Los argentinos hemos sido golpeados este año 2020 por medidas extremas , además de haber tenido la “cuarentena” más extensa del planeta, para prevenir el contagio de coronavirus. Muchos pacientes se han quedado sin suficiente atención médica de sus enfermedades crónicas, han sufrido estrés o deterioro de su salud mental; el país se vio sacudido por un abrupto aumento del desempleo, cierre de comercios, incremento de la pobreza y deterioro profundo en la educación. Sin mencionar el bombardeo de mensajes aterradores que tienden a aumentar la angustia y el miedo a enfermar.
Al apuntar todos los focos al sistema de salud, ha quedado en evidencia su fragilidad. El gobierno, ha actuado proactivamente, adelantándose a implementar medidas sanitarias (como el refuerzo en el número de camas) para evitar el colapso. Los casos, al cambiar la estación, han ingresado en la curva descendente, así como el porcentaje de ocupación hospitalaria. El riesgo de desborde sanitario está cada vez más lejano; sin embargo se continúa pidiendo permiso para circular en varias regiones del país, como si se estuviera transitando una situación alarmante.
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La sociedad lentamente retorna a la normalidad. La comunicación debería enfocarse en transmitir medidas de higiene y prevención, como se ha hecho con todos los virus - y otras infecciones-, y evitar mensajes atemorizadores. La vacunación contribuirá a la disminución de la mortalidad de la población de riesgo y trabajadores esenciales, pero el virus continuará circulando.
Cuando se definen políticas públicas es fundamental evaluar constantemente los resultados para decidir si el problema ha sido eliminado o mitigado y poder dar un fin a la intervención elegida. Al seleccionar la solución para el problema que se intenta atacar, se deben definir objetivos y prioridades, alternativas para alcanzarlos, evaluar costo-beneficio; y elegir la alternativa que produce los mejores resultados con los menores efectos negativos.
Una vez efectuada la intervención, se suelen medir los efectos de la misma sobre el problema y tras observar si éste ha concluido o si permanece, se define si es necesario seguir actuando.
La comunicación debería enfocarse en medidas de higiene y prevención, como con todos los virus - y otras infecciones-, y evitar mensajes atemorizadores.
El porcentaje de ocupación total de camas UTI adulto reportado por el Ministerio de Salud el 15/12 (Fuente: https://bit.ly/reporte-diario-salud ) ha sido: - Nación: 54,4% - AMBA: 57.7%. En los meses del pico, ese porcentaje ha llegado al 70% en AMBA.
Para poder comprender qué tan alarmante o inusual es ese porcentaje, basta con ver el documento histórico de ocupación hospitalaria del Gobierno de la Ciudad (de este modo se toma una región de características similares (CABA) a los efectos de observar cuáles son los valores habituales normales de una región). El mayor porcentaje de ocupación hospitalaria en la Ciudad de Buenos Aires ha ocurrido en el año 2000 con 84.2% anual (resultado de un valor superior en invierno y menor en verano). (Fuente: https://bit.ly/estadisticas-ciudad). En ese entonces no estaba declarada una alarma sanitaria, a pesar de las cifras que dan cuenta del estresado y desbordado sistema de salud.
Las medidas sanitarias se toman ante la presencia de un problema sanitario, pero en ausencia del mismo, sólo deberían tomarse precauciones o brindar recomendaciones a la población sobre cómo cuidarse. El ser humano tiende a evitar el displacer o sufrimiento. No es necesario imponer medidas obligatorias para cuidar la salud, está en la naturaleza humana el instinto de supervivencia (es innato).
Actualmente el sistema sanitario no presenta una amenaza de colapso, sin embargo, el control y la vigilancia no han cesado
Actualmente el sistema sanitario no presenta una amenaza de colapso, sin embargo, el control y la vigilancia no han cesado. El objetivo que se ha planteado a lo largo del año ha sido la intención de evitar el colapso sanitario. Sin embargo, dicha amenaza, hasta el otoño- invierno de 2021 no retornaría. Ya hemos visto a lo largo de los años, que los picos de infecciones respiratorias (así como el COVID-19), se dan en invierno. Actuar bajo normas excepcionales sólo se justifica ante indicadores alarmantes y atípicos. En ausencia de los mismos, carecería de sentido seguir imponiendo restricciones.
Es importante tener presente la relación que existe entre la realidad y el análisis, y los analistas y la realidad. Así Manuel Tamayo Sáez en 'La nueva administración pública', puntualiza: “El análisis de políticas públicas es un conjunto de técnicas, conceptos y estrategias que provienen de distintas disciplinas –la Ciencia Política, la Sociología, la Teoría de la Organización, la Psicología y la Antropología, entre otras– que intentan mejorar la calidad de ese proceso de transformación de recursos en impactos”. Sin embargo, las personas que analizan, “filtran la realidad a través de sus valores, de su capacidad técnica, de sus intereses circunstanciales y de su grado de Información. De este modo, las conclusiones del análisis se ven afectadas por estos factores” (Weimer y Vining, 1992). Un análisis insuficiente o inapropiado puede arrojar acciones desmedidas o inapropiadas.
Analizar en profundidad cuáles son las provincias que aún continúan con menor número de camas cada mil habitantes y continuar con dicho refuerzo de recursos sanitarios es un objetivo que no debería abandonarse, ya que es el mejor modo de prepararse para la próxima temporada invernal, pero continuar alarmando a la gente con el peligro de enfermar o morir no parece ser una estrategia saludable o útil. Quizás ya sea hora de confiar en la capacidad de cuidarse de cada individuo y destinar los esfuerzos a seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud.
*Ex secretario de Salud de la Nación. **Licenciada en psicología, analista de investigación y productora.
