El caso del juez federal Raúl Reynoso expone al Poder Judicial, al sistema de Justicia y roza hasta a la Corte Suprema. El magistrado de Orán, Salta, uno de los puntos más sensibles para el control del narcotráfico, quedó imputado el miércoles por supuesto encubrimiento de narcotraficantes y el cobro de sobornos para liberarlos de la prisión.
Los investigadores, la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, a cargo de Diego Iglesias, y el fiscal federal de Salta, Eduardo Villaba, trabajaron durante meses hasta llegar a la conclusión de que Reynoso habría protegido a un próspero empresario del transporte de Bolivia involucrado directamente en el tráfico de cocaína, pasta base y precursores químicos desde ese país hacia la Argentina. Llegaron a la conclusión de que el propio sistema judicial terminó favoreciendo las maniobras: un solo juez controla todo el territorio de Orán, presa, presunto cómplice o inoperante frente al avance del narcotráfico, la soledad lo convirtió en un blanco fácil.
En total, a Reynoso se lo acusa de proteger a narcos que ingresaron más de dos toneladas de cocaína, presuntamente destinada a Europa, vía Argentina. Esa cantidad implica una ganancia de alrededor de US$ 70 millones. El caso más resonante es el del empresario José Luis Sejas Rosales, dueño de la empresa Corporación Regional de Transportes Asociados (Creta SRL) en Bolivia y vinculado a otras compañías a nombre de parientes y socios. Era proveedor de YPF en su país.
Entre 2011 y 2015, Reynoso procesó o investigó a diez choferes de camiones cisterna que trabajan para Sejas Rosales y que cayeron en distintas circunstancias con cocaína, pasta base o presunto alcohol etílico –que se utiliza para procesar la cocaína–. Todos los camiones conducían al mismo empresario pero el transportista logró zafar. Según el documento al que accedió PERFIL, Reynoso decidió que el empresario no tenía “una vinculación directa y determinante en el traslado y contrabando de la sustancia tóxica”. El magistrado admite que “no descarta su posible participación, ya que (Reynoso) tenía conocimiento de la actividad ilícita desplegada por el chofer del citado camión tanque”. Uno de los camioneros ya tenía causas en Salta por contrabando de cocaína en uno de los camiones.
A pesar de las pruebas presentadas por los fiscales, Reynoso determinó que Sejas Rosales era apenas “partícipe secundario” en el tráfico de cocaína. Quedó en libertad y cayó más tarde en su país. Cuando escanearon sus camiones cisterna encontraron rastros de cocaína en cuarenta de ellos, contaron fuentes judiciales.
Detrás de los narcos supuestamente protegidos por Reynoso estarían los distribuidores de la cocaína en la Argentina, como la banda de Los Monos de Rosario. Fuentes de la investigación indicaron que la banda de Sejas Rosales “bajaría” la droga desde Salvador Mazza por la Ruta 34 hacia Rosario. Otro grupo, liderado por Gallo Andrada, sería el encargado de proveer cocaína a las organizaciones establecidas en San Martín, en el conurbano bonaerense, uno de los principales centros de distribución de la provincia hacia la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos.
El rol de los abogados
Reynoso está acusado de cobrar supuestas dádivas y sobornos de presuntos narcos. El rol de los abogados cómplices fue considerado clave en la estructura de poder que habría armado el juez. En los allanamientos del miércoles, los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hallaron en el domicilio del cuñado de Reynoso, el abogado Arsenio Eladio Gaona, documentos y una cédula azul de la camioneta Volkswagen Amarok del presunto narco Marcelino Cari Valdez, liberado por Reynoso en marzo.
Fuentes del caso contaron que una de las letradas de los choferes de Sejas Rosales tenía un escritorio propio en el juzgado de Orán. Se trata de María Elena Esper Durán, prófuga al cierre de esta edición.
Otro de los detenidos, Ramón Valor, defensor de José Luis Sejas Rosales, habría firmado escritos en nombre del juez
