescentes son banderas que pueden y deberían ser tomadas por todos los adultos.

La infancia no puede esperar, como decía Mistral, pero el gobierno parece decidido a menospreciarla. En el fallo de la Corte Suprema sobre las clases presenciales, Carlos Rosenkratz consideró que “la emergencia no es una franquicia para violar derechos” y Ricardo Lorenzetti sostuvo que “el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros, siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad”. El cierre de escuelas en Provincia de Buenos Aires fue y es reiterado en el tiempo y una restricción irrazonable. Casi 60 recursos de amparo fueron frenados y dos fueron rechazados por la Suprema Corte de la Provincia.

La narrativa oficialista que pone las culpas sobre las escuelas es un ejemplo de la “infodemia” que el gobierno dice combatir. El beneficio epidemiológico del cierre prolongado de escuelas es muy modesto al lado de sus enormes costos. Costos que se profundizan con el tiempo y son mayores en contextos de vulnerabilidad. Cerrar escuelas no es la respuesta. Vacunar a mayor escala es la única salida al drama de la pandemia.

 

*Historiadora, investigadora adjunta en CONICET y docente en la UBA. Co-fundadora de Padres Organizados. Autora de No esenciales. La infancia sacrificada, por Ediciones del Zorzal.

**Economista UBA-UDESA. Consultor del Banco Mundial en educación y desarrollo de la primera infancia. Docente en la UBA. Publicado originalmente en www.seul.ar