La causa que investiga el brutal asesinato de Fernando Pérez Algaba (41), el trader argentino que apareció descuartizado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, está centrada en reconstruir cómo fueron sus últimas horas. Con quiénes se comunicó, qué lugares visitó y con qué personas se encontró son algunos de los interrogantes que buscan develar los detectives para saber quiénes y por qué decidieron quitarle la vida.
La pista económica es la principal línea de investigación que sigue el fiscal Marcelo Domínguez. Pero no la única. La cantidad de deudas que había acumulado y las amenazas prácticamente constantes que recibía refuerzan la teoría de un ajuste de cuentas relacionado con el dinero. Lo que llama la atención es la mecánica del crimen. No que lo hayan ejecutado de dos disparos en el pecho como reveló el informe médico forense, sino por qué sus restos fueron desmembrados, envueltos en bolsas y arrojados en una valija que, curiosamente, contenía cuatro DNI.
Si la intención era dificultar la identificación del cuerpo, no se entiende por qué no revisaron bien la maleta roja. En realidad, todo parecería indicar que el objetivo era otro: dar un mensaje. ¿Dirigido a quién?
Un cuerpo desmembrado en una valija es un indicio mafioso. De hecho, los antecedentes más recientes están relacionados con ejecuciones de organizaciones narcos transnacionales o crímenes de la denominada mafia china (ver aparte).
En la ronda de sospechosos por el crimen del trader aparecen personajes de todo tipo: barras, narcos, trans, empresarios y hasta inversores como la víctima.
Una serie de audios que envió Pérez Algaba apuntan contra Gustavo Iglesias y su hijo Nazareno, dos personajes vinculados a “La 12”, como se conoce a la barra brava de Boca.
Ante la sospecha, ambos decidieron ponerse a derecho. Se presentaron con sus abogados en la fiscalía de Domínguez, reconocieron los mensajes y la deuda que supuestamente Pérez Algaba tenía con ellos, pero negaron cualquier tipo de relación con el homicidio.
El empresario descuartizado tenía 200 mensajes con amenazas y deudas de más de 3 millones de dólares
“Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más plata”, dice Iglesias en uno de los mensajes enviados a la víctima.
Otro nombre que aparece mencionado en diversos audios es Nahuel Vargas, otra supuesta víctima de Pérez Algaba. En febrero pasado, Vargas realizó una denuncia por amenazas en Ituzaingó.
Los amigos del trader que declararon como testigos hasta el momento coincidieron en señalar que Pérez Algaba “tenía deudas con distintos acreedores”. Sin embargo, ninguno de ellos pudo aportar un nombre o algún dato para orientar a los investigadores sobre los posibles autores del crimen.
De acuerdo con los datos aportados por su círculo más cercano, el empresario solía moverse en una camioneta 4x4 Land Rover Range Rover Evoque 2012. El rodado apareció ayer. La tenía un supuesto socio de la víctima y la llevó hasta la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora. ¿Por qué demoró tanto en entregarla?
Desde el entorno de “Lechuga”, como apodaban a la víctima, descreen de las versiones mafiosas. “Siempre ayudó a muchas personas y varios socios lo cagaron”, señaló uno de sus contactos.
“No sé por dónde viene la cosa, raro si era cagador como algunos dicen, que siempre andaba en la misma zona, frecuentaba los mismos lugares, mostraba sus movimientos en las redes, y demás. Ahora estaba loteando y haciendo un barrio en General Rodríguez”, apuntó.
En esa línea también se expresó su hermano Rodolfo: “Fue a buscar un dinero y, para mí, lo siguieron y lo mataron por plata”, señaló en una entrevista televisiva. Al igual que los investigadores, el hombre también hizo foco en el tema del descuartizamiento: “Si le hubieran pegado un tiro, podría pensar que haya sido un ajuste de cuentas, pero lo que no me cierra es que lo hayan cortado como lo cortaron”, entendió.
Pérez Algaba tenía la cuenta de su Instagram sin candado y más de 900 mil seguidores. Era muy activo en las redes sociales y todos podían acceder a su contenido, un dato al menos llamativo para una persona que supuestamente debía dinero y recibía amenazas de muerte constantes.
Deudas y sociedades. Los registros contables del empresario, que vivía en Barcelona y recientemente había regresado a la Argentina para cerrar nuevos negocios, estaban en rojo como dos de las tres sociedades registradas que tenía en el país.
Pérez Algaba totaliza doce cheques rechazados por un valor de 929.200 pesos, aunque esta deuda era de una de sus empresas: Motors Lettuce.
Esta firma, conformada en enero de 2018, figura como actividad principal la “venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación”, y la tenía en sociedad con su hermano Rodolfo.
Hasta mayo de 2020 la víctima también figuraba como presidente de la firma Cegepa SA, dedicada a la venta de autos, camionetas y utilitarios. Un año después, la empresa cambió de nombre y titulares: pasó a llamarse Tonnelier SA.
De acuerdo con el registro del Banco Central (BCRA), Cegepa cuenta con siete cheques rechazados por un valor de 2.530.000 pesos. Además, el trader asesinado aparece como socio de una SRL denominada Luxury Scissors, dedicada al negocio de peluquería, estética y belleza, cosmetología y pedicuría, entre otras cosas.
“Los deudores no son los asesinos”
El abogado de Gustavo y Nazareno Iglesias, dos de los deudores que tenía Fernando Pérez Algaba, también puso en duda el móvil económico. “Estoy convencido de que esta gente a la que él le debía plata no son los que cometieron el crimen”, aseguró Rodrigo González, en declaraciones a Radio con Vos.
“Fernando era un pibe súper confiable, todos le daban crédito. Después empieza a cambiar su perfil en pandemia y empieza a dedicarse más a las criptomonedas, y a tomar plata prestada de muchísima gente”, relató González, y agregó: “No puede devolver la plata y extrañamente de un día para el otro desaparece del país, se va a Europa, y no lo encuentran más”.
Sobre la declaración que prestaron sus defendidos, el letrado recordó que hablaron sobre el contenido de los audios y aportaron datos de la víctima. “Dijeron todo lo que sabían de él hasta que dejaron de tener contacto”, explicó González.
“Fernando le pidió plata prestada por el negocio de las criptomonedas, se la devuelve. Después le vuelve a pedir, le paga dos o tres cuotas de lo que le había prometido con interés y después desaparece. En total son cerca de 30 mil dólares lo que no devuelve”, apuntó el abogado.
La versión de uno de sus amigos
Entre los testigos que prestaron declaración testimonial esta semana figura uno de los mejores amigos de la víctima: Lucas Matilla.
El hombre habló de su amistad con Fernando y aseguró que lo conoce desde hace once años. Según fuentes judiciales, Matilla confirmó que su amigo se dedicaba a la compraventa de criptomonedas y aseguró que con esa actividad no le había ido bien, aunque aclaró que en un momento “pudo recuperarse”. Para Matilla la actividad principal de Pérez Algaba era la compraventa de motos y autos en la zona de Ituzaingó.
El testigo tiene otro punto en común con la víctima: ambos fueron denunciados en una causa que se tramita en el Juzgado Federal 2 de Morón.
