Estos últimos días se constituyó en noticia nacional un conflicto ocurrido en la localidad de Chapadmalal, partido de General Pueyrredón.
Podría servir como caso de análisis del lugar de los medios, de las formas de hacer política de las derechas vernáculas, o bien, de las forma de operar de los imaginarios racistas y clasistas. Priorizaremos centrarnos en la realidad de las/os productoras/es y su proyecto.
El caso es que “vecinas/os” se dirigieron a un predio rural costero para protegerlo de gente (“villeros de la Matanza”) que, según ellas/os, pretendía invadirlo, sin demasiado cuidado por ocultar la insatisfacción producida por los atributos de clase y el color de piel de los “ocupantes”.
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Esta movilización fue alentada por funcionarios y dirigentes del PRO locales y nacionales, que denunciaron mediáticamente y circularon información falsa. Las cosas venían siendo muy distintas.
Se trata de un proyecto de producción agroecológica para el abastecimiento local. Lo protagonizan familias horticultoras, cuyo trabajo adquiere características que son poco conocidas a pesar de que cumple un papel vital en nuestra alimentación.
La producción hortícola de nuestro país se localiza fundamentalmente en los cordones periurbanos de las grandes ciudades, incluida Mar del Plata.
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En la actualidad, esa tarea está mayoritariamente en manos de familias venidas de Bolivia, tras un proceso migratorio iniciado en la década de los 80, por lo que ya hay familias y nietos nacidos aquí.
Como cualquier diáspora que se precia, estos migrantes sostienen muchas de sus prácticas culturales y su vínculo con la tierra de origen. Existen altos grados de informalidad en el sector y sabemos que ha sido una de las colectividades más castigadas por las miradas xenófobas.
Uno de los problemas claves que padecen es el acceso a la tierra. Cerca del 90 % no son propietarios. Alquilan a través de contratos inestables y establecidos por períodos cortos, sin regulación e incumplimiento de la Ley N°22298 de Arrendamiento Rural que establece contratos con un plazo mínimo de 3 años.
Tampoco se les permite edificar, o hacerlo implica una inversión altísima en un predio ajeno. Se ven obligadas/os a realizar inversiones: tendido de la luz, pozos de agua, accesos, que se pierden en caso de no aceptar un nuevo precio de alquiler.
El mercado frutihortícola exige que las familias produzcan intensivamente y maximicen la tierra, el tiempo y el rendimiento de las plantas.
Deben adaptarse al modelo convencional, que necesita de insumos externos al predio. Los agroquímicos, las semillas y los plantines, están dolarizados; al igual que los rollos de nylon, las mangueras de goteo y otros implementos.
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Otro problema que atraviesan es el precio de sus productos. Debido a su posición débil en la comercialización, deben aceptar los precios y las condiciones que le ponen los mercados concentradores y los intermediarios.
La opción por la agroecología atrae el interés de las familias hortícolas. Permite evitar esos altos costos, llegar a los mercados con alimentos sin químicos, trabajar y vivir en un ámbito más sano. El principal problema para su desarrollo es el acceso a la tierra, en el marco de su distribución injusta y desigual.
* Grupo de Investigación, docencia y extensión Movimientos Populares, Educación y Producción de conocimiento (GIDEMPEC), Departamento de Educación, Universidad Nacional de Luján.
