La Justicia de Entre Ríos investiga un caso de estafas y fraude luego de que una mujer de 38 años fuera detenida por la policía provincial cuando realizaba extracciones en un cajero automático y tenía en su poder 22 tarjetas de beneficiarios de planes sociales.
El hecho fue registrado en la ciudad de Paraná, en una sede bancaria ubicada en la calle 25 de Mayo, y se descubrió que la acusada es la esposa del tesorero de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner). Por orden del fiscal Gonzalo Badano, se allanaron las oficinas del gremio universitario, donde se cree que en su interior funcionaba una presunta financiera ilegal.
22 tarjetas y más de 300 mil pesos
Un llamado al número de emergencia 911 advirtió a los efectivos que una mujer estaba manipulando una gran cantidad de tarjetas de débito, de las cuales extraía dinero. Al llegar el personal policial, confirmó que se trataban de tarjetas del Banco Nación y que los plásticos pertenecían a diferentes personas, todas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo.
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En un primer momento, la acusada manifestó ser integrante del Movimiento Evita, pero el titular de la agrupación política en Entre Ríos, Emiliano Gómez Tutau, lo desmintió a las horas. "No es dirigente del espacio, no tiene referencia, y no es parte de ningún programa”, dijo en declaraciones a APF Digital.
Luego de su detención, se hizo un allanamiento en su casa ubicada en el barrio Brisas del Oeste, donde se encontró mas dinero. También se procedió a requisar una camioneta Chevrolet propiedad de su pareja, donde se hallaron 270 mil pesos en efectivo.
Empleado del gremio universitario
A raíz de los procedimientos, el hombre quedó involucrado en la causa. El Dr. Badano evaluó la custodia de la sede de Apuner, situada en la calle Alem al 500, donde se advirtió que se presentó el esposo de la mujer investigada. Allí fue interceptado por personal de la División de Delitos Económicos de la policía provincial, y tras otros allanamientos que en su interior funcionaba una suerte de financiera que otorgaba créditos.
Los investigadores establecieron que se habrían entregado créditos de entre cinco mil a diez mil pesos, que se devolvían mensualmente, llegando a tener que soportar los beneficiarios de los planes sociales, devolver entre tres y cuatro veces el valor de los solicitado, según recoge el medio local Diario Uno. Además, se secuestró documentación que probaría la entrega de préstamos a personas de bajos recursos.
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La principal hipótesis indica que la mujer y su esposo se dedicaban a extender líneas de créditos a personas que son beneficiarios de planes sociales y para acceder a estos debían darles sus tarjetas con las claves, para que alguien les cobre la cuota mensual. Ahora, la Fiscalía busca determinar el origen de los fondos, si el resto de los directivos de Apuner estaban al tanto de la situación y si las actividades crediticias son legales o no.
La causa fue caratulada como "estafas", y tiene a a la pareja como principales sospechosos. Sin embargo, no se descarta que pueda modificarse como "fraude" o "malversación de fondos", según los elementos que puedan recolectarse.
FP CP
