Nueve sospechosos, un plan criminal y 34 hipótesis. La causa que investiga el brutal asesinato del empresario Fernando Pérez Algaba (41), ejecutado a tiros y hallado descuartizado el 23 de julio pasado en la localidad de Ingeniero Budge, dio un giro en las últimas horas con la detención de ocho acusados y la liberación de la primera imputada que tuvo el caso.
Veinticinco días demoró el fiscal Marcelo Domínguez en pedir los arrestos porque buscaba recolectar más evidencias y robustecer la hipótesis del móvil económico que señala como autores materiales a Maximiliano Pilepich (45), Nahuel Vargas (43) y Luis Contreras (38), las dos personas que estuvieron con la víctima el martes 18 de julio en el emprendimiento inmobiliario “Renacer”, ubicado en el partido de General Rodríguez. Y también contra las otras seis personas que habrían colaborado en la logística y el descarte del cuerpo.
Además de Pilepich, Vargas y Contreras, la fiscalía acusó por los delitos de “homicidio cuadruplemente agravado por su comisión con arma de fuego, por alevosía, codicia y cometido por el concurso premeditado de varias personas”, a Matías Gil, Flavia Bomrad, Horacio Córdoba, Blanca Cristaldo y Fernando Carrizo.
Caso Pérez Algaba: liberaron a la mujer trans que estaba detenida por el crimen del empresario
Vargas –el último de los sospechosos en caer– fue indagado este viernes 18 de agosto y apuntó directamente contra Pilepich. Dio detalles del crimen y aseguró que su socio y amigo ejecutó a Pérez Algaba por la espalda cuando estaba cambiando una lamparita en una casa del predio que luego fue destruida. Además, señaló que él estaba afuera del domicilio a la hora del crimen y apuntó que Pilepich utilizó dos armas de fuego calibre 9 mm.
“Ya está. No aguanté más. Hay límites”, recordó que le dijo el supuesto homicida después de ejecutar a Pérez Algaba. ¿Por qué no lo contó antes? Según declaró, porque Pilepich supuestamente lo amenazó con matarlo en caso de hablar.
Indicios. En la semana, la Justicia ordenó 18 allanamientos en distintos puntos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. La principal prueba que tienen los investigadores contra los sospechosos se basa en el análisis de las antenas de los teléfonos celulares que marcan el recorrido que hicieron los acusados después de reunirse con Pérez Algaba en General Rodríguez, el 18 de julio pasado.
La pista medular surge del número telefónico 1159385480, curiosamente a nombre de Horacio Córdoba, un comisario de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Los detectives advirtieron que esa línea se activó el mismo 18 de julio, día de la desaparición de Pérez Algaba, y estuvo en contacto con varios abonados relacionados con Pilepich, Vargas y la víctima.
Lo que se sospecha es que Córdoba –que prestaba servicio en el Área de Comunicaciones de la Policía porteña– le habría entregado el chip a Pilepich. El día de la reunión en Renacer las antenas registraron actividad en General Rodríguez, entre las 16 y las 19.
Más tarde, el teléfono comienza a moverse y se abren varias comunicaciones. Una de ellas con el comisario sospechado y otra con Matías Gil, otro de los detenidos que tiene el caso.
Entre las 00.30 y la 1.48 del 19 de julio, las antenas registran nuevamente actividad en el loteo de General Rodríguez. A esa hora y en ese lugar creen que podría haber sido desmembrado el cuerpo del empresario.
Poco después, cerca de las 2.30 AM, el teléfono atribuido a Pilepich es ubicado en Ingeniero Budge, cerca de la casa de Luis Contreras, detenido por el caso, hermano de la joven trans ahora liberada y el primero de los acusados que rompe con el supuesto pacto de silencio.
Ante el fiscal del caso, Contreras no solo reconoció que a esa hora Pilepich llegó a su casa sino que aseguró que lo hizo junto a Nahuel Vargas. Dijo que los acusados se presentaron en un auto blanco. “Me acerco y estaba el señor Pilepich del lado del acompañante con otro sujeto al que se dirigió como ‘Nahu’ o ‘Nahuel’, quien estaba al volante del vehículo”, recordó.
“Pilepich me preguntó si me animaba a tirar unas bolsas. Abrió el baúl y allí se veían bolsas negras, y dentro de las bolsas negras se veía una parte de un cuerpo, una mano”, amplió.
Roles y sospechas. Los investigadores están convencidos que Pilepich y Vargas mataron a Pérez Algaba para evitar pagar una deuda de 50 mil dólares y 17 terrenos. Al parecer, lo habrían citado con la excusa de llegar a un acuerdo económico pero en realidad todo indicaría que le tendieron una trampa. En ese punto es que aparecen, cumpliendo distintos roles, el resto de los acusados.
La gestora Bomrad, por ejemplo, habría cumplido un “rol gravitante” en momentos previos a la muerte de Pérez Algaba, “en razón de la íntima amistad y relación de confianza que unía a ambos”, según entendió el fiscal.
“Las comunicaciones que pudieron existir momentos antes del fatídico desenlace entre Pilepich y Bomrad fueron con el propósito de asegurar al primero de los mencionados el arribo de la víctima al predio Renacer de General Rodríguez”, señaló la fiscalía en el escrito, al que tuvo acceso PERFIL.
“Bomrad –señala la fiscalía– resultaba ser amiga íntima y gestora de la víctima, tal como lo han señalado diversos testigos, pero también mantenía vínculos comerciales con Pilepich, a quien habría conocido incluso a través de Pérez Algaba”.
Sobre el comisario Horacio Córdoba, la fiscalía fundamenta el pedido de detención con el hecho de que el imputado le habría hecho entrega a Pilepich del teléfono terminado en 5480, y que fuera utilizado por los posibles autores del crimen para efectuar la serie de llamados registrados esa “tarde noche”. “Lo asesoró o instruyó en cómo emplear y manejar la cuestión tecnológica, pudiendo presumir con un alto grado de convicción que dichos conocimientos le fueron llegados por Horacio Córdoba, en su doble rol de idóneo y profesor en estas experticias”.
Para la fiscalía, “corresponde señalar que si bien no se puede desconocer el vínculo previo existente entre ambas partes, la prueba colectada no permite superar el umbral de convicción necesaria como para colocar a Córdoba dentro del posible plan criminal trazado en carácter de coautor”.
Matías Gil también aparece entre los contactos frecuentes de Vargas y Pilepich. En su declaración indagatoria de ayer, el último de los detenidos aseguró que fue el que se quedó con el bulldog francés de la víctima, y que dos semanas después apareció abandonado en Villa Lugano.
Sobre el rol de Nicole Chamorro, la única de las acusadas que fue puesta en libertad, el juez del caso indicó que la instrucción basó exclusivamente su pedido en los dichos de un testigo que supuestamente escuchó varias conversaciones entre la acusada y su hermana. “Empleaba palabras extrañas, haciendo referencia a nombres como ‘María Teresa’ o ‘María Teresa de Calcuta’ o ‘Noemí’”, señaló el testigo.
“Le dijo que preparara todo para cuando la hermana salga en libertad, haciendo referencia a un viaje a General Rodríguez y que, si todo salía bien, con la plata de eso se paraban para siempre”.
Sin más elementos de prueba que esos, el fiscal solicitó que se disponga su inmediata libertad.
“Se hizo justicia”
Alma Nicole Chamorro fue la primera detenida que tuvo el caso. Pasó cerca de un mes detenida en la Alcaidía de Melchor Romero, pero este viernes 18 de agosto recuperó su libertad.
“Se hizo justicia. Yo siempre dije que soy inocente”, dijo la mujer trans en la puerta del centro de detención, junto a uno de sus abogados defensores, Marcelo Ponce.
La joven contó que pasó “días difíciles”, pero destacó que estuvo “contenida” por sus “amigas, el Servicio Penitenciario, sus abogados, gente cercana y familiares”.
“Se hizo justicia”, insistió Chamorro, quien agradeció a todos aquellos que desde un comienzo sostuvieron su “inocencia”.
Aseguró que ahora quiere “estar tranquila” y “respirar aire”. “Yo no sabía por qué estaba detenida”, señaló.
“Yo siempre dije que soy inocente, por eso vivo tranquila”, concluyó tras lo cual se retiró en un auto particular.
