En los últimos tiempos se produjo el surgimiento y la rápida universalización de numerosos fenómenos que llevaron a revisar el papel del periodismo profesional en la sociedad actual. Entre ellos pueden señalarse, por ejemplo,
- (a) la propagación de gobiernos de formalidad democrática, pero poco respetuosos de la división de poderes y de las libertades personales. De signo ideológico diverso y nada fácil de determinar, suele agrupárselos bajo la etiqueta de “populismos” y coinciden en subrayar –con distintos eufemismos– que la prensa independiente no es necesaria para el buen funcionamiento de una auténtica república;
- (b) la pretensión, en algunos discursos políticos, de crear una antinomia entre los periodistas y las empresas en las que aquellos se desempeñan. Los primeros serían “los buenos” y estarían forzados a emitir los mensajes que sus empleadores preparan en perjuicio del público. Curiosamente, para esos discursos tal situación no se produciría cuando el dueño del medio es el Estado;
- (c) el increíble debate sobre el valor (¿?) de las noticias falsas, el predominio del “relato” sobre la realidad y las elucubraciones sobre algo llamado “posverdad”, sobre cuya esencia y características sus mentores no terminan de ponerse de acuerdo, y
- (d) la facilidad existente para que cualquier persona sin formación profesional cree un “medio” y difunda materiales en apariencia periodísticos, con el consiguiente riesgo para el conjunto de los usuarios de la plataforma de que se trate.
Un conocido refrán prescribe “ante lo nuevo, pensar de nuevo”. Hacerlo, en efecto, es muy aconsejable para distinguir entre las novedades lo que de veras sirve y lo que no son más que falacias ataviadas para atraer la mirada de las nuevas generaciones.
El Papa reclamó un "periodismo valiente" y controlar "el riesgo de las fake news"
Hechos, interpretaciones y opiniones
Aunque se ha dicho muchísimas veces, vale la pena repetir que para el buen periodismo los hechos son sagrados y las interpretaciones deben atenerse a ellos. Las opiniones sí son –y deben ser- libres–. Aplicar esta consigna es buen antídoto contra cualquier intento de adulteración con la excusa del amor a la Patria, al pueblo, a los más postergados u otras cualesquiera.
Está claro que ese juego entre hechos, interpretaciones y opiniones no funciona en el ámbito del llamado periodismo “militante”, porque tal condición –la de militante– implica una relación de obediencia acrítica a “los jefes”. En virtud de su militancia, el periodista transmite las interpretaciones que “vienen desde arriba” y acepta modificar o directamente suprimir la información sobre tal o cual hecho “para no hacerle el juego al enemigo”.
Se ha dicho, y con razón, que el periodismo independiente es la garantía de que las discusiones sobre los asuntos de interés público, en cualquier nivel, sean libres y abiertas. Muchas veces serán excesivamente impetuosas, a veces cargadas de agresividad, agravios y mentiras, pero ésa es la mejor vía encontrada hasta la fecha de que todos puedan recibir la información que requieren o necesitan, aunque no caiga bien a tal o cual funcionario o dirigente sectorial.
La postproducción de la política y la posverdad populista
La participación en ese debate de varios medios, con visiones, principios y afinidades diferentes, impide que a los ciudadanos les llegue “una sola campana”, como de hecho ocurre cuando algún personaje o poder estatal, con cualquier excusa, toma para sí la prerrogativa de decidir qué se dice y quiénes pueden decirlo.
La atmósfera en que esa discusión se lleva a cabo es la libertad de expresión, cuyo principal beneficiario –contra lo que a veces se dice– es el público, porque por su vigencia logra estar debidamente anoticiado de lo que sucede.
Para que esto realmente funcione todo ningún funcionario, ni siquiera un juez, debe creerse con derecho a juzgar la calidad de un material periodístico, o la forma en que su autor obtuvo ese material de una fuente, o los propósitos que llevaron al autor a difundirlo. Salvo los casos de delitos, será el público el que determine la validez y acierto de las posiciones y retirará su respaldo a los que defiendan las que le parezcan inaceptables.
Garantías en beneficio del público
La estipulación del artículo 43 de la Constitución Nacional, sobre el secreto periodístico y la reserva de las fuentes, no implica un privilegio ni un fuero especial para quienes ejercen la actividad. El bien principal que está protegiéndose no es el bienestar del periodista sino la finalidad de su tarea: buscar y publicar información de interés público, tal como lo recordó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 2019. Únicamente cuando rige esa libertad para la prensa su contribución al debate es eficaz para el conjunto.
Con lo dicho, quedan a la vista al menos dos responsabilidades sociales del periodismo para los tiempos que corren. La primera es ejercer su labor con estricto apego a la verdad de los hechos y concibiéndola como un servicio a los receptores. Esa definición lleva directamente a su corolario inmediato: el periodismo debe mantener su postura crítica y defender sin retaceos las libertades de pensamiento y expresión, que son derechos de todas las personas por su sola condición de tales, y que la legislación debe reconocer (no “otorgar”, porque son anteriores a cualquier norma).
La segunda responsabilidad social del periodismo es la de permanecer atento para desbaratar cualquier paso, aun incipiente, hacia el “pensamiento único”. Esta actitud no se limita a los intentos groseros de las dictaduras o autoritarismos explícitos por imponer su versión de lo que sucede, sino que también abarca resistir las presiones que se hagan en nombre de presuntas “superioridades morales” y negar autoridad a los supuestos “catadores de opiniones ajenas”.
Miriam Lewin: “La libertad de expresión no puede vulnerar derechos”
El tema permite extenderse casi indefinidamente, pero su síntesis –otra virtud del buen periodismo– puede plantearse en los términos de un célebre voto de Hugo L. Black, juez de la Corte Suprema de EE.UU., citado en la Convención Constituyente argentina de 1994 para fundamentar precisamente la inclusión del artículo 43: “La prensa está para servir a los gobernados, no a los gobiernos (…) Se la protege para que pueda desnudar los secretos del gobierno e informar al público”.
* Norberto Beladrich. Profesor emérito de la Universidad del Salvador en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Comunicación Social.
