El histórico apagón que dejó a oscuras a todo el país el domingo 16 de junio puso todas las miradas en el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Días después, aunque antes de brindar explicaciones ante el Senado por el black- out, el funcionario nacional fue denunciado por el diputado Rodolfo Tailhade por condonar deudas a las empresas eléctricas Edenor y Edesur.
La causa fue caratulada como "malversación de fondos públicos" y ahora el fiscal Franco Picardi pidió "impulsar la acción penal" ya que consideró que hay pruebas suficientes para "profundizar la investigación". Por los hechos, el fiscal solicitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti el requerimiento de instrucción para la causa.
Según la denuncia, Lopetegui es acusado por un acuerdo con las empresas para no pagar unos $ 35 mil millones que supuestamente debía de multas, lo que representaría devoluciones aproximadas de $ 7 mil por usuario.
Si bien la reglamentación vigente establece que las sanciones por deficiencias en la calidad del servicio podrían ser destinadas por las empresas concesionarias a la ejecución de inversiones, siempre y cuando hubieran registrado indicadores de calidad superiores a los índices de referencia media. En caso contrario, el dinero correspondiente a las multas impuestas debían ser abonadas a través de créditos a favor de los usuarios.
No obstante, según surge de la presentación que dio origen a esta causa, en los últimos 15 años, Edenor sólo habría cumplido con los parámetros de calidad en dos semestres (uno de 2006 y otro de 2007); en tanto que, Edesur lo habría hecho únicamente en un semestre (de 2006).
Asimismo, la denuncia también cuestiona la deuda admitida por el Gobierno que sería de $ 7 mil millones, lo que significaría reintegros de alrededor de $ 1.200 por usuario. Según la denuncia, la deuda actualizada es de $ 35.000 millones.
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Además de Lopetegui, la denuncia también meciona al secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación, Juan Antonio Garade, al que se lo acusa por haber ostentado cargos como alto ejecutivo de las empresas Edenor y Edesur. En ese sentido, el fiscal pidió a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Garade para "establecer eventuales incompatibilidades en sus funciones públicas actuales".
Consultados por PERFIL, desde la Secretaría de Energía prefirieron no hacer ningún comentario sobre la denuncia y el pedido del fiscal Picardi. Sin embargo, recordaron que en mayo el Gobierno Nacional traspasó la jurisdicción de Edenor y Edesur a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, llegando a un acuerdo con las distribuidoras para saldar las deudas cruzadas entre el Estado y las compañías.
"El traspaso no tendrá costos para el Estado nacional ya que compensará estas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales, con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante CAMMESA, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta. Por encima de estas compensaciones, Edesur deberá pagar $3.858 millones al Estado Nacional", señala el comunicado.
ED CP
