Una de las manifestaciones más relevantes del populismo que tanto criticamos es el que podemos llamar “populismo legislativo”, es decir, el que surge a la hora de crear nuestras leyes.
Explicaré en esta nota de qué se trata, incluso con ejemplos, pero para ello debemos empezar dando una somera noción de lo que es, y lo que no es, el populismo en general. No es una ideología política porque hay populismos de derecha y de izquierda. Tampoco es una doctrina de un partido político porque hay populismo en muchos partidos, incluso entre los que a primera vista parecen muy distintos.
Podría decirse que el populismo es un tipo de discurso y una forma de acción política que pueden estar presentes en gobiernos de cualquier signo y que puede identificarse con algunas características básicas, a veces visibles y a veces no tanto.
¿Qué características tiene el populismo?
Por un lado es caudillista: el populismo entroniza a un líder como intérprete de la voluntad popular para justificar así el avasallamiento de las instituciones (Justicia, Poder Legislativo, Banco Central, órganos electorales, prensa libre, alternancia en el poder, transparencia de los actos de gobierno, etc.) porque no es el líder quien actúa sino “el pueblo” a través suyo. Y el pueblo no debe estar limitado. El populismo es así la negación del Estado del Derecho, que es el imperio de la ley como oposición al imperio de la voluntad de una persona.
Es también muy divisivo: busca estratégicamente enfrentar a “nosotros” con “ellos” para fomentar seguidores fanáticos y enardecer pasiones neutralizando toda racionalidad en el análisis y el debate.
Obviamente es estatista ya que el populismo solo es posible con un Estado omnipresente y una sociedad débil. No es casual que la riqueza disminuya con el populismo: quienes la crean se ven oprimidos por impuestos, burocracia y corrupción y florecen los negocios con el Estado. Un mercado libre es la mejor vacuna contra el populismo.
El clientelismo es otro rasgo de los gobernantes populistas, que no quieren partidarios sino “clientes” que les deban lo que tienen. Ex profeso se generan necesidades que luego se ofrecen satisfacer, con suerte, gracias a la generosidad del líder. Eso exige dificultarle a la sociedad la autosuficiencia y culpar a terceros por esas dificultades. El líder debe contar con los recursos y el poder suficientes para satisfacer las necesidades del pueblo. Por eso el populismo es fuente de corrupción y autoritarismo.
Es cortoplacista por naturaleza. Se busca el reconocimiento inmediato y el agradecimiento directo al líder. Los recursos se dilapidan y el futuro no existe. Inexorablemente, a los ciclos populistas le siguen crisis económicas y tiempos difíciles. Se sacrifica el futuro por el presente. Por eso el populismo es el enemigo máximo de nuestros hijos.
Finalmente, está la “pata cultural” de todo proyecto populista. Hay que convencer a la sociedad de las virtudes y la generosidad del líder, de la imposibilidad de autosuficiencia, de las culpas de terceros, de la necesidad de un Estado omnipresente y, a la vez, de ignorar a las instituciones. Todo eso requiere controlar el discurso, la enseñanza y el debate, lo que explica que los populistas quieran controlar los medios de comunicación, instalar nuevos lenguajes o “neolenguas” e invisibilizar a los disidentes.
También explica el adoctrinamiento escolar y la colonización de la gobernanza y docencia universitarias.
El populismo en la función legislativa
Todas estas características se pueden ver, con mayor o menor claridad, en la función legislativa.
Tenemos propuestas legislativas con total irresponsabilidad fiscal, en infinidad de casos con creación de organismos públicos y asignaciones presupuestarias futuras sin absolutamente ningún análisis del impacto en las cuentas públicas y en el bolsillo del contribuyente.
No es nada infrecuente ver proyectos de expropiaciones de propiedades privadas para adjudicárselas a los ocupantes, muchas veces aún existiendo juicio de desalojo iniciado por el propietario. Este desprecio por la propiedad privada es icónico en el populismo. En búsqueda de un reconocimiento efímero y particular se sacrifica nada menos que el derecho de propiedad. La enorme mayoría de esas expropiaciones se fundan en un sentimentalismo, también típico del populismo, que termina arrasando con todo atisbo de constitucionalidad. Así, la “utilidad pública” de la que habla la Constitución puede ser perfectamente un taller en el que quedaron sin trabajo sus empleados, una sede de un club o una casa de una asociación de fomento. El Estado compromete sus recursos públicos para mostrarse sensible con grupos muy pequeños de personas, en el extremo opuesto del “bien común”, que en muchos casos son, también, ocupas.
Proponen prohibir las viviendas ociosas en CABA: pasarían a ser alquiladas obligatoriamente
La ley de alquileres de 2020 es un gran ejemplo de irresponsabilidad y populismo legislativos. Supuestamente se pretendió “proteger” al inquilino, imponiendo exigencias ridículas al locador, como si fueran dos “bandos” y como si se pudiera complicarle la vida alegremente a una parte del contrato sin que la afecte a la otra. Obviamente, los alquileres se dispararon por la reducción de la oferta y el incremento artificial inducido por la ley, todos efectos completamente previsibles.
¿Por qué funciona el populismo?
Así vemos dos vicios legislativos extremadamente comunes e inherentes al populismo. Por un lado, “parcelar” la sociedad y legislar para un sector determinado, en este caso los inquilinos; por otro lado, legislar suponiendo que se puede imponer toda la carga de un contrato o relación a una de las partes sin que la otra se vea afectada: el pensamiento mágico, también propio del populismo.
De esa manera se legisla para “proteger” a inquilinos de locadores, a empleados de empleadores, a consumidores de empresas, a deudores de acreedores. Se supone que siempre hay un “débil” al que hay que proteger del “fuerte”.
Con toda lógica, esto deriva en hiperinflación legislativa (se cree que todo conflicto se resuelve con una ley, con total desprecio por la interacción humana voluntaria), en leyes incumplibles, en un aumento de las simulaciones (casi siempre con acuerdo de ambas partes para evitar las barreras absurdas de las leyes), y, en general, en una sociedad habituada a sustraerse a la ley.
El fracaso estrepitoso e histórico de nuestra legislación laboral obedece a que adolece de todos estos vicios. Se crean supuestas protecciones y condiciones económicas mínimas que, al resultarles incumplibles a la gran mayoría de las pymes del país, terminan impidiendo la creación de trabajo o, en el mejor de los casos, generándolo al margen de la ley.
El populismo legislativo laboral explica, antes que cualquier otra razón, el desempleo, el empleo en negro y la falta de inversiones.
La ridícula ley de góndolas pretende evitar “prácticas monopólicas” en los supermercados, posiblemente el rubro con mayor competencia de la economía, y “bajar los precios”, abonando la estupidísima tesis según la cual la culpa de la inflación es de los supermercadistas. Increíblemente, el texto regula minuciosamente la distribución de los productos en las góndolas, con detalle de medidas, porcentajes y precios. Gran ejemplo de intervencionismo estatal exorbitado y de desprecio por la libertad y criterio de proveedores y consumidores. La imposibilidad de incumplimiento es evidente al igual que sus seguras consecuencias: uso extorsivo por el gobierno, inducción a la ilegalidad, desabastecimiento y suba de precios.
Leyes como la de paridad de género, la que impone un número oficial de desaparecidos, o la que establece un curso obligatorio de capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres, son abiertamente inconstitucionales y contrarias al más elemental sentido común pero igualmente se impulsan y aprueban para exacerbar pasiones, galvanizar el fanatismo de sectores muy específicos y congraciarse con una “intelligentzia” muy minoritaria, todo con total desapego por el sentir de la mayoría de los ciudadanos.
Por otro lado, particularmente populista es la tendencia a legislar para sectores y no para la comunidad toda.
Así vemos cómo se legisla en contra de las grandes superficies para proteger a pequeños comercios, en contra de empresas farmacéuticas para proteger a pequeños farmacéuticos, en contra de aplicaciones de transporte privado para proteger a los transportistas instalados, en contra de la libre elección de obra social para proteger a la obra social estatal existente, en contra de la liberación de ciertos servicios concesionados como la VTV, para proteger a los concesionarios actuales, en contra de la derogación de feriados ridículos e innecesarios para proteger a sus beneficiarios, y así mil etcéteras más.
En ninguno de estos proyectos se piensa en el bien común o la sociedad en general. Ni el consumidor, ni los futuros inversores y trabajadores son considerados.
Legislar para un sector y no para toda la comunidad es exactamente lo opuesto a lo que debe hacer un legislador.
Por ello, el objetivo de este artículo es, a corto plazo, concientizar sobre este fenómeno, el populismo legislativo, para estar alertas y tener los elementos para apoyar o resistir proyectos legislativo; y a largo plazo, promover un cambio cultural profundo, promoviendo los valores de la Libertad, la responsabilidad individual, la no dependencia del Estado y la búsqueda de la felicidad por los propios medios.
*Guillermo Castello, diputado bonaerense y presidente del bloque de Avanza Libertad.
