Dos días después de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció, mediante una acordada, la creación de una comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico. La medida sorprendió, pero no tanto: desde 2009, los miembros del Máximo Tribunal alertaron sobre “la gravedad” de la situación y reclaman enfrentar el problema “en cada inauguración del año judicial”.
Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y uno de los referentes de la flamante comisión, Martín Irurzun, dijo a PERFIL: “La situación es alarmante. La Corte dice que la población está en peligro y lo viene advirtiendo hace tiempo”.
Entre otras cosas, el documento pone de manifiesto “la necesidad de actuar de manera concreta e inmediata ya que está en juego la seguridad de la población”. En ese contexto, Irurzun consideró que el contenido de la acordada “es fuerte” y destacó que la Corte recibió “la preocupación de jueces federales de todo el país”.
Si bien aún no se conoce cuál será la composición de la comisión ni cuándo comenzará a funcionar, el magistrado adelantó a este diario que esta semana podrían avanzar en ese sentido y que sus miembros tratarán temas muy importantes como la creación de un registro de causas y de una base de datos para cruzar información y nombres que pueden repetirse en los expedientes.
En septiembre, agentes de la Aduana hallaron, en un cargamento que saldría por el puerto de Buenos Aires con destino al país africano Guinea Bissau, una bolsa con arroz impregnado con cocaína. El procedimiento había sido ordenado por el juez federal Sergio Torres, que le seguía los pasos a la organización trasnacional e internacional que era responsable del tráfico de la droga.
El caso, conocido como “narcoarroz”, puso en evidencia la existencia de células de un cartel colombiano en el país y la vinculación con otras megacausas. “El desafío más grande es correrlos porque los carteles tienen mucho poder. Las causas que tenemos son cada vez más grandes, con treinta o cuarenta personas detenidas, antes eran cinco o seis”, dijo Irurzun.
El documento firmado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda destaca que “el esfuerzo individual de jueces de todo el país necesita ser complementado con la colaboración de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias y otras dependencias del Poder Ejecutivo nacional y provinciales en una actuación conjunta”.
¿Es posible vencer al narcotráfico? “La lucha es terriblemente desigual por la cantidad de dinero que (los narcos) manejan, pero cuanto más difícil se lo hagan mejor. Vienen porque se la estamos haciendo fácil. No sé si se gana la lucha o si es una guerra, ni sé qué sería ganar, ¿que no se consuma más? –se pregunta–. Sí creo que Argentina se la puede hacer más difícil para que se vayan a otro lado”, consideró el camarista.
Policías. Otro tema que entraría en debate sería la actuación de las fuerzas de seguridad: “En materia de drogas no hay secreto en la actuación: cruces telefónicos, teléfonos intervenidos, seguimientos... pero el juez no está en la calle, sino las fuerzas de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo. Hay que empezar a discutir las policías judiciales”, deslizó.
El martes, el ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, fue condenado a seis años de prisión por encubrir narcos. Ya es innegable la complicidad de la policía con las bandas que actúan en esa provincia del Litoral.
Esta semana, y ante el avance narco en Salta, el fiscal de Orán, José Luis Bruno, planteó la idea de construir una muralla que bloquee pasos clandestinos con Bolivia. Si bien quiso evitar la polémica, Irurzun dejó claro que no le parece “que sea la solución”. “Hacer un muro no es parar nada. Lo que hay que hacer es vigilar más las fronteras. Pero es terrible que estemos pensando en esos términos”.
El camarista sostuvo que la situación en el norte del país “es gravísima”, al igual que en Rosario, y que “si bien no lo estamos sintiendo y la realidad es totalmente distinta, hay zonas en Capital en las que la Policía ya no puede entrar”
