Hugo Tomei, abogado de los diez rugbiers involucrados en el crimen de Fernando Báez Sosa (18) a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell el pasado 18 de enero, continúa enfrentándose con diferentes esferas del ámbito judicial y así como días atrás pidió que se aparte a la fiscal del caso, ahora denunció al defensor de la familia de víctima, Fernando Burlando, al considerar que cometió los delitos de “apología del crimen” e “intimidación pública”.
En un escrito presentado ante el juez de Garantías de la localidad balnearia, David Mancinelli, el profesional solicitó, además, la intervención del Colegio de Abogados para que evalúe la conducta ética profesional del letrado y que se lo intime a que cese ese tipo de manifestaciones contra sus clientes.
Tomei fundamentó sus planteos en declaraciones públicas realizadas por Burlando, en donde, según transcribió el abogado de los deportistas en su escrito, el representante de la familia Báez dijo en una oportunidad que le daban “ganas” de defender a los reclusos del penal de Dolores donde están alojados los imputados en caso de que estos les hicieran algo a los rugbiers.
“El nombrado profesional (Burlando) confirma el contenido de las futuras agresiones denunciadas cuando reitera en tres oportunidades que le dan ganas de defender a quien se disponga a matar a los imputados”, redactó el denunciante, y añadió que “el mensaje que envió a todos los ciudadanos, especialmente a los internos de las cárceles, debe entenderse fácilmente como un aval para todo aquel que quiera atentar contra la vida de los imputados, ocho detenidos y dos en libertad, quienes han sido denominados por el letrado desde sus primeras expresiones públicas en los medios de comunicación como ‘residuos escatológicos’, ‘asesinos’, ‘hijos de puta’, ‘mafiosos’, ‘cobardes’, ‘repugnantes’, etcétera”.
Bajo su visión, “Burlando no solo robusteció las denominaciones sustantivas que venía utilizando, sino que fue más lejos aún; afirmó que estaba dispuesto a defender a quienes los mataran”. Ante eso, consideró que el representante del particular damnificado debe ser investigado penalmente como presunto autor de los delitos de “intimidación pública” y “apología del crimen”. También le exigió al juez que lo intime para que cese en ese tipo de manifestaciones.
Revés. El pasado 26 de febrero, Tomei recibió un revés judicial cuando Mancinelli rechazó su recusación en la que reclamaba que se aparte de la causa a la fiscal Verónica Zamboni, quien fue ratificada en el cargo.
Los rugbiers detenidos se habían negado a declarar ante la funcionaria “porque no confían en ella” y luego su defensor la acusó penalmente de “no actuar con imparcialidad” durante la instrucción. En la presentación, el abogado intentó imputarle a Zamboni los presuntos delitos de “privación ilegítima de la libertad”, “falsedad de instrumento público” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y, además, solicitó la nulidad de una declaración testimonial de una rueda de reconocimiento y de las indagatorias de los acusados, y apeló a su vez el dictado de las prisiones preventivas.
