Con sorpresa advierto que el proyecto de presupuesto 2022 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contiene en el art. 59 un inadmisible privilegio para la Empresa IMPSA, que si bien fue recientemente capitalizada por el Estado, pasando a controlar la mayoría accionaria, aún conservan participación los acreedores y la familia fundadora.
Hago dos reflexiones. La primera, es que en forma inexplicable se favorece a privados aún propietarios de la compañía. Y la segunda, es que se le otorga a IMPSA un privilegio que rompe la igualdad en el acceso a los mercados, teniendo prerrogativas que no tienen otras empresas del sector.
Dice el ARTÍCULO 59.- Exímese del pago de los derechos de importación y de las tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de estadística y de comprobación, que gravan la importación para consumo de bienes de capital, partes, componentes, insumos, repuestos y/o bienes intermedios en la cadena de valor, destinados a la producción de obras de infraestructura en el territorio nacional y/o en el extranjero, que sean adquiridos por IMPSA S.A. (CUIT 30-50146646-4).
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Estas importaciones estarán también exentas de impuestos internos y del impuesto establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones. Estas exenciones serán aplicables a las mercaderías, fueren nuevas o usadas, solo si la industria nacional no estuviere en condiciones de proveerlas, sobre lo cual deberá expedirse el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Los beneficios dispuestos en el presente artículo regirán mientras el ESTADO NACIONAL sea accionista mayoritario de la empresa.
Este inaceptable privilegio delata intereses ocultos en la gestión de IMPSA, haciendo que todos los argentinos, con sus impuestos, sostengan a una empresa que aparece como inviable en condiciones de igualdad de trato con otras compañías.
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Lo advertí hace unos meses cuando el Estado Nacional decidió capitalizar con 20 millones de dólares a esta compañía que debe más de 500 millones. Literalmente el Estado "compró una deuda". Señalé en ese momento que IMPSA en poco tiempo iba a necesitar mayor auxilio. Solo pasaron 5 meses, para que la asistencia tomara forma de exención impositiva, o sea, impuestos que dejarán de percibir los argentinos para regalárselo a una empresa que tiene sentado en su directorio a militantes políticos.
El artículo 59 del Presupuesto implica una burla al sector privado y el reconocimiento explícito de que esos impuestos son nefastos para la producción.
El propio Estado reconoce que producir en un contexto de acoso fiscal es imposible y se auto genera un privilegio que niega a otras empresas. Es escandaloso.
Si hubieran tratado a IMPSA cuando estaba totalmente en manos de la familia Pescarmona de la manera en que hoy la tratan, otra hubiera sido la historia. Sin embargo hicieron todo lo contrario, la asfixiaron y la extorsionaron hasta quedarse con la compañía, y ahora la sostienen con los impuestos de "todos y todas".
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No se porqué me viene a la memoria "Ciccone Calcográfica". La historia se repite, con la diferencia que hoy Argentina ya tiene al 50% de su población bajo la línea de pobreza, en parte culpa de estos enjuagues que niegan recursos para combatir la pobreza y los orientan a sostener privilegios de los amigos.
* Omar De Marchi. Vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación y diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza.
