Ordenaron que el Servicio Penitenciario reciba a presos detenidos en comisarías y alcaidías porteñas
La magistrada expresó que esos detenidos deben pasar a la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La comisaría desde donde se fugaron los cuatro sujetos. |
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La Justicia porteña le ordenó al Gobierno nacional que se haga cargo de las personas que están detenidas en comisarías y alcaidías porteñas. La medida judicial sostiene que los detenidos y detenidas en esas dependencias deben ser trasladados a dispositivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Se trata de una decisión que tomó la jueza en lo Penal de la ciudad de Buenos Aires, Carla Cavaliere, en el marco de un hábeas corpus en el que se había fijado un sistema de ingreso vía cupos que nunca se cumplió.
En la disposición, a la que accedió PERFIL, la magistrada dispuso el traslado de forma paulatina a las unidades del SPF de todas aquellas personas condenadas que estén alojadas en las Alcaidías y Comisarías de la Policía de la Ciudad. Ello siempre que cumplan con los requisitos de ingreso al Servicio. Puso como fecha límite el 31 de julio de 2023 para la desocupación total de los internos condenados de las dependencias porteñas.
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La decisión se tomó a partir de un caso de habeas corpus colectivo impuesto por la Defensoría General de la ciudad y la Defensoría Adjunta en materia Penal, Contravencional y de Faltas, vinculado a las condiciones de detención de las personas que se hallan a disposición de tribunales locales.
En su primera resolución, el 6 de julio de 2020, la magistrada dispuso la conformación de una “Mesa de Aproximación de los actores del sistema”.
Los objetivos fueron dos: desalojar de las Comisarías de la ciudad a las personas detenidas en cualquier situación y, por otro lado, que la detención en las Alcaidías "se cumpla en la forma en la que venía realizándose antes de la pandemia, evitando la permanencia en ellas de personas privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva".
La intervención judicial
La magistrada expresó que esos detenidos deben pasar a la órbita del SPF.
El plazo del cumplimiento de la sentencia fue prorrogado y un año después la jueza rechazó un planteo de la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós. La funcionaria había presentado un pedido para que se tenga por ejecutada la sentencia y se declare cumplido el cronograma de ingresos a partir de que el flujo de personas provenientes de dependencias porteñas había superado "con creces" el número de ingresos a los que aspiraba dicho cronograma.
Todas las resoluciones de primera instancia fueron confirmadas por la Cámara de Apelaciones y el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Sin embargo, el rechazo al planteo de Garrigós fue apelado ante la Corte Suprema, a la espera de una definición.
Más adelante, Cavaliere firmó una nueva resolución en la que dispuso que todas las mujeres cis y trans alojadas en las dependencias porteñas con situación procesal resulta ingresen al SPF. Ese punto también fue apelado.
La última sentencia
En la última sentencia, fechada el 25 de abril, la magistrada también requirió al SPF que presente en la Mesa de Aproximación una propuesta para el incremento de cupos de ingreso al sistema penitenciario federal. La propuesta debe tender a alcanzar el número de entre 130 y 140 internos por semana.
Asimismo, en el plazo de 30 días hábiles, también debe presentar una propuesta que acerque una solución para el otorgamiento de cupos de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con violencia de género o por cualquier otra situación "que requiera cupos especiales".
Una vez que estén formuladas las propuestas de trabajo, la Mesa de Aproximación deberá proyectar un nuevo cronograma que contemple una fecha límite para la desocupación de las Comisarías y una fecha límite para la desocupación de Alcaidías.
En términos generales, esa última resolución fue motivada en una serie de audiencias que tuvo la Mesa de trabajo y en una propuesta de la defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños, de ser amigable componedora en la articulación del proceso que mantiene enfrentados al Gobierno de la ciudad y al Gobierno nacional.
