Con una alarmante estadística en ascenso durante los últimos tres años, las investigaciones a personal de la Policía Bonaerense por temas vinculados a enriquecimiento ilícito no se detienen y suman nuevos casos. De acuerdo con fuentes oficiales, se duplicaron prácticamente las causas entre 2018 y lo que va de 2019 pero, como si fuese poco, los integrantes de dicha fuerza se vieron involucrados en otros gravísimos hechos, por los que fueron separados de sus cargos o directamente encarcelados.
Con sueldos mensuales que oscilan entre los $ 50 mil y los $ 100 mil, varios comisarios lograron adquirir con el paso del tiempo lujosas propiedades y vehículos, cuyos valores en el mercado son de difícil acceso. Héctor Paz –comisario inspector con más de 33 años de antigüedad en la Bonaerense– aseguró en su declaración jurada ser dueño de un departamento dentro de un complejo de Pinamar valuado, según sus dichos, en medio millón de pesos. Cifra que no coincide con la estipulada por las inmobiliarias de la zona: 100 mil dólares ($ 4.300.000).
Además, cuenta con una vivienda en San Justo cotizada en $ 1.389.000 y con cuatro autos a su nombre –dos de ellos no declarados–, mientras que su esposa admitió tener una empresa de transporte de cargas en La Matanza, con una flota de siete camiones y seis semirremolques, que en conjunto saldrían $ 10.700.000. Con un salario de $ 74 mil se le hace difícil explicar las adquisiciones.
Este caso es tan solo uno más de los analizados por la Auditoría General de Asuntos Internos, cuyas fuentes reseñaron que hubo cien investigaciones en 2016, 513 en 2017, 536 un año después y 900 hasta septiembre de este 2019. Números que exponen el constante crecimiento en apenas tres años, pero que también esconden una realidad poco divulgada: “Acabamos de exonerar a un comisario general por enriquecimiento ilícito, luego de tres años de sumario. Pero, ya sabiendo que estábamos por firmarle la exoneración, replicó con una denuncia. Está muy complicado el tema de los patrimonios”, confió un calificado vocero a PERFIL.
Desde 2016 los jefes están obligados a presentar una declaración patrimonial ante la Escribanía General de Gobierno. En marzo de este año se amplió a jerarquías más bajas, por lo que más de 40 mil integrantes (sobre un total de 90 mil ) deben justificar sus bienes.
En el ojo de la tormenta. No solo de los enriquecimientos ilícitos deben preocuparse en la cúpula Bonaerense, sino de la cantidad de hechos delictivos en los que sus numerarios se ven involucrados. Si bien la cantidad de policías exonerados mermó en el período 2016-2019 (los 1.193 cesanteados en 2018 pasaron a 455 hasta el 31 de agosto de este año) en los últimos meses los agentes de esa fuerza protagonizaron un sinnúmero de casos. Sin ir más lejos, un enfrentamiento contra la Federal dejó un comisario de la DDI Avellaneda muerto, en un complejo entramado de hechos de coimas y corrupción, mientras que en agosto cayeron dos miembros de Infantería (uno cumpliendo funciones en La Plata y el otro de Ciudadela) luego de haber intentado robar en una financiera del barrio platense de La Cumbre, donde al menos uno de ellos ya había cometido un ilícito similar tiempo atrás.
Tras el último incidente, donde fueron capturados un subcomisario de la DDI Moreno y un capitán de la Bonaerense por cometer entraderas, mucho se habló de los controles por los que debe pasar un ciudadano común para formar parte de la cúpula policial y portar un arma de fuego. En diálogo con PERFIL, un comisario de dilatada trayectoria contó los pormenores que se viven puertas adentro, donde nada es un mundo color de rosas. “La Policía no es una elite, cambió la generación. Hoy, si no tenés antecedentes y querés formar parte, pasás las pruebas y entrás. Así, muchos delincuentes que robaron y tuvieron la fortuna de no caer presos pueden hacer el curso y ser agentes”. Acerca de la corta y polémica duración del curso explicó que “siempre fue así, antes duraba dos meses y te daban el arma. Ahora se extendió. La diferencia es que en el pasado se hacían buenos estudios socioambientales mientras que en la actualidad se lo toma como un trabajo y entra cualquiera”.
Hasta el 31 de agosto de este año, se iniciaron 6.953 sumarios, que arrojaron 1.351 oficiales apartados, 455 exonerados y 153 detenidos. El 56% fue por hechos de corrupción, el 15% por violencia de género y/o familiar, el 12% por violencia institucional, el 10% por irregularidades graves en dependencias y el 7% por otros motivos.
Uno de los problemas es que, ya dentro de la fuerza, no hay controles de rutina. “Una vez que entrás, ya no se hacen más estudios. Alguien puede tener problemas psiquiátricos y seguir trabajando hasta que haga algo malo”, reveló la fuente, y determinó que “debería haber controles de todo tipo pero para todos, del primero al último, porque nuestra función es insalubre: trabajamos más de 12 horas por día y podés llegar a 20”. Añadió que “no hay contención para aquellos que pasaron por un hecho traumático, y eso tiene mucho que ver en las malas decisiones que después pueden tomar”. Para esas personas, en su opinión, “correspondería sacarles el arma porque no sabés cómo van a reaccionar”, aunque aclaró que “el escalafón hay que dejárselo para no terminar perjudicándolo”.
El contraataque de los implicados
“El horno no está para bollos”, le contaron a este medio desde Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, donde admitieron que hay nuevos comisarios que fueron denunciados y exonerados por poseer un capital mayor al que deberían, sin poder justificarlo, pero se excusaron de brindar nombres y detalles debido a los contraataques de los denunciados.
En ese sentido, en los últimos días un ex comisario de esa fuerza desplazado por enriquecimiento ilícito, Néstor Martín, denunció a Guillermo Berra, titular de Asuntos Internos, por los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento del deber”, lo que motivó el martes un allanamiento a las oficinas del organismo, ubicadas en pleno centro de la ciudad de La Plata, por pedido de la fiscal Cecilia Corfield y tras la autorización del juez de Garantías, Federico Atencio.
Allí se secuestró documentación relacionada a investigaciones ilegales, una de las cuales fue directamente contra Silvia Langone, fiscal del Departamento Judicial de La Plata, y varios miembros de su familia.
“La investigaron por orden de Berra de manera encubierta y a través, también, de escuchas telefónicas no autorizadas por la Justicia”, dijo un vocero.
