¿Manejaría un coche importado que perteneció a un capo narco? ¿Viviría en la casa que mandó a construir a su medida? Algunas de estas preguntas -y otras más- surgieron después del resultado de una millonaria subasta que se abrió en la ciudad de Santa Fe, donde se pusieron a la venta algunos de los bienes pertenecientes a Esteban Lindor Alvarado (42), un criminal que actualmente está siendo juzgado. Las autoridades especulaban recaudar más de 400 millones de pesos, pero solo obtuvieron 14 millones por la venta de un campo.
Alvarado está siendo juzgado en Rosario por dos casos de homicidios, atentados contra edificios judiciales, atentado contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cinco causas de lavado de activos.
El capital subastado del capo narco rosarino incluía su mansión del barrio Funes Hills San Marino, donde vivían los hijos de Alvarado y su pareja, Rosa Capuano, que se puso a la venta con un precio de base de 60.328.000 pesos. También otras tres propiedades ubicadas en Rosario, Funes y Roldán, y un campo de 10 hectáreas en Coronel Bogado, todas ellas a nombres de supuestos testaferros.
Los bienes pertenecientes a Alvarado fueron secuestrados en el marco de la causa que investiga a esta organización criminal, acusada por venta de droga pero también por ordenar varios homicidios, entre ellos el del financista Lucio Maldonado, asesinado en Rosario en noviembre de 2018.
La única operación que pudo concretarse fue la venta del campo de Coronel Bogado, que se subastó a 14.800.000 pesos, el precio base fijado por la autoridad competente. El campo había sido escriturado a un valor irrisorio: 1.900.000 pesos, cuando el valor fiscal catastral era tres veces mayor. Según la sentencia, se trataba de una operación de blanqueo de fondos procedentes del delito.
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El resultado de la subasta llamó la atención de las autoridades judiciales, sobre todo por la escasa cantidad de interesados. De los cien inscriptos, por ejemplo, apenas diez se presentaron, y el público en general presente no superó las treinta personas.
“No tomamos el hecho como un fracaso, pero lo sucedido nos obliga a buscar alternativas y a analizar también qué fue lo que pasó; tenemos que determinar si esta es la mejor manera de proceder con este tipo de bienes”, reconoció el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, en declaraciones al diario El Litoral.
Para el funcionario el desinterés en la subasta podría estar relacionado con “la simbología de lo que implica adquirir un bien que perteneció a un personaje como Alvarado”. “Nadie está a gusto ni se siente seguro con estas empresas criminales, que estén deambulando y poder utilizar esos bienes”, aseveró.
El gobierno santafesino había estimado que la recaudación podría superar los 400 millones de pesos. Las propiedades que entraron en la subasta se remataron por un valor total de 213 millones de pesos.
"Con la mafia no se jode"
El nombre de Alvarado se conoció en el año 2018, cuando el financista Lucio Maldonado apareció asesinado en una casaquinta que estaba a nombre de sus hijos y con un cartel que decía “con la mafia no se jode”.
Hasta 2016 Alvarado había estado detenido en la cárcel de Urdapilleta, acusado de formar parte de una banda que robaba autos en la zona norte del conurbano bonaerense y los desguazaba en Rosario para comercializar sus autopartes. Lo habían condenado a siete años de prisión, pero no llegó a estar encerrado ni la mitad del tiempo de pena. El 2 de febrero de 2019 volvió a caer preso, aunque ahora vinculado al crimen organizado y al asesinato del prestamista. Desde entonces permanece encerrado.
Para los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que dirigieron la investigación, Alvarado sería el “jefe de una asociación ilícita que funcionó al menos del 16 de junio de 2012 al 18 de octubre de 2019”.
De acuerdo con lo expuesto por los instructores de la Unidad de Gravedad Institucional de la Fiscalía Segunda Circunscripción de Rosario, Alvarado “dio instrucciones para la comisión de delitos y otros hechos ilícitos, que culminaron con los atentados contra el Centro de Justicia Penal, Tribunales Provinciales y la casa de una funcionaria del ministerio público fiscal y el homicidio de Lucio Maldonado".
También se sospecha que "secuestró a personas de su organización para que no generen problemas a otros miembros e intervino frente a personal policial responsables de la investigación judicial para que personas de la organización sorteen la persecución penal”.
LN cp
