OPINIóN
Sueldos, haberes jubilatorios y pensiones

Cuando ninguno de nosotros tenga privilegios, todos los tendremos

Argentina ha tendido a dividir a su población no solo en clases sociales, sino a la creación de castas.

La irritante inequidad con los jubilados más vulnerables
El autor analiza cómo el Presupuesto 2019 impide que los jubilados que menos ganan puedan incrementar sus magros ingresos con un trabajo extra. | CEDOC PERFIL

Ya trascendidos los datos oficiales que transparentó el Gobierno dirigido por Alberto Fernández, a través de un informe técnico de la Dirección de Programación Económica del Ministerio de Trabajo, es de público conocimiento y motivo de consternación de parte de la clase trabajadora los abultados sueldos, haberes jubilatorios y pensiones que cobran los funcionarios del Poder Judicial en líneas generales.

En el orden del día de la agenda gubernamental, el tema es sin duda uno de los más candentes, pero sin dudas no hay que detenerse en el mero análisis de montos percibidos a principio de mes, sino a la generalidad de privilegios. Argentina, a lo largo de su historia ha tendido a dividir a su población no solo en clases sociales, mandato del que ningún país puede prescindir, sino a la creación de castas, un verdadero sistema de estratificación social gestado a partir de condiciones hereditarias o genéticas con un cerrojo endogámico.

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¿Cómo no apoyar una ‘‘Reforma Judicial’’ si entre sus principales puntos se empiezan a cuestionar sus privilegios previsionales? La teoría instalada en el colectivo imaginario de que quien tiene responsabilidades altas en la gestión de la res publica que son altamente vulnerables ante las tentaciones del submundo de las asociaciones ilícitas pareciera que solo nos sirve a los argentinos para justificar la interminable lista de privilegios de todo aquel que ocupe un cargo, electivo o no, en cualquiera de los tres poderes del Estado de la teoría clásica.

Sin embargo, el primer eslabón de la cadena de la Justicia es el agente policial: ¿Por qué no les pagamos extremadamente mejor a ellos, mucho más frágiles a la hora de corromperlos por el contexto en donde se mueven? ¿No cortaríamos así el hilo realmente por su parte más delgada? Y siguiendo en esta discusión, que aunque grite y patalee, no puede salir de su condición inherentemente estadista, ¿Por qué no le pagamos mejor a nuestros docentes, si también está instalado en la mayoría de las conciencias, sea por demagogia o por convencimiento, que la educación es la principal solución de casi todos los males de una comunidad, y principalmente, del hampa?

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La cuestión, al fin y al cabo, se vuelve a trabar: por donde veamos, habrá una corporación que pedirá privilegios por sobre los demás y seguramente podrá justificarlos. Unas FFAA equipadas ante cualquier conflicto bélico; inversión en TIC’s para formación de nuestros niños, niñas y adolescentes; científicos dotados de prestigio, tecnología y un sinfín de herramientas para apostar al progreso; jueces bien remunerados para que no puedan ser cooptados por poderes de facto, legisladores y funcionarios públicos con abultados sueldos para garantizar que se dediquen a su labor parlamentaria o ejecutiva de forma integral y sin miedo de que terminen defendiendo intereses de otros stakeholders.

No solo a los fines de construir justicia social y que los jueces comiencen a pagar el Impuesto a las Ganancias que esquivan gracias a una insólita interpretación de la Constitución Nacional, sino a la imperiosa necesidad de equilibrar nuestro devastado sistema de previsión, que hoy no puede hacer frente al pago de jubilaciones y pensiones dignas para los connacionales que han aportado durante décadas a pesar de los esfuerzos gubernamentales en subir sus haberes con una formula u otra. No solo para destruir un sistema de castas insólitas, como la de los funcionarios del servicio exterior, la mal llamada familia judicial o la otorgación discrecional de prerrogativas y concesiones a cualquier grupo que defienda sus intereses de manera genuina: debemos equilibrar las cuentas, de una vez, para poder afrontar las necesidades mínimas e indispensables y luego poder dar lugar a la discusión, según el contexto geopolítico y socioeconómico en el que nos encontremos, de a qué componentes de nuestra sociedad vamos a ayudar un poco más. Hoy no tenemos otra opción, tiene que ser a los de abajo, para quienes ir al mercado ya es todo un privilegio.

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Este país debe ponerse de pie otra vez, encender el motor productivo, el desarrollo de infraestructura, recuperar el superávit fiscal, reinvertir una vez más para lograr el de la balanza comercial y ponerse un horizonte claro, sin distinción de banderías políticas: invertir en progreso.

Es correcta la primigenia decisión de cortar con algunos de los privilegios de hoy y que esto derive en terminar con todos los demás: cuando ninguno de nosotros tenga privilegios, todos los tendremos.