Más allá de las similitudes y diferencias entre los 193 estados-miembros de las Naciones Unidas y demás territorios no reconocidos como tales, así como entre las distintas regiones alrededor del mundo, prácticamente todos (los países/los gobiernos/las democracias) cuentan con una suerte de “Poder Legislativo” con competencias diferenciadas, de algún modo, de la rama ejecutiva de los gobiernos y del Poder Judicial. Se supone, en principio, que es el único poder que representa integralmente en conjunto como cuerpo, a los ciudadanos, a la gente común, a los 7.800 millones de personas que viven en el planeta.
Es innegable que vivimos en un mundo profundamente convulsionado, con avances científicos y tecnológicos imparables asociados a procesos de innovación cada vez más veloces y dinámicos que ponen a prueba a las instituciones: vehículos no tripulados; robótica e hiperautomatización; el metaverso; la inteligencia artificial; la clonación; la biología sintética; el análisis predictivo y la utilización cada vez mayor de algoritmos para el diseño e implementación de políticas públicas, entre tantos otros.
En este contexto, el debate sobre el futuro de los Parlamentos, que se da entre académicos y parlamentarios de distintas partes del mundo, actualmente se enfoca en temáticas como la transformación digital; la necesidad de implantar un modelo de legislación informado en evidencia científica provista a través de servicios robustos de información e investigación; la introducción de mecanismos para garantizar la efectividad de las leyes; el presupuesto y la proyección e impacto de las leyes en términos económico-financieros; la profesionalización de la diplomacia parlamentaria y el involucramiento de los Parlamentos en asuntos globales; la revitalización de la cooperación interestatal e inter-parlamentaria; el Parlamento Abierto, participación ciudadana, transparencia e integridad; la revisión de los regímenes de delegación y de emergencia ante el avance del Poder Ejecutivo sobre competencias del Poder Legislativo; y la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos y herramientas necesarios para brindar un control parlamentario efectivo sobre los demás poderes, entre otros.
Y pese a acordar en la centralidad de los Parlamentos para las democracias, en muchos casos también reconocen un recorte de sus competencias del que se derivan tanto un peligroso debilitamiento como un imprudente empobrecimiento de su accionar, así como bajos niveles de confianza y credibilidad.
Señala el último Informe Parlamentario Mundial de la Unión Interparlamentaria, de 2022, que “en un mundo imbuido en una rápida transformación, es necesario que los Parlamentos sean receptivos, adaptando y revitalizando sus procesos y prácticas para superar los desafíos tanto actuales como futuros. Acomodarse a los tiempos es la única manera en que los Parlamentos pueden continuar siendo relevantes para las comunidades a las que representan”.
Más allá de la apelación a los valores éticos; al desarrollo de una democracia plena; a la cultura del diálogo y del consenso; a la calidad de gestión y los resultados (res non verba, “hechos, no palabras”); al profesionalismo, aunque el Parlamento sea una casa “política”; a la responsabilidad individual y colectiva; a la necesidad de “modernizarse”; a los grandes interrogantes que plantea el futuro, la mayor coincidencia en el ámbito parlamentario es que es necesario repensar las instituciones para promover el progreso en democracia.
*Dir. Adjunto del Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios (Cideipp) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.
