La autoridad máxima del Senado (la vicepresidenta de la Nación) es quien preside las sesiones establecidas para que un proyecto de ley se pueda aprobar o desaprobar a partir del voto de los diversos senadores. Y esto ocurrió hace apenas días en Argentina, a partir de que ingresó el proyecto que intenta reformar la Justicia, proyecto que gran cantidad de ciudadanos seguimos sin entender de qué trata exactamente.
Mucho se ha discutido durante las últimas semanas sobre lo inoportuno de votar un proyecto de tamaña envergadura, que implicará que un poder del Estado sufra preeminentes cambios. Nos encontramos en medio de una pandemia que está atravesando su momento más crítico, los contagios y las muertes escalan sin pausa (al día de ayer el número de infectados por COVID-19 alcanzó en Argentina la escalofriante cifra de 451.198 personas), y nos informan desde la cúspide del gobierno, que ahora sí nuestro sistema de salud está próximo a colapsar. Mientras tanto, gran parte de nuestros legisladores, para protegerse del coronavirus, prefieren trabajar bajo plataformas digitales, lo cual impide sesionar con la debida profundidad y la necesaria presencia. En este marco, se debate una reforma sobre un poder del Estado que sufrirá transformaciones transcendentales.
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Al margen de desacuerdos manifestados por una porción importante de ciudadanos (con protestas en las calles incluidas) y de representantes que consideran inoportuno debatir tamaña reforma en un momento de crisis sanitaria y de debacle económica, la reforma de la Justicia pudo dar su primer paso y ya fue aprobada en la Cámara Alta, donde el oficialismo es mayoría.
Minutos antes de que se debatiera la sanción de esta mega reforma, un grupo de funcionarios oficialistas decidió impertinentemente, modificar el proyecto a debatir, sumando 361 cargos que ocuparán jueces, fiscales y defensores en diferentes provincias de la nación argentina (esta maniobra podría ayudar a que el oficialismo cuente con mayor apoyo de diputados opositores, satisfechos con el incremento de cargos judiciales en sus provincias). Bajo este contexto, una importante cantidad de senadores manifestó no conocer la versión final del proyecto, debido a la repentina reforma a la reforma. Algunos de ellos solicitaron la palabra para pedir una explicación sobre tamaña irregularidad a quien presidía la sesión en la Cámara Alta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; pero ella se limitó a cortarles la palabra, y a responderle a un senador opositor que no debía preocuparse si igualmente él ya sabía cuál sería su voto final.
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Desde este momento hablaré en primera persona, porque no encuentro otro modo de poder expresar tanta indignación. Suelo preocuparme cuando observo como una sociedad tan aguerrida en los medios y en las redes sociales, se somete con tanta facilidad a las discrecionalidades constantes de gobernantes que hacen y deshacen a su antojo y conveniencia, gestión tras gestión. El dinero público que debería estar en nuestros hospitales, escuelas, infraestructura básica, brindándonos un merecido estado de bienestar, se encuentra en cuentas offshore, en autos de alta gama, aviones privados, en hoteles de lujo, en departamentos suntuosos o en mansiones lujosas en barrios privados, donde nuestros representantes gozan plácidamente de sus vidas maravillosas, mientras más de la mitad de la población argentina padece de las faltas más elementales y un tercio de la población ya no se alimenta.
Cristina Fernández de Kirchner conformó hace poco más de un año una fórmula electoral en la cual colocó en la presidencia a un candidato que se encargó de agraviarla por años, pero que podía sumar los votos necesarios para que el nuevo Frente de Todos llegue a ser gobierno. Ganaron las elecciones nacionales, y Alberto Fernández logró ser Presidente de la Nación mientras la vicepresidenta logra que, en medio de la peor crisis sanitaria vivida en la historia argentina, se debata una profunda reforma judicial, que más temprano que tarde, la liberará por fin de múltiples causas penales.
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La vicepresidenta de los argentinos cuenta con un poder legítimo que aterra. Más de la mitad de los ciudadanos argentinos soportan las peores penurias a sabiendas que la ex presidenta y sus allegados políticos amasaron una fortuna inmensurable durante su gestión de gobierno a costa de dinero público. Los magistrados se callan o se alían a esta matriz descarada de impunidad y silencio cómplice. Y los senadores permanecen sesionando votando una ley que fue ultrajada minutos antes del debate.
El poder es legítimo cuando el que manda obtiene obediencia sin esfuerzo alguno. Cristina Fernández de Kirchner manda sin esfuerzo alguno, y goza de un poder terriblemente arbitrario, pero extremadamente legítimo. Hagámonos cargo.
Sandra Choroszczucha. Politóloga y Profesora (UBA). www.sandrach.com.ar
