Los ocho rugbiers que están acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa (20), el estudiante de derecho que fue asesinado a golpes en la puerta de un boliche de Villa Gesell, deberán esperar un año más para ser juzgados. Por problemas de agenda, el tribunal asignado resolvió posponerlo hasta enero de 2023.
Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (20), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22) permanecen detenidos en la Alcaidía penitenciaria de Melchor Romero desde el 13 de marzo de 2020, cuando fueron trasladados de la cárcel de Dolores.
Los acusados, que enfrentan cargos por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, un delito que prevé una condena a prisión perpetua, están encerrados desde el día del crimen, el 18 de enero de 2020. Llevan más de 630 días detenidos y aislados del resto de la población carcelaria por una medida de seguridad.
De acuerdo con la elevación a juicio de la fiscal de instrucción Verónica Zamboni, Fernando fue asesinado “entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable Le Brique, ubicado en avenida 3 y paseo 102, pleno centro de Villa Gesell.
Para la fiscal, los ocho jóvenes “acordaron darle muerte” y para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.
La decisión de posponer el juicio hasta el 2 de enero de 2023 fue resuelta por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, los tres integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores.
“Este tribunal no posee en el próximo año y parte del siguiente (2023), disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión del presente, al menos sin desmedro de los derechos de otras personas –en su mayoría privadas de la libertad– que esperan la realización del juicio en cada caso”, argumentaron los magistrados en la resolución.
En otro tramo explicaron que el objetivo “no es alterar los otros procesos que están en trámite” y anunciaron que el juicio tendrá 22 jornadas, por lo que se estima que podría finalizar el martes 31 de enero de 2023.
“A los fines de no demorar este proceso, encontrándose solo disponibles los meses de enero (por su afectación al servicio de feria judicial) y de acuerdo a los requerimientos de las partes, consideramos ajustado a las necesidades de todos los intervinientes, atendiendo al principio de celeridad en respeto de las garantías procesales antes esgrimidas: a) fijar para la realización de juicio oral y público, veintidós (22) jornadas, que se llevarán a cabo a partir del lunes 2 de enero de 2023, de lunes a viernes”.
Aunque falta más de un año para el inicio, los jueces resolvieron que el debate se lleve a cabo en la sala de audiencias multifueros del Palacio de Tribunales de Dolores, ubicado en la calle Belgrano 141. En total, declararán más de 130 testigos, entre los que se encuentran amigos de los acusados y la víctima que presenciaron la pelea.
Otra novedad que anunciaron los magistrados tiene que ver con un pedido de las partes para realizar una instrucción suplementaria. El tribunal –finalmente– accedió al planteo y estableció un plazo de 120 días en los que podrán exigir medidas de prueba pendientes.
Los abogados que representan a la familia de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, al igual que Hugo Tomei, defensor de los acusados, no se mostraron de acuerdo con el aplazamiento del juicio. De hecho, sugirieron que el juicio arranque en los próximos meses –como se preveía– con dos audiencias por semana, pero el tribunal desestimó el pedido.
“No compartimos –dijeron los jueces– la propuesta tanto de los Particulares Damnificados como de la Defensa, en el sentido de realizar el juicio en dos jornadas semanales, toda vez que ello, en el caso de este tribunal y por lo dicho en el párrafo anterior, implicaría intercalar jornadas de este juicio con las de los demás que deben llevarse a cabo, lo que claramente afecta el principio de continuidad”.
En el juicio, además de establecer roles en el asesinato, se debatirán las responsabilidades penales por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando que se encontraban con él cuando fue asesinado.
Los planteos que vetó el TOC 1
R.P.
Entre los planteos que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de Dolores rechazaron, hay un pedido de la defensa de los rugbiers para que sean citados como testigos los fiscales de instrucción Verónica Zamboni y Walter Mércuri y la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi, a quienes el abogado Tomei quería interrogar por el modo en que se realizaron las indagatorias, algo que siempre cuestionó y que fue un motivo por el que llegó a pedir la nulidad de la causa.
“Los magistrados propuestos como testigos no han tomado conocimiento de los hechos en calidad de tales, sino –obviamente– por su condición de investigadores o de defensor. El conocimiento que de los hechos posean en consecuencia obedece a sus funciones”, explicaron los jueces en la resolución.
En cuanto a la querella, el TOC 1 rechazó por “impertinente” un planteo de Fernando Burlando y Fabián Améndola –los abogados que asisten a los padres de Fernando Báez Sosa– para que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informe si los rugbiers utilizan teléfonos celulares en su lugar de detención y se informen los números de abonados para hacer un análisis de llamadas entrantes y salientes.
