Se cumple un nuevo aniversario del último golpe de Estado, hace ya 48 años, que permitió desmantelar al partido militar, luego de 5 golpes en 50 años, siendo gobierno o auspiciando democracias tuteladas, siempre en tono vigilante.
Pero esta vez las cosas serían distintas. A partir de la vuelta a la democracia en diciembre de 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín tomó la decisión de terminar, de una vez por todas, con la continua amenaza de los militares en la política argentina.
Nacía una nueva era para América Latina. La guerra de Malvinas persuadió al gobierno de Ronald Reagan de que los militares ya no eran tan “confiables y estables” y prestó su apoyo para la reinstauración democrática. Además, la dictadura militar argentina, aplicando el plan Cóndor, había dejado un tendal de muertos y desaparecidos, en un momento que el contexto mundial occidental clamaba por los derechos humanos.
Alfonsín fue muy valiente, casi temerario. A pesar del nuevo auspicio democrático, los militares en la Argentina seguían siendo muy poderosos y el fantasma de su regreso duró hasta entrada la presidencia de Carlos Menem, cuando en diciembre de 1990 se produjo el último levantamiento carapintada liderado por Seineldín.
Fue Alfonsín quien decidió juzgar a los militares. Por primera vez se haría justicia y sólo se lograría por medio de la verdad. Para ello reunió a la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) con personalidades destacadas por su honestidad y trayectoria, presidida por el notable escritor Ernesto Sábato, para investigar las violaciones a los derechos humanos y, especialmente, la desaparición de personas. El resultado, luego de 280 días, fue el informe Nunca Más, en el que se registraba la existencia de 8961 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención. Este informe se usó como prueba de la existencia de un plan sistemático del gobierno militar que utilizó al Estado para imponer el terror en su población.
En 2006, al cumplirse 30 años del golpe, el presidente Néstor Kirchner, impulsó a la Secretaría de Derechos Humanos presidida por Eduardo Luis Duhalde, a publicar un nuevo prólogo contrario al original, en el que el documento firmado por Sábato establecía que “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”, luego conocida como la Teoría de los 2 Demonios. Duhalde justificó la controversia: “es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables".
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A partir de ese momento, la interpretación de los setenta se dividió. Las declaraciones de Hebe de Bonafini, presidente de Madres de Plaza de Mayo y de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, integrante de la CONADEP, condensaron el enfrentamiento que llega a nuestros días. Bonafini sostuvo que “nuestros hijos no eran demonios. Eran revolucionarios, guerrilleros, maravillosos y únicos que defendieron a la Patria (…) algunos de la derecha están muy ofendidos y los progres también". En cambio, Ruiz Guiñazú sentenció que "hay grupos que quieren adueñarse de ciertas situaciones, como hizo Kirchner hace dos años en la ESMA".
El número de desaparecidos también es cuestión de controversia. Mientras los organismos de derechos humanos levantan la bandera incuestionable de “los 30 mil”, surgen investigaciones y testimonios, como el del ex montonero, Eduardo Labraña en 2021 que sostuvo que ante organismos de derechos humanos de Holanda “él inventó” la cifra. “Fui yo el que dijo la cifra. Fui yo la persona que dijo 30 mil desparecidos y no son; oficialmente hay ocho mil personas desaparecidas (…) todas las Madres aceptaron inventar la cifra (…) la mentira era necesaria para conseguir ese dinero para las madres de los desaparecidos. Nos parecía justa la causa”. De esa manera, se constituía en un genocidio.
Hoy, a 48 años del golpe, el gobierno de Javier Milei propone una nueva interpretación de aquella etapa. Se difundió un video denominado “Memoria, verdad y justicia completa”, en el que el periodista Juan Bautista “Tata” Yofre, Labraña, y María Fernanda, la hija del capitán Viola, asesinado por guerrilleros del ERP relatan la versión “completa” de aquellos años, iniciando una “batalla cultural” contra “la visión kirchnerista” de los organismos de derechos humanos.
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La cuestión es que esta “batalla cultural” entre ambos bandos desestima la historia, plagándola de ideologismos que no contribuyen a La Verdad y a La Justicia. Es un deber recordar que Sábato también aseveraba que tenían razones para creer que la cifra podía ser más alta, pero muchos temían denunciar por temor a represalias y que “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.
El despropósito perverso que perpetraron los militares utilizando al Estado para cometer crímenes de lesa humanidad, no implica desconocer y denominar también como crímenes a los cometidos por agrupaciones que tomaron las armas y sembraron el terror en la sociedad para alcanzar sus objetivos mediante la violencia, que no era de ninguna manera compartida por los argentinos en su conjunto.
Esto debería ser suficiente. Ni 30 mil ni 9 mil. La condena ya no es política sino moral. La historia es ciencia, se basa en los datos. Pero también es maestra. Se la conoce para no volver a cometer los errores del pasado. Que así sea. Nunca más.
