Julieta Makintach fue destituida como jueza esta martes, luego de que un jurado de Enjuiciamiento fallara en su contra de manera unánime por el escándalo del documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. De esta manera, la ahora ex magistrada perdió sus fueros y deberá enfrentar la causa penal que se tramita en la Fiscalía Nº 1 de San Isidro y que por el momento se encontraba frenada.
El jury en su contra se centró en su desempeño como jueza en el proceso en el que siete profesionales de la salud están imputados por "homicidio simple con dolo eventual" contra el exfutbolista. "Tenía que ver con su alejamiento de los valores que uno espera de un magistrado, del comportamiento que debe sostener", expresó al cierre del debate Guillermina Soria, presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro, una de las partes que impulsó el juicio político.
Ya sin la limitación que representan los fueros, la Justicia avanzará en la causa en su contra por "cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios". El expediente está en manos de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, que hasta el momento no habían podido citar a Makintach a indagatoria.
Según la hipótesis fiscal, la ex titular del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº2 "promovió y participó personalmente" en el proyecto audiovisual que iba a llamarse Justicia Divina, utilizando recursos públicos para fines privados, como las filmaciones realizadas dentro de los tribunales sanisidrenses. La motivación sería la intención de percibir un beneficio económico, ya sea por la inversión de una productora que comprara la idea para desarrollarla o regalías por su imagen.
El freno en la labor de los representantes del Ministerio Público Fiscal se dio además porque la imputada los recusó por presuntas "irregularidades procesales" tras pedir su desafuero luego de considerar que ya existían pruebas suficientes para hacerlo. Su exclusión en el caso se definirá en las próximas horas, donde se resolverá si los fiscales seguirán o no adelante en el expediente.
Entre los procedimientos que faltan realizar están las pericias a las computadoras y otros dispositivos electrónicos obtenidos después de los allanamientos a otros implicados en el "escándalo del documental": María Lía Vidal, amiga de la ex jueza y quien le transmitió la idea del proyecto, el escritor Juan Manuel D'Emilio y el dueño de la productora implicada, Juan Arnal.
Los delitos por los que se acusa a Makintach tienen una pena de entre 1 y 6 años de prisión como máximo (cohecho pasivo) e incluyen otros tipos de sanciones como multas e inhabiitaciones especiales. Como la ex funcionaria judicial no tiene antecedentes penales, es probable que si llega a ser hallada culpable no sea de cumplimiento efectivo. De todas formas, esta situación podría cambiar si se confirmaran todos en concurso real.
La destitución de Julieta Makintach
El escándalo por Justicia Divina, serie documental que comenzó a filmarse antes, durante y sobre el juicio del Caso Maradona, estalló a fines de mayo cuando se conocieron imágenes de Makintach, a quien se podía ver mientras manejaba su auto hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, en el partido de la Zona Norte bonaerense, y cuando caminaba por los pasillos y subía las escaleras del edificio.
A su vez, ofreció una entrevista en su despacho sobre el caso y tomó algunos expedientes con sus manos. También fue filmada en el recinto donde se llevaban a cabo las audiencias, tras el ingreso irregular de un equipo de grabación, en las que votó a favor de la expulsión del abogado Rodolfo Baqué -defensor de una de las imputadas- y la detención del ex jefe de seguridad de Maradona, Julio César Coria. Estas, junto a otras pruebas, son las que ofreció el fiscal Patricio Ferrari para pedir su recusación.
La magistrada luego fue suspendida y finalmente sometida a un jury. El Jurado de Enjuiciamiento la destituyó por unanimidad y también la inhabilitó de por vida para ejercer cargos en el Poder Judicial. Durante el proceso Makintach aseguró que sus colegas del TOC Nº3, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, sabían sobre el ingreso de la cámara para filmar el documental, por lo que ya se solicitó que también enfrenten un juicio político.
FP/LT
