¿Abrieron las puertas para despenalizar el aborto?

La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley la adhesión de la Argentina al Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.

El texto, que fue sancionado la semana pasada por el Senado, incluye recomendaciones para reafirmar la defensa en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

El proyecto, aprobado por 116 votos contra 30 y 3 abstenciones, fue cuestionado por las fuerzas de centroderecha, que plantearon sus dudas en torno del artículo 10 y 12 que, según sostuvieron, abren la posibilidad de que se introduzca, "en forma solapada, la cuestión del aborto". Una advertencia en ese sentido ya había sido formulada públicamente por sectores conservadores de la Iglesia.

A través del protocolo, denominado CEDAW por sus siglas en inglés, se instruye a los estados que adhieran sobre la necesidad de respetar derechos humanos y todas las libertades fundamentales, así como la adopción de medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos.

A favor y en contra. El protocolo aprobado anoche tomó impulso en la Cámara de Diputados a causa de las iniciativas de las diputadas kirchneristas Juliana Di Tullio (FV-Buenos Aires) y Juliana Marino (FV-Capital), pertenecientes a la UCR una y al ARI la otra, excluye, en su polémico artículo 17, la posibilidad de efectuar reservas a su ratificación y crea una comisión de seguimiento, que, aunque es asesora, permite la presentación de denuncias a personas o a grupos de ellas cuando entiendan violados los derechos que tutela la convención. Sectores políticos y religiosos señalaron que esta posibilidad de denuncia implicaría posteriores prácticas abortivas.

Este documento se refiere a "la salud reproductiva" y del derecho de la mujer "a disponer de su propio cuerpo", interpretado por los opositores al proyecto como alusiones que liberarían el camino hacia la despenalización del aborto.

La postura de la centroderecha fue expresada en el recinto por el diputado de Fuerza Republicana por Tucumán Roberto Lix Klett, quien rechazó el texto y sostuvo que "sería lamentable" la sanción de la iniciativa, al advertir que "introduce solapadamente el aborto". "Esto es un cachetazo para toda la sociedad", atacó.

A través de esta iniciativa, por otro lado, se establece que los estados parte reconocerán la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las denuncias presentadas por los países que hayan adherido a este protocolo.

Esas acusaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se ubiquen bajo la jurisdicción del estado parte y que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos enunciados en la Convención.

Si recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un estado parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese país a colaborar en el examen de la información y, a tales efectos, presentar observaciones sobre dicha información. El Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que realice una investigación y presente con carácter urgente un informe a dicha instancia.

Por último, cada país se compromete a dar a conocer ampliamente la convención y el presente Protocolo y a difundir sus objetivos, así como facilitar el acceso a información acerca de las opiniones y recomendaciones del Comité.

Fuente: Télam