El 14 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud advirtió que existía el riesgo de un brote más amplio a partir de los entonces 41 casos confirmados de Covid-19, en ese momento limitados a China y Tailandia. Ese mismo día, en Buenos Aires, di a luz por primera vez. Durante la licencia seguí la evolución de la epidemia que poco después alcanzaría el status de pandemia, mientras daba mis primeros pasos en la maternidad. Ya para marzo de 2020 estaba segura de que esta crisis sanitaria iba a ser un punto de inflexión en la forma en que nos organizamos —y los problemas que enfrentamos— como sociedad.
Ya no estoy tan convencida. La distribución de vacunas a nivel global respondió a los equilibrios de poder preexistentes, con lo que se borró de un plumazo el igualitarismo más presente a inicios de la pandemia. Al igual que todas las crisis previas, el virus afectó y afecta más a las familias más vulnerables. Hay cambios que quizá sí llegaron para quedarse, como la modalidad híbrida para algunos empleos o la incorporación de más tecnología en la educación. Pero el efecto probablemente sea mucho menos rotundo que lo que imaginaba en mi puerperio. Por el contrario, lo que hizo y en gran medida todavía hace la pandemia es amplificar desigualdades preexistentes y profundizar problemas estructurales, fundamentalmente a raíz de su efecto en (al menos) tres dimensiones: la escuela, el mercado y las familias.
En primer lugar, ante la interrupción de la presencialidad educativa, ciertos grupos de niñas, niños y adolescentes pudieron continuar su educación de manera remota gracias al acceso que ya tenían a dispositivos y buena conectividad. Otros, no. Y como muestra un estudio reciente de Cippec, esto tuvo un impacto negativo en la terminalidad y los aprendizajes. Por ejemplo, se proyecta que la pandemia implica un retroceso de al menos 10 años por el aumento de jóvenes fuera de la escuela. Las probabilidades de finalización son hasta 5 veces más altas en el 20% más rico que en el más pobre. Estos impactos no pasaron desapercibidos y, desde marzo de 2020, la educación subió escalones en la agenda pública, en un círculo virtuoso retroalimentado por una mayor demanda social del retorno a la presencialidad en las aulas.
En segundo lugar, los primeros meses de la pandemia impactaron especialmente entre quienes tenían trabajos en la informalidad o eran independientes. El aislamiento, para ellos y ellas, implicó una interrupción en los ingresos y, en algunos casos, la pérdida concreta del empleo. Quienes tenían menos de 29 años, provenían de niveles educativos bajos y contaban con trabajos informales fueron las personas más afectadas por la caída en la tasa de empleo registrada durante 2020, según revela otro estudio realizado por Cippec.
En tercer lugar, los meses de aislamiento implicaron un aumento en la intensidad y la magnitud del trabajo no remunerado de cuidados y del trabajo doméstico, que recayó mayoritariamente sobre las mujeres. Esto redujo aún más su tiempo disponible y, en términos generales, tensionó la necesidad de generar ingresos y brindar cuidados o apoyo escolar. En los (pocos) casos en los que las personas adultas de los hogares podían teletrabajar, implicó tener que hacer conciliaciones puertas adentro. Pero solo 17% de las personas podían teletrabajar antes de la pandemia, y esta proporción caía a 14% para las mujeres. Para el resto, la conciliación se tensionó al extremo: había que elegir entre cuidar y criar, o generar ingresos.
Las inequidades educativas, sociolaborales y de género, que interseccionan y se retroalimentan entre sí, existían desde antes de la pandemia, pero su grado de profundización ilustra el tenor de la crisis que atravesamos. Así y todo, los problemas no son nuevos: hace 30 años que no logramos perforar el piso del 25% de la población en situación de pobreza, las brechas de género en la participación laboral están estancadas (y ahora ampliándose) desde fines de los 90, hoy tenemos la misma distribución de ingreso que en 1980 y el mismo PBI per cápita que en 1986.
Pero estos problemas conviven con un enorme logro: en 2023, por primera vez en la historia argentina, cumpliremos 40 años de democracia ininterrumpida. Como todo aniversario, implicará un ejercicio de balance y reflexión que, si además incorpora una visión prospectiva, puede habilitar discusiones concretas sobre cómo superar estos problemas. No dejemos pasar la oportunidad.
* Directora ejecutiva de Cippec.
