Las internas en la Cámara Federal –desatadas tras el fallo que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa– demoraron una definición sobre una causa clave: la que investiga la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la UFI-AMIA que apareció tirado en el baño de su departamento, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de haber denunciado a la ex presidenta Cristina Fernández por supuestamente encubrir el atentado al pactar con los iraníes.
La definición que se espera de la Cámara Federal no es menor: no solo porque tiene que confirmar o no el procesamiento del ex técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario del crimen y de los cuatro prefectos que debían custodiar a Nisman ese fin de semana, entre el 17 y 18 de enero de 2015. También porque el fallo determinará si Cristina Fernández será investigada por ese homicidio.
Según había adelantado PERFIL en febrero pasado, el abogado Pablo Lanusse –querellante en nombre de Sara Garfunkel, madre de Nisman– pidió que Lagomarsino y los custodios fueran acusados de “magnicidio” y que se incluyera a la ex presidenta como parte del “plan criminal” detrás del asesinato de Nisman. Puso también en la mira a espías, funcionarios, jueces y fiscales, como Daniel Rafecas o Javier De Luca.
Contratiempos. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II, venían trabajando, cada uno, en el caso. Incluso, se lo vio a Lanusse preguntando por la demora. “Sara está preocupada”, se lo escuchó decir. Pero la Cámara se vio obligada primero a resolver sobre la megacausa de Río Turbio porque había detenidos. El caso llevó más tiempo del que pensaban: hubo que llamar a un tercer juez –Leopoldo Bruglia– para desempatar. Recién hace diez días, la Cámara ordenó la detención —en espera— de Roberto Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido –también preso por este caso–.
Superado el tema de Río Turbio, se suponía que el fallo de Nisman saldría en estos días. No sucedió. Farah se tomó licencia entre lunes y miércoles para formalizar su pedido al Consejo de la Magistratura reclamando su traslado a un tribunal oral penal económico y luego a San Martín. Cuando el jueves se reintegró y quiso apurar el fallo, no logró ponerse de acuerdo con Irurzun. “Hay que articular bien esta resolución. No se puede sacar a las apuradas”, decían en los pasillos del segundo piso, según pudo saber PERFIL.
Lo cierto es que ahora es una incógnita saber cuándo y cómo se va a resolver. Porque el juez Irurzun ya tenía pedidas sus vacaciones: se va mañana y hasta mediados de mayo no vuelve. Ya se lo avisó, de paso, al Consejo de la Magistratura. Nadie sabe si, cuando regrese, Farah ya habrá conseguido partir hacia otros rumbos lejos de Comodoro Py.
Según indicaron a PERFIL fuentes judiciales, a la espera de que la Cámara Federal defina el destino de la causa, el fiscal Eduardo Taiano interrogará en los próximos días a Soledad Castro, la secretaria letrada de Nisman. El juez Julián Ercolini pidió su testimonio diciendo que la funcionaria podría aportar luz a la investigación.
