Todas las voces que hablaron hasta el momento respecto del episodio en el que efectivos de la Policía de Ciudad mataron de un tiro a Lucas González coinciden en que no hubo identificación ni voz de alto policial. Se trata de dos irregularidades que la Justicia deberá investigar y sobre las que ni el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, ni el jefe de la fuerza, Gabriel Berard, pudieron dar explicaciones. Dos cuestiones englobadas en otro gran interrogante que por el momento no tiene respuesta: ¿qué estaban haciendo los policías Gabriel Isassi, Fabián López y José Nievas?.
Las Brigadas de investigaciones, como la que integraban los tres policías involucrados en el asesinato del joven futbolista de Barracas Central, son un instrumento que está regulado y que existe en todas las provincias y en todo el mundo. Según dijo a PERFIL una fuente especializada en Seguridad, “lo que dice la ley es que están integradas por agentes de civil, es decir, con una apariencia común que les permite no ser identificados como policías. Está bien que existan, pero el problema es que hay quienes hacen investigaciones por fuera de la autorización de la Justicia”.
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Respecto de las intervenciones de dichas Brigadas, el experto indicó que “siempre debe haber una orden judicial que autorice desde un allanamiento hasta la detención de un vehículo o una persona”. En caso contrario, es delito.
Cuáles son las tareas de las Brigadas y qué pasa en la práctica
Hay quienes indican que la inteligencia fuera de control no debería existir y todo debería ser parte de la investigación judicial. Otra parte de la teoría sostiene que, según la fuente consultada, “podés estar haciendo un seguimiento con autorización y ver que la persona o el auto que seguís se mete en una casa. Ahí se termina la autorización y la Brigada tiene la obligación de no intervenir pero informarlo inmediatamente a la Justicia, que definirá si se autoriza o no un allanamiento”.
A propósito de ello, en uno de los audios de la comunicación policial del hecho, uno de los policías involucrados justificó el accionar al indicar que supuestamente los cuatro jóvenes que viajaban en el VW Surán estaban haciendo “maniobras evasivas”, mientras que en otro sostiene que “estábamos de entraderas” y “los quisimos identificar”.
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La prevención no está entre las tareas de las Brigadas y el hecho de haberlos detenido para identificarlos sólo se justificaría con una orden judicial a partir de “una patente incorporada en el expediente” de una causa. “Nunca se puede intervenir a una persona o un vehículo sin la orden salvo que haya un delito en flagrancia, que se comete frente de los efectivos”, agregó la fuente.
Además de la orden judicial, los efectivos de civil siempre se deben identificar ante las personas que abordan. “Tienen que tener su chaleco antibalas reglamentario y explicar quiénes son”, apuntó otra fuente.
El vehículo en el que iban los policías
Como se sabe, los efectivos involucrados en el asesinato de Lucas González circulaban de civil a bordo de un Nissan Tiida sin identificación a simple vista y que tampoco se habría identificado con una sirena móvil visible al entrar en contacto con los adolescentes. Se especula con que el auto era de uno de los agentes. De hecho los informes de dominio tienen su código de uso registrado como "particular", y este medio pudo saber que tiene 11 multas impagas que superan los $214.600.
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De acuerdo a la información del Gobierno de la Ciudad, el dominio IIZ786 tiene pendientes de pago siete multas por exceso de velocidad de las cuales cinco fueron realizados en 2020 y dos este año. La mayoría de ellas fueron registradas por el equipo de fotomultas de la calle Galván 3640, en Villa Urquiza, y por otro ubicado en Newbery 4733, en Chacarita. También tiene una multa por circular en exceso de velocidad en la Autopista 25 de Mayo y por hacerlo en vías prohibidas en el Paseo del Bajo.
Sin embargo, las multas no terminan ahí. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, el vehículo también debe una cuantiosa cantidad de dinero por otros siete episodios de "Incumplimiento de identificación de conductor". Se trata de controles en los que los agentes de tránsito no pudieron verificar quién era la persona que conducía el vehículo ante la imposibilidad de acceder a documentos como la licencia de conducir o la cédula verde.
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Respecto de la titularidad, el auto no sería de la flota de la Policía de la Ciudad: uno de los efectivos involucrados en el asesinato de Lucas González lo habría puesto a disposición para el operativo.
Según la fuente consultada, todos los vehículos policiales estén o no identificados “deben ser de propiedad de la Policía de la Ciudad, de la Bonaerense o de la Federal”. Sin embargo, en la práctica “a veces pasa que no hay suficientes autos no identificables por falta de recursos y se usan vehículos particulares. Eso no está bien, deberían ser de la institución siempre”.
“Todas las semanas vemos hechos como este”
Para María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), lejos está el caso Lucas de ser un hecho aislado.
“Otro más. Este tiene particular relevancia porque no todos los días la víctima es un pibe que juega en un club como Barracas Central manejado por un ‘Chiqui’ Tapia que tiene el teléfono de todos los periodistas para llamarlos y contarles lo que pasó. Como este episodio, todos las semanas hay como mínimo dos o tres”, sostuvo en declaraciones a PERFIL.
A su vez, dijo que si bien las Brigadas tienen tareas formales, “en la práctica esos policías son los que salen a la calle a recaudar su cuota, a extorsionar a los comerciantes para que contraten adicionales y si se niegan a la semana va alguien y les roba”, arriesga Verdú.
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“Según el Ministerio de Seguridad, el 66% de las muertes en manos de efectivos de las fuerzas fueron perpetradas por policías de civil o fuera de servicio. Me pregunto por qué el ministro dijo que en este caso puntual estaban haciendo tareas de prevención. ¿Prevenir qué? ¿Qué prevenís con un tiro en la cabeza a un pibe de 17 años que no estaba haciendo nada? Ponele que se hubieran robado el auto, tampoco se lo tenía que reprimir de esa manera”, completó.
La investigación de los hechos
Hasta el momento, los policías identificados son tres: el inspector general Gabriel Isassi, que fue ascendido a ese cargo el 1° de enero de 2019 por una resolución del entonces vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y tiene una denuncia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por un allanamiento irregular en una de las casas de la familia en Santa Cruz; el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas.
Tras la declaración de incompetencia por parte del juez de Menores Alejandro Cilleruelo, el expediente que investiga el asesinato del adolescente recayó en el Fuero Penal. Serán el juez Martín Carlos del Viso y el fiscal Leonel Gómez Barbella quienes deberán llevar adelante la pesquisa y establecer respuestas para un caso repleto de incógnitas.
Mientras tanto, la Policía Federal avanza en las pericias a partir de los rastros tomados en el lugar del hecho y de los elementos secuestrados como armas, vainas y proyectiles.
