En épocas en que las (re)negociaciones con el Fondo Monetario Internacional han ingresado en el centro de la escena política, económica y comunicacional, resulta indispensable configurar ciertos marcos analíticos que permitan comprender cuáles son las obligaciones que, en materia de derechos humanos, debe cumplir el Estado argentino.
A modo de introducción, es importante remarcar que el Poder Ejecutivo Nacional y el FMI son corresponsables del incumplimiento de la disposición contenida en el artículo VI del acta constitutiva del organismo. Dicha cláusula dispone que "ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital".
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En dicho sentido, como afirma Marcelo Krikorian, el FMI en tanto órgano especializado se encuentra vinculado a la ONU a través de acuerdos de cooperación. ¿Qué implica ello? Que es deseable que se armonice la dimensión económico/financiera con los derechos humanos. Éstos no son abstractos. El sistema universal de promoción y protección de los derechos fundamentales se encuentra instituido en torno a Organización de las Naciones Unidas. La República Argentina ha suscripto Tratados Internacionales y se ha obligado a dar cumplimiento a los mismos.
¿Cuál es el contenido de los Tratados? En primer término reconocen derechos. Luego, establecen obligaciones para los Estados que los firman, quienes con su ratificación (y entrada en vigencia), deben garantizar, en condiciones de igualdad, los derechos allí consagrados. ¿Qué derechos? Vida (vida digna), educación, alimentos, salud, vivienda, asociación sindical libre, trabajo, desarrollo, ambiente sano, entre muchos otros. En nuestro país, todos ellos se encuentran constitucionalizados tras la reforma de 1994, y son exigibles, es decir, se puede pedir al Estado que garantice su ejercicio.
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A su vez, debemos situar el foco en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por los que el Estado argentino se comprometió también a implementar políticas públicas que tiendan a alcanzar, entre otras, hambre cero, salud, educación, fin de la pobreza, reducción de las desigualdades. Entonces... ¿Qué tiene que ver todo esto con Argentina, el FMI y la ONU? Todo.
El Fondo Monetario propuso un plan de acción cuyos resultados están a la vista: subió el índice del desempleo, la pobreza, la economía se estancó (derecho al desarrollo), se redujo la inversión en educación y salud. En líneas generales, podemos afirmar que los términos del acuerdo han implicado el incumplimiento de cláusulas constitucionales, dado que, desde su origen, redundaron en la vulneración de los derechos allí reconocidos (artículo 75 inciso 22).
¿Por qué se puede afirmar que existió incumplimiento de cláusulas constitucionales? Dado que uno de los principios centrales de los derechos humanos (principio/obligación) es garantizarlos en términos de progresividad. Esto quiere decir que siempre tiene que haber más derechos consagrados y mejores condiciones de ejercicio. Como se aprecia en todos los indicadores socioeconómicos, la República Argentina ha ido hacia atrás, es decir, hubo regresión.
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Argentina debe rendir cuentas por el estado de ejercicio de sus derechos ante los organismos internacionales. Parece que en los próximos exámenes nos irá bastante mal. En dicho sentido, consideramos que nuestro país debería solicitar a la Organización de las Naciones Unidas, y a sus Órganos de Tratados, que adviertan al FMI para que se abstenga de continuar promoviendo prácticas lesivas de derechos fundamentales. La ONU debe funcionar, como afirma Krikorian, con una "competencia de armonización general en los campos económico, social, cultural y técnico". En efecto, a nuestro Estado le exigen hoy ajuste y recorte por un lado, y que garantice los derechos humanos por el otro. Frazada corta.
En tiempos en que el término “república” se encuentra cautivo de una malversación (signada por la intencionalidad electoral de un grupo político), resulta indispensable colocar la Constitución por encima de las personas y los proyectos partidarios. Argentina deberá pagar sus deudas. Ello se encuentra fuera de debate. El punto de revisión debe ser el cómo. Hay que hacerlo en forma soberana, respetando la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que obligan a nuestro país a garantizarlos.
Jerónimo Guerrero Iraola - Director de Proyectos Centro de Estudios para la Gobernanza.
Germán Jáuregui - Director de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Centro de Estudios para la Gobernanza
