El 24 de marzo último se rememoró en Argentina los 46 años de perpetuada la última dictadura militar ejecutada en 1976.
En aquel momento, bajo el mando conjugado de las tres fuerzas militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (la Junta Militar), el comandante en jefe del Ejército, el general Jorge Rafael Videla, tomó el poder por la fuerza dando comienzo a un largo, tortuoso y terrorífico camino de ataque y aniquilamiento a la democracia.
El así llamado “Proceso de Reorganización Nacional” se dispuso a enfrentar a una sociedad y una economía desencajadas luego de años de una sociedad y una clase política divididas, enfrentadas y desorientadas, y dicha “reorganización” resultó en el más cruel terrorismo de Estado vivido en Argentina.
La última dictadura desordenó aún más la economía argentina, y nos legó una matriz de corrupción y una deuda externa escalofriantes. La última dictadura diezmó familias, hirió a una sociedad y reventó a la política. La última dictadura militar culminó en 1983 con la llegada del electo presidente Dr. Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical (UCR). Desde aquel momento, la preciosa democracia se puso de pie y con todo lo que había que poner y pocas naciones pudieron poner, se propuso llegar hasta las últimas consecuencias con acciones tales como el enjuiciamiento a la Junta Militar; Argentina fue el único país que realizó un juicio civil a los militares argentinos que torturaron y asesinaron a miles de ciudadanos. La Comisión de Desaparición de Personas (CONADEP) confeccionó un arduo documento donde se testimonió hasta los detalles más mínimos de todo lo ocurrido durante el último gobierno de facto, donde se citaron no solamente las atrocidades cometidas por los militares golpistas sino también las cometidas por grupos guerrilleros que operaban incluso antes del último golpe perpetuado en Argentina.
Sobran los problemas económicos, sociales y político-institucionales en Argentina desde llegada la democracia, y algunos de estos problemas se acrecientan, y así padecemos penurias de toda índole. Sin embargo, y a pesar de todo lo padecido actualmente, la democracia habita entre nosotros, y la libertad de expresión y de acción son nuestro poderoso punto de apoyo y arranque desde donde poder aspirar a que las penurias se transformen en bienestar.
El oficialismo en Argentina, el peronismo, luego rebautizado como kirchnerismo y hoy como Frente de Todos, ha tomado como propia la bandera de la defensa de los derechos humanos y el repudio a la dictadura militar. Y es digno de valorar que el peronismo (a pesar de que Perón formó parte de un golpe de Estado en 1943, liderado por el Grupo de Oficiales Unidos) pueda repudiar a un régimen de facto. Y cabe destacar que no fue el peronismo, ni mucho menos el kirchnerismo (que recién se conformó en 2003) quien puso de pie a la institucionalidad democrática argentina en el año 1983, luego de la más vil dictadura padecida.
A 46 años del golpe cívico-militar: "Una herida en nuestra identidad nacional"
El relato del gobierno kirchnerista desde 2003 y del actual del Frente de Todos desde 2019 continúa manteniendo un repudio categórico a la violación a los derechos humanos y a la crueldad inusitada de la última dictadura militar. Y nuevamente es digno de valorar que así sea. Aquello que no es digno de valorar y menos aún de comprender, es que la misma fuerza peronista, que repudia violación de derechos humanos secuestros, tortura y asesinatos en Argentina apoye a quienes violan los derechos humanos y cometen secuestros, torturas y asesinatos en otros países de la región latinoamericana.
El oficialismo argentino apoya y mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con los regímenes de Venezuela y Cuba, que allí y ahora muestran y vuelven a demostrar que no operan como democracias.
El 24 de marzo del año pasado, no solo se conmemoró en Argentina los 45 años de perpetuado el último golpe militar, sino que ese mismo día ocurrió que el gobierno argentino se retiró del Grupo de Lima y con esto, y a través de una carta enviada por la embajada argentina ante la Corte Penal Internacional retiró su apoyo a la demanda que el Grupo interpuso contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro. La demanda había sido impuesta en 2018 por Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Canadá y Argentina con el fin de que se investigara al régimen venezolano por presunta comisión de delitos de lesa humanidad. A pesar de los numerosos informes y denuncias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Corte Penal Internacional (CPI) que demuestran el autoritarismo y violencia ejercidos por el régimen venezolano, el presidente Alberto Fernández afirmó en esos días que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”. Esta afirmación le valió la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así, el ex secretario ejecutivo de tal organización se pronunció resaltando como “el retiro de Argentina en el caso contra Venezuela… significa que al gobierno no le importan ni las desapariciones, ni las torturas, ni las violaciones comprobadas a mujeres”.
Terrorismo de Estado y neoliberalismo, a 46 años del último golpe militar en la Argentina
A mediados de julio de 2021 pudimos presenciar en Cuba imágenes que mostraban una brutal represión policial ejercida contra manifestantes de la isla que reclamaban por mayores libertades, alimentos y medicamentos. Ante tales hechos de extrema violencia, la OEA y la CIDH se pronunciaron a favor de que los cubanos, luego que de décadas de soportar autoritarismo y faltas de toda índole, salgan a las calles a protestar. Frente a tal estado de situación, los diferentes gobiernos de la región se pronunciaron, la mayoría en contra del accionar violento del régimen cubano, otros, como el gobierno argentino presidido por Alberto Fernández no han mostrado repudio alguno hacia la violencia cometida por la policía de Cuba ni respecto a la violación sistemática de los derechos humanos contra el pueblo cubano. La CIDH exigió al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que respete el derecho de los cubanos a poder manifestarse. La misma comisión reunió cantidad de reportes sobre detenciones forzosas, violencia ejercida por la policía cubana contra manifestantes y periodistas y cortes de señal para acceder a internet. Ante tales hechos, la cancillería argentina solamente informó que se encontraba “siguiendo atentamente la evolución de los hechos”. La campaña contra el covid-19 también intensificó el contacto entre Cuba y Argentina, en el marco de que desde el año pasado se está evaluando la compra de vacunas de origen cubano, Soberana y Abdala.
Para el kirchnerismo o albertismo, para el peronismo en el poder, la violencia del Estado argentino durante la última dictadura de 1976, donde se padecieron el encarcelamiento de líderes opositores, represión, secuestros, torturas y asesinatos consistió en un plan sistemático de terrorismo de Estado, y vaya que lo fue. Para el kircherismo o albertismo, para el peronismo en el poder, actualmente, la violencia de los Estados venezolano y cubano donde se padecen el encarcelamiento de líderes opositores, represión, secuestros, torturas y asesinatos no consiste en un plan sistematizado de terrorismo de Estado, y vaya que lo es.
*Sandra Choroszczucha. Politóloga y Profesora (UBA). www.sandrach.com.ar
