En los últimos cinco años los tribunales federales dictaron 91 sentencias condenatorias por lavado de activos, según un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese total, 45 fallos (el 49,4%) se concentraron en tres jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (veinte condenas), la Provincia de Buenos Aires (15) y la Provincia de Santa Fe (diez). Le siguen Corrientes (nueve), Mendoza (nueve), Chaco (ocho), Entre Ríos (siete), Córdoba (seis), Salta (cuatro), Río Negro (dos) y Tierra del Fuego (una).
La cifra no sorprende si se la relaciona con las zonas de mayor riesgo identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) y en la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas regiones –especialmente el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Rosario– son consideradas centros neurálgicos del crimen organizado, principalmente del narcotráfico, cuya rentabilidad impulsa operaciones de lavado a gran escala.
“Rosario y el AMBA constituyen los principales puntos de destino del tráfico de drogas en el país, fenómeno que se refleja en el tipo de delitos precedentes relevados”, advierte el documento. En efecto, del total de 101 delitos precedentes identificados en las sentencias (algunas involucran más de uno), el narcotráfico aparece en sesenta casos, representando casi dos tercios del total.
Los demás delitos precedentes fueron: delitos aduaneros (diez), infracciones al régimen penal cambiario (ocho), delitos contra la propiedad y hechos de corrupción (siete cada uno), intermediación financiera no autorizada (cuatro), delitos tributarios (tres) y trata de personas o tráfico de migrantes (dos).
Lavado autónomo. Una de las particularidades del sistema legal argentino es que permite la persecución penal del lavado incluso cuando el delito precedente se cometió fuera del país. En ese marco, el informe de la Procelac relevó nueve sentencias donde los activos ilícitos se originaron en el extranjero.
Además, se identificaron seis casos de “lavado autónomo”, es decir, situaciones donde se logró probar el origen ilícito del dinero sin que hubiera una causa penal previa sobre el delito generador de los fondos. Esta figura cobra relevancia porque permite avanzar en investigaciones de blanqueo sin que se requiera una condena firme por el delito base.
Aunque la mayoría de los casos analizados fueron de alcance doméstico, catorce sentencias revelaron maniobras trasnacionales. “Se observa que algunos de ellos presentaban conexiones no sólo con países limítrofes de Argentina, sino también con jurisdicciones del Caribe, Norteamérica, Europa y Asia”, señala el informe.
Desde la sanción de la Ley 26.683 en 2011, la figura del autolavado quedó incorporada al Código Penal argentino. El documento revela que en los últimos cinco años 183 personas fueron condenadas por autolavado, mientras que otras 128 lo fueron por lavar fondos de terceros (comúnmente conocidos como testaferros).
La diferencia no es menor: en el primer caso, se trata de personas que participaron tanto en el delito precedente como en las maniobras de blanqueo. En el segundo, de operadores que intervinieron para ocultar el origen de activos ilícitos de otros.
En total, 336 personas fueron condenadas entre 2019 y 2024, de las cuales 310 fueron personas físicas y 26 personas jurídicas, principalmente empresas o entidades utilizadas como fachada para justificar ingresos de origen criminal.
Las sanciones impuestas a las personas jurídicas incluyeron 22 cancelaciones de personería jurídica, 17 suspensiones de beneficios estatales, 17 publicaciones obligatorias de la sentencia y cinco multas económicas. La mayoría de estas sanciones fueron aplicadas en forma conjunta.
En cuanto a las físicas, 271 recibieron multas, aunque sólo en 152 casos se determinó un monto concreto en la sentencia. Los restantes 124 casos quedaron como multas indeterminadas, a calcular posteriormente. El total de multas determinadas supera los 2.100 millones de pesos, y su equivalente en dólares es superior a 351 millones, aunque el documento no detalla si se computó al valor oficial o al tipo de cambio financiero.
A nivel procesal, 58 de las 91 condenas (64%) se dictaron mediante juicios abreviados, mientras que 34 se resolvieron en debates orales y públicos. Esta tendencia refleja una preferencia por la resolución rápida de casos, aunque el informe aclara que en términos de personas condenadas, hay una división equitativa: 168 personas fueron penadas por juicio abreviado y otras 168 por juicio oral. Por último, cabe destacar que 111 de las 310 personas físicas recibieron condenas condicionales, es decir, no cumplieron la pena de prisión efectiva. Este dato, que representa el 36% de las condenas a personas físicas, podría ser indicativo de criterios judiciales que priorizan la sanción económica o simbólica por sobre la prisión efectiva en determinados casos.
Lista gris. La sistematización de estos datos respondió, en parte, a los requerimientos del proceso de Evaluación Mutua que el GAFI y Gafilat realizaron sobre Argentina en 2024. Como resultado de ese análisis, el país no fue incluido en la llamada “lista gris”, es decir, el conjunto de jurisdicciones que requieren supervisión intensificada por deficiencias estructurales en su régimen ALA/CFT (Anti- Lavado de Activos/Contra Financiamiento del Terrorismo).
A pesar del saldo favorable, el informe del GAFI advirtió que Argentina debe reforzar el entendimiento de los riesgos derivados de hechos de corrupción y del uso de servicios financieros informales para el lavado de activos.
Los Loza y Alvarado
R.P.
El clan salteño Loza y la organización liderada por el rosarino Esteban Lindor Alvarado son problamente los dos grupos con mayor poder económico de los últimos años.
En el caso de Loza, el grupo criminal de los hermanos históricamente liderado por Valdemar, José Gonzalo (fallecido en 2019) y Erwin, llegaron a blanquear 800 millones de pesos en 2018 con la compra de inmbuebles, hoteles y autos de lujo, como la Ferrari F355 que perteneció a Diego Maradona. Los principales cabecillas están presos. En 2021 fueron condenados a penas de hasta diez años de prisión.
La situación de los Alvarado es similar en cuanto a bienes. Vivía en una mansión Funes Hills San Marino, coches de lujos y varios departamentos.
