Hace algunos días el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años. La decisión se suma a las ya tomadas por el Senado australiano en 2024, la primera ministra de Dinamarca en 2025 y la Asamblea Nacional de Francia a principios de este año. El mensaje es claro: protección a los menores. No obstante, hay muchas inexactitudes cuando se aborda el análisis de este tema.
Uno de los errores más comunes, tal vez más anclado en una cuestión maquillada de ideológica, es caer en la dicotomía entre libertad y control. En esta era donde se pone en tela de juicio absolutamente todo, el incursionar en los senderos de la “libertad vs control”, como los dardos cruzados entre Elon Musk y el propio Pedro Sánchez, solo nos desvían de los verdaderos ejes de discusión: las afecciones socioculturales y las problemáticas intrínsecas de las propias redes sociales.
En ese primer bloque se desnudan una infinidad de desbordes del sistema educativo por la falta de atención del alumnado producto del consumo incesante y, en algunas ocasiones extremo, de las redes. Esto no solo tiene un inevitable impacto en la salud mental de los adolescentes que está en constante tensión sino que también amplifica algunos conflictos sociales como el bullying y su corriente digital (ciberbullying), entre otros aspectos.
Allí también podríamos incluir la exposición demasiado temprana de los menores en temas y dinámicas para las que no tienen madurez emocional alguna. Por otro lado, en el segundo bloque, podemos encapsular los comportamientos que generan ese scroll infinito y la recompensa de dopamina que conlleva esa ilógica lógica de validación social por lo que se publica.
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La intervención o involucramiento –según el lado del que quiera ser analizado– del Estado esconde un montón de matices que se refugian detrás de las causas obvias. La evidencia acumulada da cuenta de que las redes sociales causan aumento de ansiedad, depresión adolescente, trastornos del sueño y déficit en la concentración. Es tan evidente eso como lo es el silencio de las plataformas al respecto, más allá de caer en la dicotomía de reconocer los riesgos en algunos documentos internos pero rechazar las regulaciones externas.
Dicha intervención –para los más radicalizados– o involucramiento –para los más moderados– dan cuenta del fracaso del propio Estado en la estratósfera digital. Los Estados han perdido el control del entorno digital, algo que en el plano de los adultos puede permitirse (o no) pero en la infancia resulta intolerable.
Es el propio Estado que está en una posición de debilidad que viene in crescendo dado que no diseña plataformas (y en muchos casos hasta tiene poca o nula injerencia en el desarrollo) ni comprende los algoritmos ni tampoco entiende del todo la lógica de atención que subyace desde el ecosistema digital.
Estos son algunos argumentos que hacen que intervengan o se involucren, aunque esa entrada en la escena sea tardía, al igual que ocurre con las leyes que corren muy por detrás en cuestiones digitales. En este escenario, el accionar solo queda subsumido, entre otras acciones concretas, a cuestiones regulatorias –que puedan ser más o menos estrictas– y la defensa y protección de los Derechos del Niño.
El debate sobre las redes y los menores no se trata de una pulseada sumergida en ideologismos entre conservadores, tiranos, libertarios y/o populismos, sino en una discusión incómoda respecto de responsabilidad, diseño tecnológico y límites. Negar los efectos negativos ya no parece ser una posición ideológica sino una forma de evasión.
