El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea parece condenado al fracaso. Esta semana, con la visita a Brasilia y Buenos Aires de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reveló una vez más que ese pacto no será ratificado este año y nada permite anticipar que prospere en 2024. Esta vez la dilación no tuvo como “culpables” las dificultades y temores que afligen al bloque sudamericano, que pretende renegociar algunos capítulos antes de estampar la firma. La sentencia negativa provino de la Asamblea Nacional de Francia, que el último martes 13 votó contra el tratado. ¿La razón? “No contiene garantías sanitarias ni de medio ambiente”.
Esta vez, el decepcionante resultado pesará sobre Lula da Silva quién aterrizará en París el jueves de la semana que viene, en una visita oficial al Palacio del Eliseo. Es cierto que con su colega Emmanuel Macron tiene varios asuntos para tratar, especialmente la pacificación del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Para la Unión Europea, el Mercosur es un potencial proveedor de energía
Pero el presidente brasileño esperaba anunciar que el contrato con Europa se firmaría antes de diciembre de 2023. Esa expectativa se evaporó incluso antes de su viaje, que tendrá Roma como primer destino, el martes próximo, para una cita con el Papa Francisco. Para que el acuerdo comercial entre ambos bloques algún día entre en vigor, todos los parlamentos deberán ratificar el tratado, incluido el francés.
Para los galos, un contrato de esa naturaleza entre Mercosur y la UE pone en juego la sobrevivencia del campo. “Fragiliza nuestra agricultura, enflaquece a nuestro planeta, no es bueno para nadie” advirtieron los diputados. En su visión, se corre el riesgo de que otro 25% del territorio amazónico sea devastado.
Luego de la reunión con la alemana Von der Leyen, el lunes pasado, el líder brasileño formuló recelos de su país frente a una nueva propuesta de Europa, agregada al texto del acuerdo en marzo de este año, que “amplía las obligaciones de Brasil (con relación a los cambios climáticos) y torna nuestro país objeto de sanciones en caso de incumplimiento”.
Ese instrumento especial debería servir contra la “competencia desleal” con la pecuaria francesa y los “posibles daños ambientales”. Para el mandatario “esa iniciativa (europea) representan restricciones potenciales a las exportaciones agrícolas e industriales de Brasil”. Hay, sin duda alguna, factores de la realidad brasileña que podrían eventualmente justificar la “desconfianza” de los franceses.
La destrucción de la selva amazónica creció 22,3% el año pasado respecto de 2021. En un año fueron arrasadas 2 millones de hectáreas (20.000 kilómetros cuadrados), prácticamente equivalente a la superficie de la provincia de Tucumán. Según el Observatorio del Clima, del cuál participan varias universidades brasileñas, en los últimos cuatro años fueron eliminados 66.000 kilómetros cuadrados de selva, equivalente a una vez y media el estado de Río de Janeiro. Los incendios intencionales treparon a más de 76.000 casos en el año.
De acuerdo al informe del Observatorio, publicado precisamente el lunes 12 de este mes, la principal razón para devastar el Amazonas es la agropecuaria brasileña, que responde por el 90% de la cruzada destruidora; esas tierras pertenecen hoy dueños que se apropiaron ilegalmente de una parte de la floresta.
Con todo, frente a ese escenario anclado en los 4 años de gobierno de Jair Bolsonaro, los europeos están dispuestos a reconocer que bajo el gobierno de Lula da Silva, la situación será diferente. Al menos, es lo que figura en el plan del presidente brasileño para los próximos 3 años y medio. Es cierto que no cuenta con el Congreso a su favor; más bien, lo contrario: el Parlamento votó una ley recientemente que, en la práctica, vacía dos ministerios claves: el de Medio Ambiente y el de Pueblos Indígenas.
FP CP
