Con 42 legisladores presentes para iniciar la sesión especial impulsada por la oposición, y en medio de críticas del oficialismo, familiares y organizaciones sociales protestan este mediodía frente al Congreso para pedir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El pedido también se replica con medidas de fuerza en Córdoba, Mendoza, Tucumán y Rosario.
Los presentes recibieron el apoyo de dirigentes del Frente de Izquierda, entre ellos la actriz Valentina Bassi, que contó las dificultades con su hijo discapacitado. “Hoy se juega el futuro de mi hijo. Estamos acá las mamás, los papás y los prestadores. La ley de emergencia tiene que salir”, aseguró. También señaló que “los senadores deben entender que detrás de sus decisiones hay familias que la están pasando muy mal”.
La actriz advirtió que “la discapacidad está en emergencia desde hace tiempo” y que actualmente están en riesgo de cierre las escuelas, los hogares y las instituciones que asisten a personas con discapacidad. Denunció que “las personas discapacitadas pierden apoyos, las medicaciones no llegan y las obras sociales no autorizan tratamientos”. “No puede depender del bolsillo de cada familia, es un derecho”, concluyó en diálogo con TN.
Qué busca la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad es un proyecto legislativo presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas clave como la salud, la educación, el trabajo y la protección social.
Aprobada en Diputados con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, la iniciativa fue girada al Senado, donde es tratada este jueves. La propuesta había obtenido dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda antes de llegar al recinto, e incluye medidas como las siguientes:
-
Garantizar y actualizar el financiamiento de pensiones: busca asegurar que las pensiones por discapacidad cuenten con respaldo económico sostenido, y propone revisar los criterios de acceso y permanencia en el sistema.
-
Regularizar deudas y ajustar aranceles: propone saldar los pagos pendientes a prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, declarado de interés público nacional.
-
Fortalecer la gestión del Estado: plantea modernizar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para detectar fallas y mejorar la asignación de recursos.
-
Exigir transparencia en la ejecución: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente cómo se utiliza el presupuesto y qué políticas se aplican durante el período de emergencia.
-
Otorgar compensaciones económicas: contempla pagos extraordinarios para prestadores de servicios y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
-
Reformar el Certificado Único de Discapacidad (CUD): se busca actualizar el proceso de certificación, considerando no solo el aspecto físico, sino también lo mental, intelectual, sensorial y social, en coordinación con el Consejo Federal de Discapacidad.
-
Sostener talleres y centros de día: asigna fondos específicos y compensaciones para garantizar el funcionamiento de talleres protegidos y centros de atención diurna.
-
Cumplir con el cupo laboral: refuerza la obligación del Estado de respetar el cupo del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Si se aprueba, la ley deberá ser reglamentada dentro de los 30 días posteriores a su sanción.
MV / Gi
