La toma de tierras en la Provincia de Buenos Aires deja en evidencia la irresponsabilidad del Estado respecto del territorio; la vulneración de los derechos a la vivienda digna, a la salud, a un medioambiente sano, a la educación, a la seguridad de las personas que van a habitar las tierras tomadas y también la de quienes habitaban las zonas aledañas antes de las usurpaciones.
Tomar tierras implica una vulneración directa del derecho a la propiedad privada de los propietarios, titulares de dominio de los inmuebles usurpados y de la ciudadanía toda cuando los terrenos en cuestión pertenecen al Estado.
Pero fundamentalmente, la toma de tierras vulnera el derecho a la vida de todas las personas: las que estaban y las que llegan. La tragedia de las inundaciones como la de La Plata del año 2013 así lo demuestra.
Toma de tierras: cuando lo propio no tiene valor
Debemos mencionar y denunciar públicamente algo que no es casual: la toma de tierras no es la reacción espontánea de las familias que necesitan solucionar su problema habitacional y recurren a esa práctica para acceder a la vivienda.
Es una acción planificada del kirchnerismo, tal como quedó demostrado una vez más este fin de semana con la toma encabezada por el referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y parte del Frente de Todos, Juan Grabois.
No es otra cosa que la ejecución de una práctica electoral tanto simple como nefasta. Se trata de la “implantación” de personas en Municipios donde el kirchnerismo no gana elecciones.
Implica la vulneración de los derechos políticos de las personas que habitan ese lugar previo a la llegada de las nuevas familias en el territorio y de los derechos políticos de las personas que son utilizadas, aprovechándose de su vulnerabilidad.
Toma de tierras
En Argentina, el 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y el gobierno no hace más que seguir aprovechándose de su condición.
Las consecuencias de esa práctica política tan precaria se pueden sintetizar de la siguiente manera: el comienzo de toda vulneración de derechos está en la acción o la omisión del Estado que es el que debe garantizar su operatividad.
La falta de planificación e intervención estatal en el territorio tiene como consecuencia directa la precariedad o la inexistencia del espacio público en sus dimensiones tanto física como simbólica y el deterioro de la calidad de vida de las personas que lo habitan. Frente a esto, los actores que le disputan el territorio al Estado también se activan y aparece el narcotráfico, la trata de personas y todas las manifestaciones del crimen organizado.
El Estado mira de afuera
Si analizamos datos que se desprenden del sitio web del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en 2021 aumentó más de un 10% la cantidad de denuncias por el delito de usurpación y, en base a información preliminar, el 2022 arrojaría un aumento similar y sostenido de este delito en el ámbito provincial.
Conflictos en el sur del país: "Se premia a los agresores, usurpadores y violentos"
Estas prácticas no garantizan la efectividad de ningún derecho, sino que, por el contrario, los vulneran todos. La población de la mayoría de los más de 1.500 asentamientos que hay en la Provincia de Buenos Aires habitan viviendas precarias, muchas veces de chapa y cartón, no tienen luz, agua corriente ni cloacas, todo lo cual no se condice con el derecho a la vida digna que establecen los instrumentos de protección de derechos humanos que integran nuestro bloque de constitucionalidad.
La falta de cloacas y agua potable no es la única muestra de la vulneración de su derecho al ambiente sano: tampoco hay centros de atención sanitaria ni escuelas, ni fácil acceso al transporte público. Descontando que, además, deterioran el territorio que ocupan porque en la mayoría de los casos no está preparado para mitigar el impacto de su presencia.
Guerra entre “Implantados” y “desplazados”
Los vecinos que habitan en las cercanías de los asentamientos también ven afectada su calidad de vida. Y también su derecho a la propiedad privada, ya que en muchos casos han invertido en los inmuebles usurpados, apostando a nuestro país, siendo una oportunidad perdida para la generación de empleo legítimo y desarrollo económico.
Es por ello que la coordinación entre los Municipios, la Provincia y la Nación es imprescindible para dar una solución a esta problemática. Es la existencia de lo público, es decir, la identidad simbólica del espacio común de convivencia, lo que está en juego.
“Implantados” versus “desplazados”. Unos por su condena a la marginalidad, que no es lo mismo que pobreza. Los otros, por sentir la decepción de que su responsabilidad con lo público –cumpliendo las normas, pagando impuestos, respetando las decisiones de las autoridades- no es ecuánime y hay quienes pueden eludirla sin consecuencias.
Tomando una licencia Durkheimiana, la consecuencia de no atender ese fenómeno es la anomia, es decir, el fracaso del Estado.
*Escribana, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Nacional de La Plata).
