José Edgardo Etchegaray, alias Pepito, dejó la prisión de Gorina “bajo palabra de honor”. El juez de Ejecución José Villafañe no podía exigirle una caución a cambio. Al igual que la mayoría de las personas que transitan por las cárceles del país, Pepito sólo tenía su palabra para entregar. Prometió, entonces, no volver a delinquir, fijar un domicilio, encontrar un trabajo y dejar de frecuentar personas “inconvenientes” para su reinserción social. Así logró, en noviembre de 2015 y pese a sus antecedentes, el beneficio de libertad asistida. Este lunes volvió a ser apresado por cuarta vez, luego de asesinar a una nena de 12 años en la localidad de Ringuelet.
El caso de Etchegaray no es excepcional. En la actualidad, las cárceles de la provincia de Buenos Aires alojan unos 37.500 internos. Aunque aún no hay una cifra oficial, fuentes del gobierno de María Eugenia Vidal vinculadas a Justicia y al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) indicaron a PERFIL que existe, al menos, un 43% de internos liberados que vuelven a prisión por diversos delitos. Se estima que la reincidencia –que incluye a personas que estuvieron privadas de su libertad y que fueron nuevamente involucradas en algún crimen, pero que no fueron detenidas– es similar a la tasa de ingresos.
En el entorno del juzgado de Villafañe dicen que el hecho de que Etchegaray tenga, en ese momento, un bebé de nueve meses, pesó en su decisión. La fiscal Beatriz Castellanos de Bruzonne reaccionó frente a la medida y se opuso. Creyó que era “prematuro” –su condena por homicidio en grado de tentativa se cumplía el 22 de julio de 2018– pero los camaristas Alejandro Villordo Szelagowski y Gustavo Marcos destacaron que el interno había obtenido un “10” en conducta y respaldaron al magistrado.
Pepito no sostuvo el pacto. Regresó al penal de Olmos, en el que ya había estado alojado y de la peor manera: con el rótulo de asesino. La madrugada del domingo pasado salió a robar armado, otra vez. Disparó contra una familia y el tiro impactó en la frente de Abril Bogado, de 12 años.
Tras su captura, sumó un casillero más en la planilla de ingresos del SPB. Había estado en la Unidad Penitenciaria Nº 1 desde el 11 de mayo de 2011 hasta el 7 de abril de 2014. Luego, tuvo una estadía en la U-36 de Magdalena, del 9 de abril de 2014 al 16 de mayo de 2015, cuando fue trasladado a la Comunidad Terapéutica de Gorina, un centro de régimen cerrado donde se trata a internos drogadependientes, que posee una “modalidad atenuada destinada específicamente al tratamiento y uso indebido de drogas”, según explica el SPB en su sitio web.
Allí, consiguió salidas transitorias y luego la libertad. Ahora está internado en el hospital de la cárcel de Olmos, debido a la herida de bala que recibió al enfrentarse a los policías que lo detuvieron. El crimen de Abril provocó una nueva oleada contra jueces que conceden beneficios, impulsó también a la gobernadora a respaldar un proyecto de ley que limita las excarcelaciones, presentado por el senador Juan Pablo Allan. Se tratará, de esta manera, endurecer la Ley de Ejecución Penal provincial.
Disgustado con Villafañe, el procurador Julio Conte Grand solicitó que el legajo del caso Etchegaray sea enviado a Control Interno de la Suprema de Justicia de Buenos Aires. Evaluarán si hubo mal desempeño del juez que continúa trabajando y visitando a los reclusos que están a su cargo, pese a los reclamos formulados por familiares de víctimas de la inseguridad en la prensa.
Datos de asesinatos
Según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, este año hubo 85 homicidios cometidos en ocasión de robo en la Provincia, un número que respresenta una disminución del 22 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado (109). En La Plata, hubo 30 crímenes, siete de ellos, en el marco de un asalto.
Sin embargo, el caso de Abril revivió reclamos por inseguridad y el Gobierno provincial resolvió sumar 115 efectivos a las tareas de prevención. El anuncio no fue suficiente y este lunes vecinos de esa ciudad realizarán una marcha en la que exigirán mayores medidas de seguridad. José Rusconi, integrante de la asamblea vecinalista “Barrio Norte” contó a PERFIL que pidieron entrevistarse con el ministro Cristian Ritondo, pero no los recibió. Por esa razón, antes del crimen de Abril, realizaron un bocinazo que se escuchó en todas las dependencias estatales vinculadas a la materia.
