Claudio “Gallo” Andrada, señalado como el líder de la organización más importante a cargo de la distribución de cocaína del país, fue detenido en octubre de 2013 en su casa de Martínez, por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El presunto narco era investigado por la jueza y el fiscal Fernando Domínguez, desde hacía un año y medio por el transporte de cocaína desde Bolivia hacia la zona norte del conurbano.
Pero no era la primera caída de Andrada. En 1996 fue detenido por 40 kilos de droga. Y, en 2010, el narco, también conocido como Piturro, pasó por el despacho del juez federal Raúl Reynoso. Pero, a diferencia de su par de San Isidro, el salteño no encontró motivos para dejarlo detenido y fue sobreseído. “Entró y salió”, indicaron fuentes judiciales a PERFIL. Según la investigación de Arroyo Salgado y Domínguez, Andrada coordinaba el ingreso de la droga con avionetas que aterrizaban en pistas clandestinas de Salta y Santiago del Estero.
Reynoso fue imputado la semana pasada por liderar una presunta banda que cobraba dádivas a cambio de beneficiar a narcos. Uno de ellos sería Andrada que, según los testigos, habría pagado a esa estructura un millón de dólares para ser liberado.
En la edición del domingo pasado, PERFIL mostró cómo Reynoso había dejado escapar a José Luis Sejas Rosales, el dueño de una empresa de camiones cisterna de Bolivia que ingresaban cocaína al país.
Entre 2011 y 2015, Reynoso procesó o investigó a diez choferes que trabajan para el mayor transportista boliviano por tráfico de cocaína, pasta base y precursores químicos. Y, pese a que la Procunar, a cargo del fiscal Diego Iglesias, le advirtió al juez que los camiones de la empresa de Sejas Rosales estaban involucrados en el ingreso al país de sustancias prohibidas y con guías que falseaban la información sobre las cargas, el juez de Orán consideró que el empresario era apenas “partícipe secundario” de la maniobra y le concedió la libertad provisoria el pasado 25 de abril. Según se sospecha lo habría hecho a cambio de 350 mil dólares.
De todos modos, Sejas Rosales fue detenido por orden de la Justicia boliviana, acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El defensor del transportista, Ramón Antonio Valor, es uno de los detenidos en la causa en la que está imputado Reynoso. Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que el abogado habría firmado escritos como conjuez de Orán en la causa contra su defendido.
Por una camioneta. Otro de los presuntos narcos beneficiados por Reynoso es Marcelino Cari Valdez, quien habría entregado una camioneta VW Amarok a cambio de su libertad. En su caso, el juez modificó por “contrario imperio” el auto de procesamiento en su contra para disponer su falta de mérito y su consecuente excarcelación, lo que ocurrió el 19 de marzo pasado y continúa libre en la actualidad, sin que existan fundamentos distintos por el que Reynoso consideró apresarlo en primer lugar. En cambio, el resto de los imputados en esa causa continúa con preventiva.
Marcos Mastaka fue detenido cuando transportaba 69 kilos de cocaína. En el allanamiento a su casa de Tartagal, hallaron 500 mil pesos y 13.500 dólares. Según sospechan, Mastaka habría pagado 400 mil pesos para obtener beneficios procesales. Reynoso le otorgó la prisión domiciliario sin acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Por último, esta semana el juez Julio Bavio, a pedido de Iglesias y el fiscal federal José Villalba, amplió la imputación contra su par de Orán por haber decretado el sobreseimiento de Pablo Vera, también imputado por el tráfico de casi una tonelada de cocaína, a cambio de un campo de 700 hectáreas. Vera fue indagado por Reynoso en julio de 2011 en orden al delito de transporte de estupefacientes agravado, asociación ilícita y lavado de activos. Su abogado fue René Gómez, con antecedentes en el pago de dádivas a jueces. Pese a las pruebas en su contra, el 4 de agosto de ese mismo año, Reynoso le dictó falta de mérito y el 11 de abril de 2013 fue sobreseído. En este punto fue clave la declaración de la ex mujer de Gómez, quien relató cómo fue transferido el campo de Vera, Finca Mollinedo, a su nombre y luego, el 17 de julio de 2014, la escritura pasó a manos de Rosalía Aparicio, hermana del ordenanza del juzgado de Reynoso, César Aparicio. Ninguno cuenta con los fondos para justificar tal adquisición.
Rechazan planteo de recusación de Reynoso
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó el planteo de recusación contra el juez Julio Bavio que había presentado el juez Raúl Reynoso, para que se lo aparte de seguir en la investigación de la causa en su contra.
Reynoso, que realizó la presentación en hojas con el membrete oficial del juzgado de Orán y fijó allí su domicilio, había recusado a Bavio por “ animosidad y enemistad manifiesta” y, entre las motivos que lo probarían, citó un partido de fútbol que compartieron junto al fiscal federal Villalba. Mientras avanza la prueba en su contra, el magistrado sigue en funciones pese a que, tanto la Procunar como el juez Bavio, pidieron al Consejo de la Magistratura que revise su caso. Este miércoles, Reynoso debía ser indagado como jefe de una estructura que pedía dádivas a narcos, pero el juez no se presentó. Justificó su ausencia con un certificado médico. Por esa razón, el fiscal Iglesias solicitó una nueva fecha para la indagatoria bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía.
Prueba clave
“Una noche, cuando ella entregó el dinero a la doctora E., fueron hasta la plaza donde se encuentra la Catedral de Orán, donde dijo que tenía que entregar la plata al juez Reynoso, lugar al que llegó con una camioneta marca Toyota SW (…) la doctora subió y luego de un rato bajó. Que como era fin de semana le dijo que tendría que esperar hasta el lunes a la mañana. Que si bien no recuerda exactamente cuándo sucedió el hecho mencionado, cree que fue entre fines de 2009 y principios de 2010…”.
La declaración de la mujer de uno de los detenidos presuntamente beneficiados resultó clave en la causa contra el juez Reynoso. Los investigadores escucharon a la testigo y rastrearon el vehículo con las mismas características relatadas en el registro de infracciones de la ciudad de Salta a nombre del magistrado salteño. Por esa razón, los fiscales Iglesias y Eduardo Villalba abonan la idea de que que el propio juez fue a recibir dinero a cambio de la excarcelación de la pareja de la testigo.
