A la hora de la cena, y mientras trascurría el segundo tiempo de Argentina-Haití en la Bombonera, ocho balas impactaron sobre el frente de una casa ubicada en Italia al 2100, a metros de una comisaría. Minutos más tarde, un segundo ataque, a una vivienda de Montevideo al 1000, dejaría claro que el mensaje iba dirigido a Ismael Manfrin, el juez que presidió el Tribunal que condenó en abril pasado a los líderes de la banda de Los Monos.
Tras los ataques, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de Santa Fe coincidieron en aumentar la protección en torno a los agentes judiciales que participaron en el histórico debate, es decir, Manfrin, las juezas Marisol Usandizaga y María Isabel Mas Varela, y los fiscales Gonzalo Fernández Bussy, Luis Schiappa Pietra y Viviana O’connell, quienes son custodiados por unos cuarenta hombres de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y otras unidades especiales de Santa Fe, junto a Gendarmería Nacional.
Según pudo saber PERFIL, no menos de cuatro hombres fueron apostados en los domicilios particulares de cada uno de ellos y familiares. En el caso de Manfrin, el número de efectivos dedicados a su cuidado se duplica. Las fuentes indicaron que los custodios cuentan con un equipo especial y que cumplirán esa función por tiempo indefinido.
El magistrado que sufrió el ataque no se presentó esta semana en su despacho, pero regresará pronto a su puesto.
Consternación. Las dos propiedades baleadas fueron habitadas por Manfrín y su familia. En la primera, residió hasta hace dos meses, cuando la vendió a un empleado bancario; y, en la segunda, hace una década, un dato que desconocían, incluso, varios de sus amigos.
“Lo que viene va a ser peor. Primero, conocimos escuchas en las que integrantes de la banda de Los Monos hablaban de matar a un fiscal, después, llamaron desde prisión a otro juez y lo amenazaron directamente; ahora, balean la casa de Manfrin. No tenemos miedo, si no, deberíamos dejar de ser jueces, pero sí estamos preocupados y consternados porque cada vez, la línea se cruza un poco más. ¿Qué sigue después de esto?”, se pregunta Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, en diálogo con PERFIL. “Yo espero que las autoridades competentes se pongan los pantalones largos y que esto no se repita. Yo camino solo por la calle, no tengo chofer ni llevo chaleco antibalas porque aspiro a que esto no vuelva a suceder, me puedo equivocar y puede que pase una moto por la calle y me peguen un tiro”, manifestó el camarista que puede recibir la causa tras la apelación del fallo por parte de las defensas de los narcos condenados.
“No hay control sobre el narcotráfico, la situación no cambió: esta semana el ataque contra un juez y un mes atrás se mataban como moscas en el marco de una disputa territorial, sin ser especialista, es lo que se percibe desde la Justicia. Las muertes se siguen sucediendo y nos estamos acostumbrando. Uno pierde la capacidad de asombro”, consideró Salvador.
Se negaban al traslado. En una entrevista con este diario, Ramón “Monchi” Machuca, uno de los jefes de la organización del sur rosarino, preso en el penal de Piñero, expresó su oposición a su traslado y al de su hermano Ariel “Guille” Cantero a una cárcel federal. Dijo, en esa oportunidad, que en la prisión santafesina se sentía más seguro y cómodo.
Pese al hábeas corpus presentado por sus abogados, el lunes pasado, la Justicia Federal, a pedido del Servicio Penitenciario de Santa Fe, resolvió que Guille fuera trasladado al penal de Resistencia,Chaco, y su lugarteniente, Jorge Emanuel Chamorro, a la prisión de Rawson, en Chubut, junto a Luis Pedro Peñalba.
Esa orden fue la que habría motivado la intimidación a la Justicia.
El caso Carbón Blanco
Varios jueces y fiscales que investigan causas vinculadas al lavado de activos, al narcotráfico y otros delitos complejos cuentan con custodias especiales. Uno de ellos es el fiscal federal de Resistencia, Federico Carniel, custodiado por 16 policías de la Federal. Se trata de uno de los funcionarios judiciales que investigaron Carbón Blanco, una de las causas narco más importantes del país, cuyo líder, el abogado Carlos Salvatore, murió de un paro cardíaco semanas atrás.
“Carniel, cuidate mucho y cuidá a tu familia. Ya nos generaste muchos problemas. La van a pasar muy mal”, fue uno de los mensajes intimidatorios que recibió. A su colega, Carlos Amad, le dejaron dos balas sobre el parabrisas de su auto.
También fue amenazada de muerte la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger. El dato surgió de una escucha de Salvatore con su esposa. “Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes (…). No me importa, yo pago este homicidio, lo pago este homicidio, pero ella se muere”, dijo el capo fallecido en referencia a la jueza.
