Preocupación oficial por amenazas narco a dos fiscales federales
Federico Carniel y Carlos Amad recibieron mensajes intimidatorios por su actuación en el juicio que condenó a los integrantes de una peligrosa banda
que enviaba cocaína a Europa desde Chaco.
“No vamos a permitir que la Argentina sea una tierra de fiscales amenazados y narcotraficantes libres y con poder”, advirtió este miércoles la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en vísperas de Nochebuena. La funcionaria pronunció estas palabras durante una reunión que mantuvo con Carlos Amad y Federico Carniel, los fiscales federales que fueron intimidados por su actuación en Carbón Blanco, la causa que desbarató una organización responsable del envío de mil kilos de cocaína de Chaco a Europa camuflada en cargamentos de carbón vegetal.
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Incluso y pese a que sus integrantes fueron condenados, en la actualidad, la Procunar, el organismo comandado por el fiscal Diego Iglesias, trabaja en vinculaciones de la organización narcocriminal con otros cinco contrabandos ejecutados entre 2005 y 2012.
Antes de encontrarse con la titular de Seguridad, Amad y Carniel habían pasado por el despacho de la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien repudió las intimidaciones, manifestó su respaldo y puso a disposición todos los recursos de la Procuración General de la Nación para que los fiscales puedan continuar con su tarea en la zona más crítica en materia de narcotráfico.
Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que, si bien los funcionarios judiciales ya habían sido amenazados durante el juicio, esta vez los autores de los mensajes llegaron más lejos y lograron ingresar a sus despachos, lo que provocó mayor inquietud y preocupación en el Gobierno y el Ministerio Público Fiscal.
Según pudo saber este diario, en la reunión entre Bullrich y los fiscales amenazados, en la que participaron el titular de la Procunar, el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios, Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané; y los subsecretarios de Lucha Contra el Narcotráfico, Martín Verrier; y de Investigación del Delito Organizado y Complejo, Juan Patricio Furlong, se habló sobre la gravedad institucional que representan estas amenazas narco para el resto del Poder Judicial y fuerzas de seguridad que investigan bandas narcocriminales.
En junio, Amad encontró en el parabrisas de su automóvil estacionado frente a la fiscalía de Resistencia una nota con texto: “Mal momento elegiste para volver vos y tu amigo Carniel no la van a pasar nada bien. Los estamos observando. Escuchando. Sabemos todo ojo. Zurdos de porquería”. El juicio terminó en septiembre, pero las intimidaciones continúan.
El sábado pasado, Carniel halló en el teclado de la computadora el mensaje: “Cuidate mucho y cuida mucho a tu familia ya nos generaste muchos problemas la van a pasar muy mal”. Lo mismo ocurrió con Amad días más tarde: “Cagón te mandaron lejos pero igual la vas a pasar mal, en Salta tenemos amigos, cuidate mucho y cuida a tu familia”.
El funcionario, que se desempeña en esa ciudad del norte argentino, encontró la nota intimidatoria cuando salía de la fiscalía, ubicada dentro de los tribunales de Salta, junto a su secretaria. “Ella pisa un papel y lo levanta”, contó Amad sobre la forma en que hallaron la amenaza. La oficina no tiene acceso al público.
Las intimidaciones también pusieron en alerta a otros organismos. “La seguridad personal de los magistrados y funcionarios que enfrentan la delicada y peligrosa tarea de combatir la criminalidad organizada debe ser resguardada y garantizada, en tanto de ello depende la posibilidad misma de la eficacia de ese imprescindible combate contra el delito. Por ello tales amenazas deben encontrar como eco una reprobación generalizada y el cerramiento en torno a la defensa y resguardo de los magistrados y funcionarios, quienes deben permanecer firmes en su sendero de investigación y punición del delito, pero sin que ello les implique el sacrificio de su propia vida o la de sus seres queridos”, expresó en un comunicado el Consejo de Abogados y Procuradores de Chaco.
Amad y Carniel ya contaban con custodia personal que esta semana fue reforzada por el ministerio dirigido por Patricia Bullrich.
Mientras tanto, intentarán determinar el origen de las amenazas y hallar a los responsables, una tarea difícil por la metodología utilizada.
Funcionarios intimidados en Chaco y Santa Fe
Federico Carniel y Carlos Amad no son los únicos funcionarios que fueron amenazados por narcos. En marzo de este año, se conocieron escuchas en las que el abogado Carlos Salvatore, sindicado jefe de la organización que traficaba cocaína a Europa desde Chaco, amenazaba a la jueza federal Zunilda Niremperger, a cargo de la instruccón del caso. “Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes... no me importa, no me importa, yo pago este homicidio, lo pago a este homicidio, pero ella se muere”.
En Rosario, la jueza Alejandra Rodenas, que investigó homicidios vinculados a integrantes de la banda de Los Monos, recibió varias amenazas. “Los temores existen, sería muy torpe no reconocer cuáles son mis límites y tampoco tengo una actitud heroica. Aquí no hay lugar para superjueces porque esto es una tarea colectiva”, dijo a PERFIL en julio luego de procesar a Máximo Ariel Cantero, presunto jerarca narco de la temida banda rosarina.
También recibieron amenazas el juez Juan Carlos Vienna y el fiscal Guillermo Camporini en marzo de 2014, luego de procesar a 36 presuntos miembros de Los Monos. En esa oportunidad, Camporini advirtió a la prensa: “Esto no es algo contra el doctor Vienna o contra mí, sino que atenta contra la institución Poder Judicial. Intentan que los jueces y fiscales tengan temor en avanzar sobre este tipo de organizaciones criminales”.
Los jefes de Carbón Blanco
En septiembre de este año, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a 21 años de prisión al abogado Carlos Salvatore, sindicado líder de la banda; 19 años al empresario futbolístico Patricio Gorosito (64), 17 años al comerciante Héctor Roberto (61) y al intermediario Héctor Pérez Parga (60) y 12 años a Rubén Félix Esquivel (56), capataz de la planta de carbón vegetal de la localidad chaqueña de Quitilipi, desde donde salió la carga en la que se ocultó más de una tonelada de cocaína, de una pureza del 80%, con destino a España y Portugal.
En sus alegatos, los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad habían pedido condenas de 25 años de prisión para todos los imputados como miembros de la banda responsable del envío, entre noviembre de 2011 y marzo de 2012.
Gorosito, número dos de la organización, pasó sólo dos meses en prisión: en noviembre fue beneficiado con arresto domiciliario “por problemas de salud”. La decisión de los jueces Eduardo Ariel Belforte y Ramón Luis González fue resistida por Amad, Carniel y la Procunar, que solicitaron que fuera enviado a un hospital penitenciario.
