El caso de Nahir Galarza traspasó las fronteras de las crónicas policiales para convertirse en un fenómeno de estudio sobre la comunicación, el marketing digital y, ahora, los límites de los derechos de los condenados en la era de la conectividad total.
En una reciente entrevista que arroja luz sobre los entretelones de su defensa, el abogado Augusto Laferriere denunció la existencia de una compleja red de cuentas apócrifas que no sólo usurpan la identidad de la joven que defendía, sino que estarían siendo utilizadas para cometer estafas digitales.
La controversia surgió a partir de una presentación judicial sin precedentes en la provincia de Entre Ríos.
La exdefensa de Galarza solicitó formalmente al Juzgado de Ejecución de Penas la posibilidad de que la joven accediera a una cuenta verificada en redes sociales. El objetivo, según explicó Laferriere, no era el esparcimiento ni el contacto discrecional con el mundo exterior, sino la protección de su identidad personal.
El letrado argumentó que la obtención de la verificación oficial (el conocido tilde azul) dotaría a una cuenta de un requisito de autenticidad que impediría que terceros sigan lucrando o engañando bajo su nombre.
Al respecto, el exabogado de Galarza fue tajante al señalar la posición de la defensa: “Hicimos una postulación al juzgado de ejecución de penas por la cual justamente interesábamos la posibilidad de acceso a redes sociales a los efectos de verificar una cuenta auténtica de propiedad de la penada. El fin era evitar cualquier clase de usurpación de su nombre, de su apellido y de su imagen”.
Uno de los puntos más impactantes del informe presentado por la defensa es la escala de la usurpación. Se acreditaron ante la Justicia más de 50 cuentas falsas en diversas plataformas. Muchas de estas comunidades digitales cuentan con decenas de miles de seguidores, lo que genera un terreno fértil para la desinformación y el fraude.
Laferriere advirtió que estos perfiles no son simples espacios de apoyo o crítica, sino que representan un riesgo real para la sociedad. En su declaración, el abogado manifestó: “Le acreditamos la existencia de más de 50 cuentas falsas, algunas con decenas de miles de seguidores. Entendemos que estas cuentas podrían utilizarse para generar algún tipo de estafa y obtener beneficios económicos mediante la usurpación de identidad”.
El riesgo de fraude se potencia por el interés mediático que rodea a Galarza, especialmente tras el estreno de producciones audiovisuales sobre su vida, lo que ha disparado las búsquedas digitales y la interacción en perfiles no oficiales.
La aparición de la IA. La tecnología sumó una capa de complejidad al caso. La aparición de imágenes de Nahir Galarza generadas mediante inteligencia artificial (IA) ha confundido incluso a los observadores más atentos. Según el letrado, circulan fotografías donde la interna aparece portando objetos prohibidos en el servicio penitenciario o luciendo estéticas imposibles de lograr en su contexto actual de encierro.
En este sentido, Laferriere ejemplificó esta situación con un detalle técnico sobre los dispositivos móviles: “Aparece con un teléfono iPhone posterior a su encierro, lo cual demuestra que esa imagen nunca puede haber sido cierta. Los límites o la forma de corroborar una imagen hoy por hoy es un desafío para todos”.
Esta manipulación digital no solo afecta la percepción pública, sino que también pone en alerta a las autoridades penitenciarias, ya que las imágenes falsas suelen utilizarse para denunciar supuestos privilegios que no existen en la realidad.
El debate jurídico. El núcleo del conflicto reside en la interpretación de la ley de ejecución penal. El Juzgado de Ejecución de Penas rechazó el pedido de Galarza bajo la premisa de que la joven pretendía “pasar su tiempo” en las redes sociales, algo prohibido por el régimen de disciplina carcelaria. Sin embargo, para Laferriere, esta interpretación es errónea y “cercena un derecho humano básico”.
El abogado sostuvo que la condena restringe la libertad de movimiento, pero no anula la dignidad ni la identidad del individuo. En sus palabras: “Las personas privadas de la libertad tienen restringido su derecho a la libertad ambulatoria, pero ello no quita el ejercicio de los demás derechos que reconoce nuestra Constitución Nacional. Entre ellos, el derecho a la identidad personal, a su imagen y a su propia libertad de expresión”.
Para la defensa, el hecho de que el nombre de una persona sea utilizado para cometer delitos mientras cumple su condena atenta directamente contra el objetivo final de la pena, que es la reinserción social.
La negativa judicial dejó a Nahir Galarza en un limbo digital. Al no tener una cuenta oficial supervisada, la narrativa sobre su persona queda en manos de administradores anónimos de cuentas fake que, según la denuncia, buscan rédito económico.
La propuesta de la defensa incluía una cláusula de control estricto: la navegación y la gestión del perfil estarían supervisadas por personal del Servicio Penitenciario, limitando su uso exclusivamente a la ratificación de contenidos verdaderos y la desmentida de estafas. Sin embargo, la jurisprudencia actual en Entre Ríos parece no estar lista para integrar la gestión de la identidad digital como parte de los derechos de protección del interno.
Cronología
◆ El 29/12/2017 Fernando Pastorizzo es hallado muerto en Gualeguaychú con dos disparos.
◆ El 03/07/2018 Nahir es condenada a prisión perpetua, siendo la mujer más joven en recibir esta pena en el país.
◆ El 07/01/2022 Nahir acusa a su padre de ser el autor material del crimen de Fernando.
◆ 2024/ 2025. El estreno de su película biográfica dispara el interés digital y la creación de perfiles falsos.
