Esteban Lindor Alvarado (43) siguió la audiencia desde la sala de videoconferencia de la cárcel de Ezeiza, donde está recluido. El dinero que supo manejar para comprar voluntades y conseguir protección no le alcanzó para evitar una condena a prisión perpetua que se caía de maduro.
Desde que su nombre se hizo público, a fuerza de asesinatos, balaceras y extorsiones, el capo narco que más creció en Rosario quedó en la mira de la Justicia hasta convertirse en uno de los principales responsables del crimen organizado que disparó las estadísticas de muertes y violencia en la ciudad.
La condena contra Alvarado fue dictada por los jueces Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela, quienes lo declararon culpable por el “homicidio agravado en concurso premeditado de dos o más personas y en carácter de instigador” del prestamista Lucio Maldonado (37); y por los delitos de “amenazas coactivas”, “asociación ilícita” y “lavado de activos”.
Hasta 2013 el negocio narco de Rosario era controlado por cuatro bandas. Los Monos se ubicaban en el sur de la ciudad, con la familia Cantero como líder. Al norte, Los Pillines, que estarían vinculados a la barra brava de Rosario Central, y su cabecilla Pillín Bracamonte. En el centro la familia Alvarado y al oeste, Luis Medina.
Alvarado, apodado “Chuchino”, saltó a la fama delictiva en el año 2018, cuando Maldonado apareció asesinado en una casaquinta que estaba a nombre de sus hijos y con un cartel que decía “con la mafia no se jode”. Ese mismo mensaje apareció en edificios judiciales baleados pero también en otras escenas sangrientas, como en los crímenes de Brian Molina (22) y Dylan Valenti (18), ejecutados a tiros en octubre de 2021 en una calle de tierra, cerca de la empresa Clean City y el Parque Industrial de Pérez, en el límite oeste entre la ciudad de Rosario y la localidad de Pérez.
En la ciudad de Rosario tenía fama de intocable. Aparecía mencionado en varias investigaciones, pero hasta ese momento nunca habían podido hallar pruebas como para enviarlo a la cárcel. Con la detención de los principales miembros de Los Monos, su gente fue ganando terreno en el negocio narco rosarino.
No se trataba de un perejil ni mucho menos. Hasta 2016 Alvarado había estado preso en la cárcel de Urdapilleta, acusado de formar parte de una banda que robaba autos en la zona norte del conurbano bonaerense y los desguazaba en Rosario para comercializar sus autopartes. Lo habían condenado a siete años de prisión, pero no llegó a estar encerrado ni la mitad del tiempo de pena.
Cuando lo procesaron, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra -quienes también intervinieron en el juicio- entendieron que Alvarado era el “jefe de una asociación ilícita que funcionó al menos del 16 de junio de 2012 al 18 de octubre de 2019”.
Para los investigadores, Alvarado “dio instrucciones para la comisión de delitos y otros hechos ilícitos, que culminaron con los atentados contra el Centro de Justicia Penal, Tribunales Provinciales y la casa de una funcionaria del Ministerio Público Fiscal y el homicidio de Lucio Maldonado”. También le atribuyen "el secuestro de personas para que no generen problemas a otros miembros”.
Más condenados
Además de Maldonado, que deberá pagar una multa de 316.173.048 pesos, otros cuatro miembros de su banda recibieron perpetua: Mauricio Laferrara, Matías Ávila, Germán Fernández y Facundo Almada.
Laferrara, por ejemplo, fue declarado culpable no solo por el homicidio de Maldonado sino también por el de Cristian Enrique, secuestrado y asesinado a balazos el 13 de octubre de 2018.
La decisión del tribunal de condenar a Alvarado coincidió con el pedido de penas que habían formulado los fiscales del caso Schiappa Pietra y Edery. “Fue un fallo importante, es desde todo punto de vista muy destacable por la contundencia de la decisión de penas perpetuas y porque además se avanzó en materia de decomisos de inmuebles”, destacó Schiappa Pietra.
En el juicio, que comenzó en febrero pasado, declararon cerca de 130 testigos. Muchos de ellos pidieron custodia por temor a sufrir algún tipo de represalia de parte de la organización.
Mariana Ortigala, hermana de un ex miembro de la banda, celebró el fallo del tribunal pero al mismo tiempo reclamó que lo aíslen y no le permitan acceder a un teléfono celular. “No le va a importar matarme a mí o a un fiscal”, advirtió en la puerta del Centro de Justicia Penal de Rosario. “Es importantísimo que lo aíslen, porque está en un pabellón común con toda su banda, con teléfono celular las 24 horas, y la vida de nosotros corre peligro”, aseguró.
Ortigala fue una de las testigos importantes del juicio porque conocía a la banda desde adentro. Su hermano Rodrigo integró la organización criminal de Alvarado pero, tras engañarlo con su esposa, el jefe narco se quedó con una vivienda del joven y la relación se terminó.
Tras la primera declaración de su hermano, desconocidos atacaron a tiros su casa en la localidad de Roldán. La mujer reconoció que “el fallo la hizo “feliz” porque es lo que él –por Alvarado– merece, pero “lo que merecemos todos como sociedad es que lo aíslen”.
Subastaron los bienes de un capo narco, pero solo pudieron vender un campo
“Porque si sigue estando en un pabellón lleno de celulares –continuó la mujer– el problema es peor, porque una condena de por vida hace que pierda los parámetros de resguardo y no le va a importar nada matarme a mí, a un fiscal y a cualquiera”.
Carlos Argüelles, otro arrepentido y testigo clave en la instrucción y el juicio, no tuvo la suerte de Ortigala: fue asesinado en septiembre del año pasado.
Durante el juicio pasaron el video de su testimonio. Argüelles aseguró que Alvarado había enviado a matar a más de cien personas y entregó a la Justicia una lista con cuarenta nombres que el jefe narco presuntamente pretendía asesinar, algunos de los cuales murieron baleados.
