OPINIóN
Elecciones

Son los consensos; nada más que consensos

Es necesario construir acuerdos mínimos, básicos y compartidos por la mayor parte de los actores políticos argentinos.

Sergio Massa y Alberto Fernández
Sergio Massa y Alberto Fernández. | NA

Desde hace un cierto tiempo, en el debate político argentino de corto plazo, se ha instalado una discusión respecto del “culpable” del actual estancamiento político. Que los peronistas habían gobernado mucho tiempo, que los radicales no pudieron terminar su mandato, que la orientación de la mayor parte de los gobiernos ha sido estatista, que ha sido pro mercado, etc. Por ello intentaremos extraer una conclusión al respecto.

Desde la presidencia de Julio Argentino Roca de 1898 hasta la actual de Mauricio Macri, la República Argentina tuvo 48 presidencias. Representa este lapso un total de un poco más de 121 años, a caballo de los siglos XIX y XX. Tomamos como presidentes a los que ejercieron el cargo -de manera efectiva, o interina-, por un tiempo mínimo de 24 horas. Entendemos por presidencias a los gobiernos elegidos por vía legal, democrática y autoritaria: si tomamos la sanción de la “Ley Sáenz Peña” como el inicio de elecciones verdaderamente democráticas, tenemos entonces un período de presidencias democráticas (a partir de dicha ley), de presidencias legales (previas a la ley Sáenz Peña) y de presidencias autoritarias (frutos de golpes militares). En números enteros, para estos 121 años:

  • Presidencias legales: 18 años
  • Presidencias democráticas: 75 años
  • Presidencias autoritarias: 28 años

El período legal

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En el período legal, solamente una presidencia llegó a cumplir la totalidad del mandato: la presidencia de Julio Argentino Roca de 1898-1904. Las presidencias de Quintana y Roque Sáenz Peña, que debían desarrollarse entre 1904-1910 y 1910-1916 respectivamente, debieron completarse con la conducción de José Figueroa Alcorta, que sucedió a Quintana luego de su muerte; y de Victorino de la Plaza, que terminó el mandato de Roque Sáenz Peña luego de su fallecimiento. Esta última marca también el fin del período legal y la disolución del Partido Autonomista Nacional, que lo gobernó por completo. Podemos concluir que la continuidad institucional entre presidentes legales fue sostenida en el período legal, ya que los reemplazos por fallecimiento siguieron los procedimientos establecidos por la Constitución a tal efecto, y no hubo renuncias ni golpes de Estado. Pero este período “legal” de la república conservadora, no tenía en la transparencia del voto su principal virtud: existía la manipulación y el fraude como herramientas para “ordenar” la voluntad popular. Este ciclo de voto popular no transparente termina gracias a las luchas de la Unión Cívica Radical contra “el régimen” y concluye en la Ley Sáenz Peña que establece el voto universal y obligatorio.

Paralelo entre las presidencias de Macri y De la Rúa

El período democrático

Excluiremos de este artículo una mirada sobre los gobiernos del período autoritario, y nos centraremos en el período democrático. Podemos decir que, entre los mandatos democráticos, tenemos un total de 23 presidencias. De ellas, solamente 8 cumplieron mandato de modo completo: Hipólito Yrigoyen, Marcelo T de Alvear, Juan Domingo Perón (primera presidencia), las dos presidencias de Carlos Menem, la presidencia de Néstor Kirchner y las dos presidencias de Cristina Fernández. De todas estas presidencias que cumplieron mandato dentro del período democrático, dos pertenecen al radicalismo (Yrigoyen y Alvear) y el resto, al peronismo.

Dentro del período democrático contamos con 8 presidencias que no terminaron mandato, por motivos de renuncia o de golpe de estado: 5 fueron radicales, 2 peronistas y 1 del Partido Democrático Nacional (la de Ramón Castillo, quien sucedió a la presidencia radical de Roberto María Ortiz, luego de su renuncia en 1942).

¿Setenta años de peronismo?

Mucho se habla sobre los años del peronismo, del ’45 a la fecha. De su “mítica” creación en 1945 –en realidad Perón tuvo su primera presidencia en 1946– a la fecha (74 años) el peronismo gobernó durante 36 años aproximadamente. Fueron 15 presidencias, incluyendo sucesorias e interinas. De esas, 6 cumplieron con mandato completo, y 2 fueron interrumpidas por dictaduras militares.

El radicalismo tuvo 5 presidencias en este período (incluidas las sucesoras) que gobernaron casi 16 años. Tuvo 3 presidencias que no completaron mandato por motivos de renuncia, y 2 por golpes militares que las interrumpieron.

El total de gobiernos democráticos no peronistas de este período es de un promedio de 19 años, incluyendo a la actual presidencia de Mauricio Macri.

Autos presidenciales desde el regreso de la democracia

Por último, durante esos 74 años del “peronismo mítico”, los gobiernos militares presidieron cerca de 18 años. En los últimos 121 años, el peronismo obtuvo la presidencia y gobernó durante 36,06 años, y el radicalismo durante 34,04 años. Fueron 15 presidencias para el PJ, y 9 para la UCR. El peronismo completó 6, y el radicalismo completó 2. El peronismo reemplazó a gobiernos radicales que no completaron mandato solamente en 2 oportunidades. El resto de todas las interrupciones en ambos casos, fueron por golpes militares.

¿Estatales o promercado?

Durante los 121 años de presidencias desde Roca hasta Macri, las presidencias con una clara orientación a políticas promercado ocuparon un poco más de 60 años (60,56). Salvo tres presidencias democráticas: las dos de Menem y la de Macri (14,2 años en total), el resto corresponden a gobiernos autoritarios o legales. Las presidencias con una orientación más estatista (con distintas miradas) corresponden en su totalidad al período democrático, y ocuparon aproximadamente 61 (60,86) años de las presidencias del siglo XIX y XX.

Continuidades/ estabilidad

Los períodos de mayor estabilidad en los últimos 120 años fueron dos: el primero corresponde al período legal e inicios del democrático, que tuvo 18 años de duración (1898-1930); el segundo es ya totalmente democrático, desde el fin de la dictadura militar hasta hoy, y lleva 36 años– y contando–. En el primero: a lo largo de 32 años se sucedieron sin interrupciones 8 presidencias (2 con reemplazo constitucional por muerte del presidente en ejercicio), hasta el primer golpe de Estado de nuestra historia. En el segundo: a lo largo de 36 años hemos tenido 12 presidencias. Allí ocurrieron 2 renuncias, una sucesión por fallecimiento y 4 presidencias de transición (post crisis del 2001).

Entonces, de un total de 48 presidencias en 121 años, sólo 9 llegaron a finalizar su mandato con el mismo presidente, y 2 cumplieron su mandato de modo constitucional con un presidente sucesor. Un total de 11 presidencias (23%) en los últimos 121 años han tenido un cumplimiento institucional acorde a nuestras leyes, y este número disminuye a un total de 8 presidencias (16,6%) con continuidad de mandatos en el período democrático. En términos de calidad institucional, claramente el porcentaje es muy bajo.

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De haberse respetado la duración de mandatos, sin golpes de estado ni renuncias entre 1898 y la fecha, y considerando la modificación de mandato de la reforma constitucional del ’94, habríamos tenido 22 presidencias. Finalmente tuvimos 48.

La primera observación que cabe hacer es que el régimen democrático muestra claramente una consolidación en nuestro país, en el último cuarto del período que toma este artículo. Es así como vemos una continuidad de más de 30 años de gobiernos elegidos democráticamente, y notamos el reemplazo de presidencias que renuncian, por otras presidencias elegidas democráticamente. Salidas como el golpe de estado dan muestras de haber quedado descartadas por completo. La segunda observación, es una debilidad en la continuidad institucional de los mandatos. El segundo período tiene como característica la no terminación de los mandatos por renuncia (Alfonsín y De la Rúa) y a raíz de la aplicación de la ley, presidencias de transición.

Atribuimos esta inestabilidad a la sucesión de crisis económicas, financieras y políticas que atravesaron las presidencias en los últimos 30 años. La exigencia ciudadana de mostrar éxito al momento de superar las tormentas y la imposibilidad de mostrar logros concretos, llevó a algunas presidencias a una inestabilidad que imposibilitó la conclusión en tiempo y forma de sus mandatos.

A grandes rasgos, la estabilidad democrática no estaría en peligro. Pero que la gobernabilidad ligada al control de la economía (especialmente lo fiscal y el endeudamiento) no sería algo tan sencillo de lograr, dado que los disensos al interior del gobierno y entre distintos grupos del sistema, se acrecientan a raíz de la crisis y al mismo tiempo retroalimentan la inestabilidad, que lleva a la renuncia anticipada de un presidente débil. Este proceso de espiralamiento de la crisis y renuncia del primer mandatario, no es normal en los países presidencialistas (a diferencia de los parlamentarios) porque los presidentes duran un “mandato fijo” (generalmente 4 años renovables por otro período igual).

Entendemos que el componente eleccionario de la República Argentina está asegurado, en términos de sucesión de elecciones y autoridades votadas democráticamente. La continuidad entre presidencias y las formalidades de entrega de mandatos entre diferentes gestiones, que constituyen uno de los pilares de la institucionalidad democrática, parece ser una asignatura pendiente. Podríamos atribuir este fenómeno a una cultura política que castiga a las presidencias que no logran éxitos en materia económica y que promueve ante esta baja de logros una salida por fuera de las reglas del juego democrático. Diversos politólogos han descripto el caso argentino como una democracia con baja calidad institucional: es decir, que somos conscientes de que los gobiernos se eligen por voto democrático pero que luego, nadie les garantiza de que puedan cumplir su mandato hasta el último día que fija la ley si no tienen logros económicos en términos de, aunque sea, estabilidad.

¿En qué superó Mauricio Macri a Cristina Kirchner y De la Rúa?

Por ello, uno de los aprendizajes que dejó la dramática crisis del 2001, fue la necesidad de construir consensos como una forma de estabilizar nuestra democracia con una institucionalidad relativamente débil. La experiencia del Diálogo Argentino del 2002-2003 (una red colaborativa de consensos) para la estabilización política del gobierno de Eduardo Duhalde no puede dejar de ser mencionada aquí. Surgieron allí consensos básicos que tenía que cumplir un gobierno, desde el punto de vista de la situación social, la económica, la reforma judicial, la reforma política, etc. Y la existencia de dicha red, le permitió al gobierno de Duhalde recuperar el “timón” de la crisis y llegar a un proceso eleccionario en relativa calma y crecimiento.

También se menciona como ejemplo de consensos al Pacto de la Moncloa en España, donde luego de la muerte del dictador Franco, se establecen una serie de acuerdos básicos entre actores políticos que habían estado enfrentados en una guerra civil. España, luego de dicho pacto comenzó a mostrar síntomas de “progreso” en su cultura política y poco a poco se fue transformando en un país desarrollado que es parte de la Unión Europea.

El problema de Argentina, no es la economía, no lo son las reglas o las instituciones, ni “la política” en sentido amplio... El problema es “una” cultura política (especialmente en los sectores dirigentes) que no genera acuerdos entre las distintas posturas económicas, políticas, sociales. Es necesario construir acuerdos mínimos, básicos y compartidos por la mayor parte de los actores políticos argentinos. Cuando nuestro país tuvo ciertos consensos básicos bien en claro (la generación del 80) se logró uno de los mayores esplendores de nuestra nación. Incluso en los años 60, cuando había una creencia común respecto del desarrollismo o cierta industrialización (a pesar de estar proscripto el peronismo y que los militares continuaban dando golpes de estado) los indicadores de crecimiento argentinos no fueron malos. Por ello, ahora que hemos reencontrado un mecanismo que permite la rotación de los gobiernos (la democracia), no podemos dejar de trabajar en consensos básicos que nos permitan establecer los “comunes denominadores” para realizar políticas de estado, sencillas y concretas que establezcan una línea a partir de la cual se puedan buscar otros logros a conseguir. Acuerdos, nada más y nada menos que acuerdos.

* Por Alejandro M. Estévez, profesor UBA/UTDT/UNLZ y Mariano Boiero, profesor UNLaM/UNLu/UNLZ.