A pesar de que en el Gobierno reina el pesimismo respecto a las posibilidades de que el Senado apruebe el pliego de Roberto Carlés como juez de la Corte Suprema, existe una firme decisión de realizar igualmente la sesión del miércoles próximo para así victimizarse y abrir las puertas para un plan B.
Para que Carlés suceda a Eugenio Zaffaroni en el máximo tribunal, necesita el voto de dos tercios de los presentes. Hoy el oficialismo no tiene ese número, aunque fuentes del kirchnerismo aseguran que sigue abierta la negociación con sectores del peronismo disidente, donde a su vez rechazan la posibilidad de cambiar su voto o ausentarse (para que el número necesario sea más bajo).
En ese contexto, el bloque que comanda Miguel Pichetto tiene dos opciones: bajar igual a la sesión aunque sepa que pierda o, por el contrario, levantar el pliego para evitar la derrota. Situación similar se vivió en 2012, cuando Daniel Reposo renunció a su candidatura como procurador general pocos días antes de la sesión. En su lugar fue nominada Alejandra Gils Carbó.
En los doce años que lleva el kirchnerismo en el poder, apenas una sola vez perdió una votación en el Senado: en el famoso voto “no positivo” con el que Julio Cobos hizo caer la Resolución 125, que generó el conflicto con el campo en 2008.
Esta vez la lectura sería distinta a la de Reposo. Tres fuentes del kirchnerismo ratificaron que la decisión “hasta el momento” es bajar a la sesión. “Eso abriría la puerta a otras alternativas”, explicó una legisladora. “Como no nos dejan designar a quien elegimos, debemos explorar otros caminos”, añadió.
Entre esos caminos, el que suena con más fuerza es el de votar una ampliación de los miembros de la Corte de cinco a nueve. El problema es que fue la propia Cristina Kirchner la que en su momento impulsó la modificación inversa. En el oficialismo creen que perder en el recinto serviría como argumento para justificar la voltereta.
Ese proyecto necesitaría apenas mayoría simple para aprobarse, número con el que cuenta el oficialismo. Y en ese caso habría que designar a cinco nuevos jueces, lo que permitiría entablar negociaciones con otras fuerzas. Además, hay quienes sospechan que mientras tanto el Gobierno ocuparía esos lugares con los conjueces que se aprobaron el año pasado, la mayoría alineados con el Gobierno.
