Tras la media sanción en Diputados a la reforma de su régimen especial jubilatorio, los diplomáticos se preparan para el desenlace inevitable, con pocas o nulas expectativas de lograr algún cambio durante el tránsito del proyecto por el Senado. Crecen, en simultáneo, los planteos para elevar la puja a un nuevo plano, el de la judicialización, a la par de inquietudes entre aquellos en edad de retiro por acelerar sus trámites por temor a que sobrevengan nuevos cambios a futuro.
De momento, no hay una estrategia consensuada a nivel orgánico, aunque se multiplican las consultas por parte de los diplomáticos a sus representantes gremiales. En una reunión ayer de la Asociación de Profesionales del Servicio Exterior de la Nación (Apsen), la entidad que nuclea a los funcionarios de carrera diplomática, los abogados que se ocuparon de analizar el proyecto oficial y labrar uno alternativo con sus modificaciones al régimen, atendieron consultas sobre diversos aspectos de la ley que despiertan dudas.
La reunión tuvo menos tensión a la esperada, tras decidirse abrir el encuentro de la comisión directiva a los afiliados interesados. Luego las autoridades del Apsen debatieron a puerta cerrada la respuesta oficial en forma de comunicado en el que remarcaron un “profundo malestar” con el texto aprobado por Diputados.
Aunque evitaron hablar de litigios en forma explícita, la estrategia judicial se mantiene como la última carta y a ello aludió el gremio de forma tácita en el último párrafo del mensaje. Lo que se debate, no en forma oficial, es el modo que debería adoptar: una presentación colectiva o acciones de determinados afiliados.
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En esencia, lo que más preocupa al cuerpo diplomático es el articulo 13 de la ley, que abre una grieta entre los futuros ingresantes a la carrera –formarán parte del régimen común– y los funcionarios actuales, que quedarán englobados dentro de la versión “atenuada”, como la llaman de modo informal.
Por eso, al exponer en el plenario de comisiones el miércoles, la presidenta del Apsen, Marta Insausti de Aguirre, lo describió como una “derogación”. Y el comunicado de ayer volvió sobre esa idea, “estableciendo así dos categorías distintas de funcionarios del Servicio Exterior”, “desconociendo la especificidad de la función diplomática y a la vez contradiciendo el propio Decreto convocante” que hablaba de reforma.
Desde 2018 cuando el gobierno de Mauricio Macri amagó con avanzar en una modificación del régimen previsional del servicio exterior, las consultas al gremio por parte de aquellos funcionarios en edad jubilatoria se multiplicaron de manera exponencial. En las últimas semanas, la misma inquietud se extendió otra vez.
Acorde al régimen actual, los diplomáticos y diplomáticas de carrera se retiran a los 65 años. No obstante ello, para quienes alcanzan los rangos superiores de ministro y embajador se les permite continuar en funciones hasta los 67 y 70 años, respectivamente. Actualmente, hay unos 40 de esos funcionarios en edad de retiro. Y por las características propias de la carrera coincide, en muchos casos, con algunos de los más experimentados y preparados del cuerpo.
“No nos aferramos a ningún orden preestablecido persiguiendo algún interés particular ni corporativo”, demandó el comunicado del Apsen, recordando los intentos de acercar posturas antes y después de la presentación del proyecto de ley. Y aunque tampoco lo mencionó de forma tajante, se trasluce cierto malestar por la recepción que sí tuvieron las demandas de los judiciales –con las modificaciones consecuentes al texto– frente a los reclamos propios.
Faurie solicitó su jubilación pero la Anses no se la otorgó aún
A Jorge Faurie, el último canciller del gobierno de Mauricio Macri, todavía no le salió la jubilación, pese a que ya presentó los papeles a comienzos de enero y, desde entonces, no tuvo más novedades por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En el organismo aseguran que se encuentra dentro de los plazos habituales.
Faurie cesó en sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores de la Nación el 10 de diciembre con el cierre de la administración de Juntos por el Cambio. Sin embargo, como diplomático de carrera, con 67 años en ese momento, continuó activo dentro del servicio exterior con rango de embajador. Según el viejo régimen especial, quienes alcanzan este escalafón pueden proseguir en funciones hasta los 70 años.
Pese a ello, Faurie requirió el cese tras acumular 44 años y 10 meses de aportes para lo cual necesitó primero de la firma de su sucesor, Felipe Solá, lo que le habría tomado algunas semanas conseguir, aseveran en su entorno. Solo luego pudo presentar la documentación en mesa de entradas de la Anses, a comienzos de enero.
Consultados al respecto, desde el organismo no dieron precisiones sobre el caso del excanciller si bien remarcaron que transita dentro de los “tiempos normales”. Ya en el pasado, el gremio que nuclea a los funcionarios diplomáticos había advertido cierta mora con los funcionarios del servicio exterior entre el momento en el que presentan sus papeles y el cobro del primer haber.
Faurie, que por estos días escogió el bajo perfil, hasta ha silenciado sus redes sociales. Reparte su tiempo entre su Santa Fe natal,donde vive su familia y sueña con una carrera política, y Buenos Aires. Mientras, prepara sus valijas para un próximo viaje de conferencias a Portugal.
