Julio César Castro (58) era fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Fue uno de los acusadores en el juicio contra el portero Jorge Mangeri, condenado a prisión perpetua por el homicidio de Ángeles Rawson. Y fue también el primer funcionario judicial elegido para manejar la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Sexuales (UFISEX).
Pero su situación cambió radicalmente en marzo de 2017, cuando su expareja lo denunció por abuso sexual y lesiones. Dos años después lo condenaron a seis años y seis meses de prisión y, ahora, la Sala II de la Cámara de Casación ratificó el fallo, aunque no ordenó su detención.
Castro fue destituido el 6 de mayo pasado por mal desempeño y por no haber obrado con buena conducta. El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) dio por acreditado "numerosos hechos" por acoso laboral y sexual, y también de maltrato contra empleados y funcionarios judiciales.
La denuncia que hizo su expareja animó las presentaciones posteriores de sus excompañeros en las fiscalías. En marzo de 2017, la mujer se presentó ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema y relató una serie de episodios violentos que comenzaron en octubre de 2016, cuando el funcionario judicial abusó sexualmente de ella.
Treinta días después la golpeó, en enero de 2017 volvió a someterla sexualmente y un mes más tarde la atacó a golpes, provocándole una lesión en el brazo que la llevó a denunciarlo.
El fiscal tiene 25 años más que su víctima. Cuando iniciaron la relación, ella recién comenzaba su carrera profesional como abogada y él era un reconocido profesional, con 35 años de trayectoria, titular de la UFISEX y concursando para un cargo de juez.
“Castro gozaba de reconocimiento en el ámbito judicial, era una persona influyente, con contactos; o al menos esa era la impresión que quería causar en la víctima, quien lo admiraba y respetaba profundamente”, señaló la fiscal María Luz Castany, en su alegato.
Entre las pruebas reunidas, la fiscalía tuvo en cuenta una serie de chats de WhatsApp entre víctima y victimario. Los mensajes revelan maltrato psicológico, violencia verbal e insultos de parte del acusado.
Castro, por ejemplo, le reprochaba a su pareja hasta su manera de vestirse y la ubicaba en un lugar de inferioridad. No le gustaba que creciera laboralmente ni que se vinculara con gente reconocida de la Justicia. Cuando la abogada decidió cortar la relación, el fiscal se victimizó, le realizó promesas de cambio y hasta le propuso matrimonio.
El ruego del fiscal
Desde que se inició el proceso, el acusado siempre negó los cargos y, lógicamente, nunca dio "señales de arrepentimiento". "Le pido al tribunal que me dé la justicia que necesito, fundamentalmente necesito una decisión que limpie mi nombre”, rogó en la última audiencia del juicio político que finalmente le terminó costando su cargo en la Justicia.
Curiosamente, Castro eligió para su defensa a dos mujeres, las abogadas Roxana Piña y Pamela Aguirre, quienes entendieron que se construyó "un monstruo" y consideraron que después de eso “es muy difícil defenderse".
Las abogadas aseguraron que "no existe una base en la estructura de la personalidad de Castro que permita crear un patrón de conducta como el señalado por la acusación" y entendieron que el fallo de primera instancia "carece de fundamentación adecuada”. Para ellas, no existió ni "violencia física ni de género" y dijeron que la víctima "manipuló toda la prueba”.
Sin embargo, en el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el juez Eugenio Sarrabayrouse entendió que las defensoras analizaron "parcialmente la prueba y plantearon generalidades sin refutar el contexto de violencia". "La exposición no logró controvertir las pruebas obtenidas en el debate ni tampoco logró demostrar la supuesta 'mendacidad' de la víctima", señaló en su voto.
Para el magistrado los abusos del ex fiscal Julio Castro "fueron reales" y se consumaron “contra la integridad física y sexual” de la víctima. En la sentencia por abuso y lesiones, los jueces tuvieron en cuenta como indicio el sumario administrativo que se le había abierto en su labor como fiscal, donde existían acusaciones de acoso sexual y maltrato laboral.
CP
