Hoy, las relaciones interestatales atraviesan una crisis grave. Es evidente un desequilibrio en el sistema de gobernanza global incluyendo la infraestructura de las instituciones internacionales creadas en su marco. Es obvio que muchas de las mismas no sobrevivirán la turbulencia actual en el escenario mundial. Unas, por su inercia y falta de voluntad para adaptarse a las nuevas realidades. Otras, debido al hecho de que, habiendo sido concebidas como herramientas para mantener el orden global, se han convertido en instrumentos para ajustar cuentas geopolíticas.
Al igual que Argentina, Rusia estuvo a la vanguardia de la creación de la Corte Penal Internacional. Su aparición fue el resultado del deseo idealista de la humanidad de formar un órgano permanente de justicia internacional, cuya competencia incluiría el enjuiciamiento de los culpables de los delitos penales más graves, incluido el genocidio. Al firmar el documento fundacional dela CPI, el Estatuto de Roma, muchos gobiernos partieron de que con el tiempo ésta obtendría el reconocimiento universal.
Sin embargo, Rusia (como algunos otros países) posteriormente retiró su firma. Los resultados prácticos de las actividades de la CPI demuestran que fue un paso acertado. A lo largo de más de 20 años de su existencia, con un presupuesto multimillonario y una impresionante plantilla de casi 900 empleados, la Corte ha emitido pocas decisiones, algunas de las cuales no pueden considerarse imparciales.
En los últimos años, prácticamente no había nuevas adhesiones al tribunal; desde 2015 tan solo cuatro Estados. Al mismo tiempo aumentó la cantidad de los que retiraron su firma del Estatuto. Entre sus miembros no se encuentran los países más grandes en términos de población – India y China, tampoco están Rusia, los Estados Unidos, Vietnam, Indonesia, Pakistán, Turquía, Egipto, Arabia Saudita y otros países influyentes.
Ahora bien, para muchos resulta obvio que el Occidente suele utilizar esta estructura para resolver sus problemas egoístas y oportunistas. Al centrarse primero en la investigación de los conflictos en Africa, el CPI atrajo críticas justas por tal desequilibrio geográfico que era consecuencia de la inercia colonial del Occidente.
En ciertos casos la presentación de cargos por parte de la Corte contra líderes de varios países o partes en pugna resultó ser un gran obstáculo para la solución política de conflictos y la reconciliación interestatal y nacional. Fueron especialmente rechazados los intentos de la CPI de procesar a los vigentes jefes de Estado en violación de las normas internacionales sobre inmunidades. En el caso del Presidente sudanés Omar al-Bashir, esta práctica desató un importante enfrentamiento entre la Corte y la Unión Africana.
La CPI no es solamente ineficaz, sino parcial. Un claro ejemplo de éste son los intentos inútiles de organizar procesos penales contra el personal militar estadounidense en Afganistán, a pesar de que se conocen con certeza más de 60 episodios de tortura y maltrato a detenidos. Washington ejerció una presión sin precedentes sobre la fiscal, imponiendo sanciones personales contra ella, varios empleados de la secretaría de la CPI y sus familiares. Todas las personas físicas y jurídicas sospechadas por los Estados Unidos de colaborar con la Corte en el desempeño de sus funciones estaban bajo amenaza de sanciones secundarias. Como resultado, el caso quedó “en pausa”.
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Otra cosa que plantea preguntas es el sistema de financiación de la CPI, que permite reponer su presupuesto mediante contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, así como personas jurídicas e individuales. Está claro que de esta manera los “patrocinadores” de la Corte mandan, presionando para que tome decisiones parciales.
La apoteosis de la degradación de la CPI fue la reciente emisión de “las órdenes de detención” de los dirigentes rusos. Para nuestro país, que no es parte del Estatuto de Roma, estas “órdenes” no tienen efectos legales. Partimos del hecho de que todos los Estados, sin excepción, tienen la obligación de respetar la inmunidad de los funcionarios rusos de la jurisdicción penal extranjera.
De este modo, la buena idea que había guiado a los padres fundadores de la Corte se llevó a la práctica de una manera completamente diferente. La CPI resultó ser un costoso juguete burocrático utilizado por los “inversores” occidentales en su propio interés.
Hoy, Argentina está atravesando grandes cambios relacionados con la voluntad de nuevas autoridades de revisar muchas de las costosas e ineficaces decisiones tomadas en el pasado. Quizás valga la pena analizar si sirve ser miembro de la CPI, tal como lo hizo Rusia en su momento.
