En Argentina, los impactos sociales y económicos de la pandemia del Covid-19 profundizaron la situación de vulnerabilidad social que el país ya atravesaba. La crisis desenlazada por la pandemia afecta sin duda a toda la sociedad, pero impacta mucho más a los hogares que ya se encontraban en la pobreza, en situación de vulnerabilidad y/o percibían ingresos bajos y medios-bajos así como a algunos sectores particularmente afectados (como la construcción, el comercio, hoteles y restaurantes y el trabajo doméstico). Una proporción importante de los hogares en situación de pobreza presentan composiciones familiares (parejas con niños/as, hogares monomarentales y/o familias extendidas) que tienen más dificultades para lidiar con los desafíos aparejados a la crisis. Además, por lo general, tienen inserciones laborales precarias y experimentan mayores carencias educacionales, habitacionales y de salud.
Reacciones. En el primer semestre de 2020, el Gobierno llevó a cabo una serie de acciones para mitigar los efectos de la crisis. Las políticas de transferencias monetarias fueron parte de las principales medidas adoptadas. Apoyándose en las fortalezas del sistema de protección social, se pudo reaccionar rápidamente transfiriendo ingresos a las familias más vulnerables con niños/as y adolescentes, a titulares de programas sociales y a personas mayores. Además, se formularon nuevas políticas de transferencias, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), expandiendo la cobertura de protección social y alcanzando a grupos más amplios. Estas iniciativas fueron complementadas por otro tipo de políticas tales como programas para reforzar el acceso a la educación remota, la provisión de bienes y servicios básicos, la inversión en infraestructura y la prevención sanitaria.
Efectos de las políticas sobre la pobreza. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo para mitigar los efectos de la crisis, dada su magnitud casi inédita, el panorama es crítico: en el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 40,9% de la población, según datos del Indec. Esto significa que entre 2019 y 2020 ingresaron a la pobreza 2,5 millones de personas. Cabe señalar que sin las medidas de transferencias llevadas a cabo por el Gobierno la tasa de pobreza podría haber aumentado 2,6 puntos porcentuales más, alcanzando al 43,5% de la población. De esta forma, estas políticas habrían impedido que casi 1,2 millones de personas cayeran bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, las políticas de transferencias por la emergencia fueron centrales para enfrentar la degradación de las condiciones de vida de la ciudadanía, pero no fueron suficientes por sí solas. El pequeño margen fiscal y las limitaciones estructurales para potenciar el crecimiento económico sumados a la caída de la actividad global conforman desafíos que agudizan la emergencia social. Los interrogantes sobre cómo proceder en este contexto son varios, sobre todo en vistas de lograr una recuperación social y económica que priorice la inclusión social y la disminución de la desigualdad.
Hacia una estrategia integral para la reducción de la pobreza. Existen consensos acerca de la necesidad de estrategias multidimensionales para hacer frente a los impactos sociales de una crisis como la que actualmente enfrenta Argentina. Si bien el crecimiento económico es una condición necesaria para superar esta crisis, no es condición suficiente. Es necesario apuntalar el crecimiento con políticas que atiendan las varias dimensiones que implica la situación social, incluyendo déficits de acceso al cuidado, a la educación, a la salud, a un hábitat de calidad y a empleos con buenas condiciones. Reducir la pobreza requiere de una estrategia multisectorial y coordinada que se sostenga en el tiempo.
En el corto plazo, determinadas políticas de transferencias monetarias sin dudas tendrán un papel central dada su probada capacidad de amortiguar el efecto de la caída de los ingresos en los hogares más pobres. En un contexto donde casi seis de cada diez niñas/os viven en hogares bajo la línea de pobreza, un eje estratégico apunta a fortalecer las transferencias a los hogares con niños/as y adolescentes, hasta tender a un ingreso universal para la infancia. Además, será imprescindible avanzar en la transición de las políticas de ingresos por la emergencia hacia un esquema que dialogue con la paulatina recuperación de la actividad y las condiciones fiscales y, al mismo tiempo, permita asegurar pisos de protección social. En esto entra la discusión sobre nuevas propuestas como, por ejemplo, las políticas de ingreso mínimo garantizado o ingreso básico. Este tipo de iniciativas pueden guiarse por los principios de progresividad, suficiencia, inmediatez, dinamismo y evaluabilidad.
En el mediano plazo, la estrategia para hacer frente a los impactos sociales de la crisis deberá considerar acciones claves para desactivar la reproducción intergeneracional de la pobreza, incluyendo políticas para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la ampliación de la cobertura de los espacios de crianza, enseñanza y cuidado para los/as niños/as, la permanencia y finalización escolar de los/as adolescentes y el acceso y mejoramiento del hábitat. Además, dada la centralidad del acceso a empleos de calidad para salir de la pobreza, será fundamental potenciar el impacto de las políticas de empleo y de la economía social y popular. Finalmente, será clave establecer niveles mínimos de inversión en las políticas con un financiamiento que se dé a través de un sistema de recaudación lo más progresivo posible.
*Directora de Protección Social de Cippec.
**Investigador asociado de Protección Social.
***Coordinadora de Protección Social.
****Analista de Protección Social.
