El abuso sexual de un niño/a o de un(a) adolescente es ante todo un gesto de violencia. Más allá que sea o no acompañado de violencia física, se agrega la existencia de una violencia psíquica, las dos caras de Jano siempre presentes.
Encuestas epidemiológicas realizadas en aproximadamente 24 países, muestran que el abuso sexual es un real peligro para 5 a 20% de todos los niños, las niñas teniendo entre 2 y 3 veces más riesgos que los varones. El abusador es un depredador que toma al otro como una presa. Niega la existencia del otro como persona y agrede su subjetividad, tanto física como psíquica, y más allá que el cuerpo pague un tributo, lo deja simultáneamente devastado en su psiquismo. No es evidente encontrar un perfil psicológico de un abusador, su modo de funcionamiento psíquico puede ser muy variado, y siempre exige considerarlo en su singularidad. Es impredecible quien puede ser un abusador. Quizá el común denominador sea la ausencia de compasión por la persona que somete desde un abuso de poder, persona que no es considerada como tal sino como una presa, como un fetiche al servicio de su satisfacción pulsional. Intenta ocupar un lugar de omnipotencia narcisística en el cual se sienta todopoderoso respecto al otro, que en realidad cosifica.
Se acercan a niños en situación de vulnerabilidad de manera aparentemente comprensiva y “afectuosa”, en realidad, extorsionadora. A la demanda de afecto del niño responde con la estafa de la erotización. La coerción hacia los menores puede ser ejercida por la fuerza, la amenaza, el chantaje, o la seducción (dimensión hipnótica). El menor, por su inmadurez física y psíquica no está en condiciones de dar su libre consentimiento. Este acto tiene por consecuencia generar una injuria psíquica cuyo efecto disruptivo puede manifestarse inmediatamente en forma de síntomas psicopatológicos (depresión, tentativas de suicidio, encopresis, anorexia, bulimia, etc) o alojarse en forma de quiste, en silencio, en el inconsciente y hacer eclosión muchos años más tarde, en la adultez, como una verdadera bomba de tiempo. Quizá cuando la persona ha retomado fuerzas para ponerle palabras a lo acontecido.
En las vivencias de la persona abusada prevalecen los sentimientos de culpa, de vergüenza de su propio cuerpo, de desvalorización y de auto-agresión, que pueden llevarlo a producir todo tipo de síntomas, pero cuya expresión más grave es la auto-mutilación o el suicidio. En el abusador lo más frecuente es la negación y la ausencia de culpabilidad. Es importante que en el momento de la revelación por parte del niño/a o adolescente, el adulto que recibe su relato no juzgue ni opine, sino que desencadene los mecanismos necesarios para su protección. Los padres, las instituciones educativas y la sociedad más tarde exigen a menudo del niño, desde su más temprana infancia, que responda afirmativamente a las propuestas del adulto. El adulto espera un si por parte del niño, en función de los principios educativos que hemos heredado del siglo de las luces y de las religiones. Responde así a un ideal educativo que coloca al adulto en un lugar omnisciente. Son los resabios de la figura del pater familias heredado de la época romana: tenía poder arbitrario de vida o muerte sobre el niño, siendo el estatuto jurídico de éste último equivalente al del esclavo.
La línea contra el maltrato infantil ya recibió cerca de 3 mil llamadas
La concepción del niño como sujeto de derecho es de aparición reciente en la historia de la humanidad. Es fundamental legitimar al niño en su derecho a decir no a un mayor cuando la propuesta sea vejatoria de su condición de persona. Requiere que el niño se sienta sostenido por parte de los adultos en los cuales confía, que validen que su cuerpo es su cuerpo y que solo a él le pertenece. Que se lo considere como un sujeto capaz de un discurso válido para que la justicia valore su testimonio. No está de más insistir en que el abuso sexual no lo es sólo de su cuerpo, es ante todo un abuso de su persona, un ataque mayor a su propia subjetividad en devenir. Si bien es su cuerpo que paga inicialmente tributo, es toda su identidad que queda atrapada en la cartografía del lenguaje sexual del adulto abusador. Teniendo en cuenta que al momento de la violencia sexual la persona queda paralizada, tetanizada, existe desde hace treinta años en Francia y recientemente en Argentina, una ley que establece que dicho delito no prescribe en los plazos habituales sino con posterioridad al haber alcanzado la mayoría de edad.
Otra ley interesante a considerar por el poder legislativo de nuestro país y, que ya existe en Francia, consistiría en establecer que el delito sexual hacia menores cometido por cualquier ciudadano en territorio extranjero, cualquiera sea el país, será juzgado por las leyes en territorio de nacionalidad del ciudadano. Se combate las vejaciones cometidas por paidófilos en cualquier territorio promocionado por el mal llamado “turismo sexual”. La violencia sexual no es extraterritorial. No tiene el privilegio de un fuero propio. Ocurre en el territorio privado del cuerpo del niño devastado por el violador que arrasa con su subjetividad. Enseñar a un niño su legitimidad a rechazar ese tipo de propuestas, no puede sin embargo lograrse sino en un contexto social de libertad ciudadana y democracia. Disponer del cuerpo del otro ha sido siempre la manera de manifestarse de los sistemas totalitarios, públicos, privados o corporativos.
Por dicho motivo es crucial que los sistemas democráticos fomenten en los niños a través de la educación y de programas de prevención, la posibilidad de ejercer el derecho a decir no, condición no suficiente pero necesaria para proteger a la infancia y promover en los niños su propia capacidad de cuidado. Consecuentemente, requiere por parte de las instituciones que se ocupan de la infancia admitir que cuando algún adulto quiebra el contrato social de respeto a los niños es imprescindible que sean juzgados y no pretendan ampararse de manera inadecuada en una lógica corporativa. Está en juego la salud mental de los niños y de manera concomitante, la credibilidad de las instituciones sobre las cuales se basa la ley simbólica del contrato social.
